El Ministerio de Igualdad presentará en diciembre un estudio que pone nombre a una realidad apenas explorada: el “sexilio”, la marcha forzada de mujeres de sus lugares de residencia por discriminación, rechazo o violencia. El fenómeno, extendido sobre todo en zonas rurales, revela hasta qué punto determinados entornos pueden volverse inhabitables para quienes no encajan en códigos sociales estrechos y jerárquicos. La secretaria de Estado para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, avanzó el trabajo en el Congreso en un momento en el que el Ejecutivo intenta reforzar mecanismos institucionales frente a un clima político que, lejos de amainar, endurece su retórica contra los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+.
Un fenómeno conocido por los servicios sociales, ignorado en el debate público
La expresión “sexilio” no es nueva en la literatura académica internacional, pero en España ha permanecido relegada a los márgenes del análisis institucional. Igualdad la recupera ahora con el propósito de dotarla de datos y contexto político. El estudio —concebido para medir desplazamientos internos por motivos de discriminación y violencia— permitirá situar en primera línea un problema que los servicios sociales detectan desde hace años, especialmente en municipios pequeños donde las normas comunitarias actúan como mecanismo de control.
Guijarro habló de “abandono de residencia”, pero en su explicación resonó otra idea: el exilio interior que obliga a muchas mujeres a desaparecer de su entorno para sobrevivir, sin que esa huida active mecanismos de protección efectiva. Nada de esto es nuevo para asociaciones rurales, que han documentado casos de mujeres que han renunciado a su tierra para escapar de la presión social, la vigilancia vecinal o el aislamiento impuesto por redes locales muy cohesionadas.
La secretaria de Estado añadió otro elemento: el fortalecimiento de discursos que, sin nombrar directamente a las mujeres afectadas, legitiman la sospecha constante, la estigmatización por orientación sexual o identidad de género y la criminalización de la diferencia. Según advirtió, la presión ha crecido “exponencialmente”, con especial virulencia en ámbitos donde el retroceso de servicios públicos ha dejado a muchas mujeres sin apoyos alternativos.
Discursos de odio y brechas territoriales: la conexión que Igualdad no oculta
Guijarro no evitó el diagnóstico político. Señaló, sin ambages, la responsabilidad de la extrema derecha en el endurecimiento del clima social, con discursos que alimentan la idea de que la igualdad es un privilegio y no un derecho. El incremento de agresiones verbales, acoso y señalamiento por origen racial o étnico —añadió— se entiende mejor cuando se observa cómo ciertos mensajes han ocupado espacios institucionales antes impermeables a la desinformación organizada.
El estudio sobre el “sexilio” se inserta en ese marco. Igualdad asume que no se trata solo de registrar situaciones individuales, sino de interpretar ese desplazamiento forzado como síntoma de una desigualdad territorial profunda. No es lo mismo vivir en una gran ciudad, con redes de apoyo y recursos especializados, que en zonas donde el cierre de servicios, la dependencia económica y la presión comunitaria dibujan un ecosistema difícil para quienes se apartan de la norma dominante.
En este punto, el Ministerio vincula el “sexilio” con otros procesos previos: desde el abandono educativo temprano de jóvenes LGTBI+ hasta la salida de mujeres de empleos locales donde la discriminación se ha normalizado. El mensaje de la secretaría de Estado es claro: cuando no existen garantías institucionales, quien se marcha no lo hace por elección, sino por supervivencia.
La Autoridad Independiente de Igualdad de Trato avanza: pendiente el estatuto
El estudio coincide con otra pieza que Igualdad quiere cerrar antes de fin de año: el estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, prevista en la Ley 15/2022. Guijarro confirmó que el Ministerio ultima su configuración interna, un órgano que debe actuar como garante frente a vulneraciones que, por su naturaleza, se escapan del radar administrativo habitual.
La intención es que ese organismo funcione como mecanismo de supervisión y de reparación, con capacidad para intervenir en casos donde la discriminación no se ajusta a categorías tradicionales. Se espera que el estatuto clarifique estructura, competencias, régimen sancionador y autonomía operativa, aspectos esenciales para evitar que la Autoridad quede reducida a un órgano simbólico.
La creación de esta entidad se ha retrasado más de lo previsto, en parte por la necesidad de consensuar criterios técnicos con otras administraciones. Pero en Igualdad hay conciencia de que, sin esa arquitectura institucional, cualquier avance legal queda en papel mojado. De ahí el empeño en presentar el estatuto antes de concluir el año político.
Un reconocimiento pendiente: las mujeres del Patronato
Guijarro anunció además un acto de reconocimiento a las mujeres que pasaron por el antiguo Patronato de Protección a la Mujer, el organismo que durante décadas actuó como instrumento de control moral y social, imponiendo internamientos arbitrarios y un régimen disciplinario que marcó a generaciones enteras. Igualdad quiere simbolizar con ese homenaje la necesidad de reparar violencias históricas que, aunque ya no formen parte del marco jurídico, mantienen ecos en la cultura institucional.
Ese acto, aún sin fecha exacta, se suma a la agenda de un Ministerio que intenta mantener el ritmo en un contexto político fragmentado, donde cada avance legislativo requiere negociar la legitimidad misma de las políticas de igualdad. El estudio del “sexilio” —por su carga conceptual y su capacidad de abrir debates incómodos— será, previsiblemente, uno de los asuntos más comentados cuando llegue diciembre.