La Inteligencia Artificial no es ya una cuestión de ciencia ficción, sino de soberanía y supervivencia institucional. Durante la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en la India, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado posicionar a España no solo como un adoptante entusiasta, sino como el arquitecto moral de un nuevo orden digital. Su mensaje fue nítido: el progreso sin ética no es más que una ruta acelerada hacia el fracaso democrático.
La tesis de Sánchez descansa sobre una premisa de humanismo tecnológico. Para el presidente del Gobierno, la IA posee un potencial "sin precedentes" para expandir el bienestar, pero advierte que las salvaguardias actuales son apenas diques de arena ante un tsunami. La preocupación central no es el código en sí, sino su propiedad. El riesgo de una concentración extrema de poder en manos de un puñado de gigantes tecnológicos amenaza con desplazar el interés general en favor de agendas privadas opacas.
Doble respuesta
La estrategia propuesta por España para mitigar estos riesgos es bifronte. En el plano doméstico, el Gobierno saca pecho de su Carta de Derechos Digitales y de la creación de la primera agencia supervisora de IA en suelo europeo, hitos que le han valido el reconocimiento de la OCDE como líder en administración pública digital. Sin embargo, Sánchez es consciente de que un algoritmo no reconoce fronteras.
Por ello, el llamamiento hacia una gobernanza global liderada por la ONU es el eje de su doctrina exterior. Al aplaudir la creación del Panel de Expertos de Naciones Unidas, cuya reunión inaugural aspira a acoger España, el Ejecutivo busca institucionalizar la vigilancia sobre la IA. El temor al desplazamiento masivo de puestos de trabajo, que según estimaciones oficiales podría afectar al 50 % de los roles administrativos básicos, exige una respuesta que ningún Estado puede articular en solitario.
Ética del algoritmo
La ambición de España por ocupar la vanguardia tecnológica no se limita a la burocracia eficiente. La reciente cumbre sobre IA Responsable en el Ámbito Militar, celebrada en suelo español, subraya una realidad incómoda: la tecnología de combate autónoma ha llegado para quedarse. Aquí, el desafío es asegurar que el uso de algoritmos en el campo de batalla cumpla estrictamente con el derecho internacional. La apuesta es por una "soberanía tecnológica" que no renuncie a la seguridad, pero que se niegue a ceder el control humano sobre las decisiones de vida o muerte.
Silicon Valley contra la Moncloa
Este esfuerzo regulador ha colocado a Sánchez en una trayectoria de colisión directa con los barones de Silicon Valley, personificada en su agrio enfrentamiento con Elon Musk. El propietario de X ha escalado su retórica, calificando al presidente español con epítetos que rozan lo incendiario tras las medidas de Madrid para exigir responsabilidad editorial a las redes sociales y restringir el acceso a menores.
Sánchez, lejos de retroceder, ha calificado las respuestas de Musk como "zafias y amenazantes". El fondo de la disputa es ideológico y sistémico. La reciente petición al Ministerio Fiscal para investigar a plataformas como X, Meta y TikTok por la difusión de pornografía infantil generada por IA eleva el tono de una batalla que ya no es solo dialéctica, sino judicial.
En última instancia, la posición de España en el sexto lugar mundial en competitividad de IA es un activo que el Gobierno pretende canjear por influencia política. El objetivo es una IA que sea "segura, transparente y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible". En este gran tablero geopolítico, Madrid ha elegido su bando: el de la regulación estricta bajo el paraguas multilateral, desafiando la máxima de Silicon Valley de "moverse rápido y romper cosas". Para Sánchez, si lo que se rompe es la democracia, el precio de la innovación es sencillamente inasumible.