La general Loreto Gutiérrez compare ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con el fin de exponer el alcance real de la “desconexión militar” con Israel, así como explicar estrategias ante migración irregular, apagones o contratos con empresa china en fibra pública. Es una pieza clave en la narrativa del Ejecutivo para mostrar que sus medidas contra el conflicto en Gaza no son solo simbólicas.
El núcleo de la desconexión: promesas y tensiones técnicas
A lo largo de estos meses, el Ejecutivo ha defendido que ha puesto en marcha un plan para eliminar toda dependencia militar con Israel. La idea consiste en cancelar contratos, no renovar licencias y sustituir sistemas fabricados o mantenidos por compañías israelíes, sin debilitamiento operativo de las Fuerzas Armadas.
El problema es que esas relaciones no eran lineales. En muchos casos estaban integradas en cadenas de suministro globales. Elementos de sistemas de defensa contienen componentes dispersos, algunos con origen israelí o bajo licencias tecnológicas difíciles de sustituir de inmediato. Por eso, varios expertos advirtieron que la desconexión total implicaría demoras tecnológicas en programas de armamento y modernización. En ese punto, el discurso técnico compite con la urgencia política.
El Gobierno ha anulado contratos por más de mil millones de euros vinculados a empresas israelíes y ha desvinculado líneas de mantenimiento de sistemas ya en uso. Pero esas decisiones generan disrupciones operativas que el Ministerio de Defensa admite abiertamente; la ministra Robles ha dicho que “producirá retrasos” en algunos programas clave. Esa tensión será, sin duda, central en el interrogatorio parlamentario.
Flujos migratorios y la construcción de amenazas
La comparecencia también abordará la inclusión de los flujos migratorios irregulares como “tercera mayor amenaza” en el Informe de Seguridad Nacional de 2024. Esa catalogación —que mezcla derechos humanos y seguridad— representa un salto discursivo: ya no se trata solo de gestionar llegadas, sino de situarlas en el marco de un riesgo para la estabilidad.
Así se revela un patrón: muchos gobiernos han preferido mover el foco hacia el control y la vigilancia, alimentando el miedo con cifras alarmistas sin matices. En ese contexto, la general Gutiérrez deberá explicar qué criterios técnicos respaldan esa consideración de migración como amenaza y qué medidas derivan de ello en términos de políticas de frontera, cooperación internacional y respeto a derechos.
Huawei, apagones y contratos estratégicos
Otro eje duro de la comparecencia será la contratación de fibra óptica con Huawei en ámbitos institucionales, un tema que suma tecnología, seguridad cibernética y geopolítica. El Gobierno sostiene que esos contratos no implican acceso a datos: que son “cajas pasivas” destinadas al almacenamiento, sin conexión ni gestión de los datos mismos. Pero la explicación técnica deberá convivir con el escepticismo público que asocia Huawei a riesgos de espionaje e interferencia.
Y el apagón del 28 de abril queda también bajo la mesa. Las preguntas serán cuántas lecciones se extrajeron, qué vulnerabilidades se identificaron, si hubo negligencias o fallos estructurales, y qué cambios técnicos se impulsaron para que aquella interrupción no se repita. No bastarán los comunicados oficiales: se exigirá concreción operativa.
La comparecencia de hoy no será solo trámite: será una prueba de fuego. El Gobierno pretende mostrar que no basta con hablar de sanciones a Israel: debe demostrar que ha roto vínculos técnicos, que puede manejar crisis estructurales nacionales y que su narrativa no es solo simbólica. Lo decisivo será cuánto de ese discurso se sostenga cuando los expertos escarben los contratos, los plazos de desconexión y las consecuencias operativas. Allí estará la credibilidad real.