Cuando la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, dijo aquello de que "quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio" saltaron todas las alarmas. Daba la sensación de un ultimátum por parte de la formación que sigue liderando desde Waterloo Carles Puigdemont, pero nada más lejos de la realidad. El expresident mantiene sus reuniones en Ginebra con mediación internacional en la que, en el otro interlocutor, lo único que ha cambiado es Santos Cerdán por el expresidente Rodríguez Zapatero y el que fue número dos de la secretaría de organización, el diputado Juan Francisco Serrano. Y allí se mantienen las negociaciones y el seguimiento de los acuerdos de investidura. En estos momentos, los independentistas catalanes centran sus exigencias en dos asuntos, el traspaso de las competencias en materia de inmigración y la apertura de una investigación sobre la actividad parapolicial contra el soberanismo, centrada en el “caso Pegasus” y la operación Catalunya. Pendientes quedan la oficialidad del catalán como lengua europea, que Madrid sigue presionando a Bruselas para lograrla, y, sobre todo, la amnistía que está pendiente de la resolución de los recursos de amparo en el Tribunal Constitucional.
Aunque parezca mentira, para Carles Puigdemont, el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez sigue centrándose en su vuelta a Catalunya “por la puerta grande” como dicen en Waterloo. Los amagos de oposición se van a mantener hasta que la corte de garantías no se pronuncie sobre la amnistía para los independentistas. De sobra es conocido que todo dependerá de la doctrina que el Constitucional sentencie sobre si la ley orgánica que regula la medida de gracia es aplicable en lo que se refiere al delito de malversación que, el Supremo dice, cometieron los dirigentes del procès. Los medios jurídicos están pendientes de la sentencia que, al respecto, debe dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El abogado general, una figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico, pero de vital importancia para los jueces de Estrasburgo, va a pronunciarse el próximo mes de noviembre y, a partir de ahí, los magistrados sentenciarán.
La corte española de garantías tiene previsto resolver los recursos de amparo para primeros del año que viene, una vez conozcan la resolución del TJUE sobre todo en lo que afecta a los fondos europeos, es decir, si la malversación influyó en las subvenciones procedentes de la UE. Mientras eso ocurre, Puigdemont ha dejado claro a la otra parte que mantendrá una política de “palo y zanahoria”. En otras palabras, que seguirán amagando tal y como está haciendo Miriam Nogueras en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo. Pero de ahí a apoyar una moción de censura de Feijóo, tal y como apunta la derecha, media un abismo.
Las posturas de ese “dialogo permanente” que mantienen las delegaciones están muy distantes. En el entorno de la derecha soberanista mantienen exigencias imposibles de cumplir como es la de la creación de un órgano de gobierno de los jueces para Catalunya, independiente del Consejo General del Poder Judicial, que colapsaría con la Carta Magna. En cuanto a la creación de una agencia tributaria su posición sigue siendo la de siempre: Catalunya debe tener una fiscalidad propia, como tienen en Euskadi y Navarra, un concierto donde se negocie la aportación que deben hacer al Estado para contribuir a los gastos generales. Al entorno de Puigdemont se les ha explicado, por activa y por pasiva, la imposibilidad técnica de sacar adelante esta propuesta porque la Agencia Tributaria de Catalunya no cuenta con una estructura capaz de hacerse cargo de una gestión tan compleja como es la de la totalidad de los impuestos. A cambio, se les ofrece lo que llama “financiación singular” una fórmula con la que los independentistas no están de acuerdo.
A Junts le ocurre lo que al PP a nivel nacional con Vox. A la formación le preocupa un posible “sorpasso” electoral de la extrema derecha, la Aliança Catalana de Silvia Orriols. Pero el análisis del entorno de Puigdemont, a pesar de los cambios en la situación política, sigue siendo el de la investidura. Una moción de censura o un adelanto electoral que derribe al gobierno progresista generaría una situación política mucho peor que la actual. Sobre todo por el efecto dominó en las instituciones. La derecha independentista es consciente de que se producirían importantes cambios que afectarían a la situación personal de sus dirigentes.
De todos es conocido que a finales de año se llevará a cabo una renovación del Tribunal Constitucional. Entre los jueces que concluyen mandato está Cándido Conde Pumpido. Si se modifica el panorama político se produciría un giro radical en la correlación de fuerzas de la corte de garantías que podría suponer el aplazamiento de sentencias como la de los recursos de amparo, incluso una resolución contraria. Porque a Carles Puigdemont le han convencido de que el TC fallará a favor de aplicar la LOA íntegramente y eso permitiría a sus abogados exigir la suspensión de la orden de captura que pesa sobre él, en primer lugar, y regresar a Catalunya, tomar posesión de su acta de diputado en el Parlament, y ejercer la acción política que viene perfilando desde que tuvo que huir de este país.
Por lo tanto, a Puigdemont y los suyos no les interesa un cambio de poder en estos momentos. Es mucho más sencillo seguir aplicando el “rodillo parlamentario”, votar en contra de las leyes que no les interesan. Y, mientras tanto, seguir reuniéndose en Ginebra bajo los auspicios del mediador internacional, el diplomático Francisco Galindo, porque es la mejor manera de mejorar la imagen del independentismo catalán. Si rompen la baraja, todo ese trabajo llevado a cabo en los últimos tres años, no habría servido para nada. Y no están las cosas en Catalunya como para permitirse semejante estrategia.