Un análisis global publicado originalmente en The Lancet Global Health, Volumen 13, 2025 vincula los vetos económicos unilaterales, principalmente de Estados Unidos y Europa, con un fuerte aumento de muertes, sobre todo en la infancia, y pide reformar con urgencia esta herramientavincula los vetos económicos unilaterales con un fuerte aumento de muertes, sobre todo en la infancia, y pide reformar con urgencia esta herramienta
Las sanciones suenan a diplomacia “dura pero limpia”: un castigo económico que evita las bombas y presiona a gobiernos para cambiar de rumbo. Sin embargo, una nueva investigación internacional pone cifras a su cara más oscura: lejos de ser inocuas, las sanciones económicas —y especialmente las que un país impone por su cuenta— se asocian con un aumento significativo de la mortalidad en los países objetivo, con un impacto desproporcionado en niños y niñas menores de cinco años.
El estudio, que examina 152 países a lo largo de cinco décadas (1971–2021), cruza datos de episodios de sanciones con tasas de mortalidad por edades. Para reducir sesgos, utiliza varias técnicas que ayudan a separar correlación de causalidad y rastrear qué sucede antes y después de cada sanción. La conclusión que se repite en los distintos métodos es clara: cuando se activa un régimen de sanciones unilaterales centrado en la economía —comercio, finanzas, acceso a divisas—, la probabilidad de morir aumenta, y lo hace más cuanto más tiempo duran las restricciones.
Qué se ha analizado (y por qué importa)
Los autores distinguen tres grandes grupos: sanciones unilaterales (decididas por un país), sanciones económicas frente a no económicas (por ejemplo, restricciones de viaje o de armas) y sanciones enmarcadas por la ONU. La comparación permite ver qué tipo de medida tiene efectos más nocivos sobre la salud pública.
La imagen que emerge es contundente: las sanciones económicas y, dentro de ellas, las unilaterales, son las que muestran un vínculo más sólido con el incremento de muertes. El golpe no se reparte por igual: la mortalidad infantil concentra más de la mitad del total de fallecimientos atribuibles, seguida del grupo de mayores de 60 a 80 años. Entre medias, adolescentes y adultos también sufren un deterioro medible, aunque algo menor.
Los datos clave sin tecnicismos
-
Quién sanciona importa. Las medidas unilaterales emitidas por grandes potencias financieras tienen más capacidad de bloquear pagos, frenar importaciones esenciales y encarecer medicamentos y alimentos.
-
Qué se sanciona también. Las restricciones que afectan a comercio y finanzas abren grietas en la cadena que sostiene la salud pública: menos ingresos públicos, menos suministros médicos, más trabas para ONG y agencias humanitarias.
-
El tiempo agrava el daño. En los primeros tres años ya se nota un repunte de muertes infantiles; a partir del séptimo año, el efecto es aún mayor.
-
La ONU, diferente. Para los regímenes bajo paraguas del Consejo de Seguridad no se observa una evidencia estadística clara de aumento de la mortalidad. Es posible que el diseño, la supervisión y las exenciones humanitarias limiten su impacto, aunque los autores piden cautela: ausencia de prueba no es prueba de ausencia.
Cómo se traduce en vidas
Con las estimaciones en la mano, el trabajo calcula un orden de magnitud: alrededor de 564.000 muertes adicionales al año asociadas a sanciones unilaterales en la última década analizada. Es un volumen comparable al coste humano total de algunas guerras, pero sin explosiones en portada ni partes de bajas diarios. Son fallecimientos dispersos en muchos países, invisibles a primera vista, pero estadísticamente reales.
La discusión no es solo técnica; es moral. Si una herramienta pensada para castigar a élites gobernantes termina dañando sobre todo a bebés y personas mayores, ¿es legítimo seguir usándola del mismo modo? Desde una perspectiva de derechos, la respuesta apunta a la contención: cuando una política aumenta las muertes, el listón para aplicarla debe elevarse. Desde una visión utilitarista, la pregunta es si los objetivos políticos declarados —paz, democracia, derechos humanos— se alcanzan realmente y si el peaje humano lo justifica.
Qué recomiendan los autores
No proponen abolir cualquier sanción en bloque, pero sí repensar su diseño con tres criterios prácticos:
-
Restringir el uso de sanciones unilaterales económicas y, cuando sean inevitables, acotarlas en el tiempo y someterlas a auditorías periódicas de impacto humanitario.
-
Blindar exenciones humanitarias reales, con canales financieros operativos para medicinas, equipos médicos y alimentos, supervisados por terceros independientes.
-
Transparencia y evaluación pública, con indicadores sanitarios por edades y mecanismos para suspender de inmediato cualquier medida que dispare la mortalidad.
Las sanciones no son un gesto simbólico: alteran la economía cotidiana de los países y, en demasiados casos, cuestan vidas. El hallazgo más incómodo del estudio es también el más útil: ahora hay una base cuantitativa para exigir que cada sanción se piense como si fuera una intervención sanitaria, con prueba de daño, medidas de mitigación y control externo. Si de verdad buscamos políticas coherentes con la protección de la vida, el diseño de las sanciones debe pasar ese examen, cada vez y sin atajos.