La salida del abogado que representaba a Manos Limpias en la causa contra Begoña Gómez no es un trámite procesal. Es la confirmación de que el procedimiento se había convertido en un instrumento político incapaz de mantener la apariencia de rigor jurídico que pretendía invocar. La renuncia revela la naturaleza del caso: un intento de trasladar al ámbito judicial un conflicto político que no encontró recorrido en la esfera parlamentaria.
El escrito de renuncia de Carlos Perales es inusualmente explícito para un abogado en ejercicio. Reconoce que el encargo había dejado de ser jurídico para convertirse en un producto político y mediático, donde las decisiones procesales se guiaban por la conveniencia pública y no por la consistencia argumental. En ese punto, la renuncia adquiere dimensión institucional: cuando un abogado admite que la causa que dirige se ha transformado en un mecanismo partidista, el proceso pierde su legitimidad más elemental. La independencia técnica no es una fórmula retórica; es la base que permite distinguir el ejercicio jurídico del activismo político.
Si un abogado entiende que la estrategia del cliente no está alineada con el Derecho, su obligación es retirarse. Lo extraordinario es que en esta ocasión lo haga dejando por escrito el motivo: el caso se estaba gestionando con lógica de agitación política, no con criterios de responsabilidad jurídica. Manos Limpias pierde, así, la cobertura que buscaba para presentar la causa como una iniciativa ciudadana fundamentada en hechos contrastables. La renuncia deja a la vista lo que había detrás: un procedimiento construido más para erosionar a una figura próxima al presidente del Gobierno que para probar una conducta ilícita.
Un procedimiento que nació con fragilidad y terminó sin sustento técnico
Desde su origen, el caso presentaba inconsistencias: dependía de indicios débiles, interpretaciones maximalistas y una construcción narrativa diseñada para amplificar sospechas, no para acreditar hechos. El núcleo de la denuncia se apoyaba en la supuesta influencia de Begoña Gómez en decisiones empresariales, sin aportar pruebas que conectaran esa influencia con actos jurídicamente relevantes.
La instrucción avanzó sin resultados concluyentes y con una presión mediática desproporcionada respecto a los indicios reales. En ese desequilibrio, el proceso acabó atrapado: demasiada exposición para tan poca base. Perales Rey señala precisamente ese problema: la causa había dejado de ser un asunto jurídico para convertirse en un relato político que exigía al abogado un papel para el que la abogacía no está concebida. El abogado no puede sustituir al activista. Y el procedimiento judicial no puede convertirse en un escenario diseñado para generar titulares.
El uso político de los tribunales y su impacto en la credibilidad institucional
El caso de Begoña Gómez es un ejemplo más de una tendencia que se ha intensificado en los últimos años: la utilización de denuncias sin recorrido sólido para construir marcos narrativos que permitan erosionar la reputación de adversarios políticos. En esta lógica, la apertura de diligencias preliminares se convierte en prueba de culpabilidad. Y la mera existencia de un procedimiento permite extender sospechas durante meses, aunque no exista una base consistente para sostenerlo.
La renuncia del abogado evidencia que esa estrategia tiene límites. Cuando el proceso se convierte en un espectáculo político, los profesionales que deben sostenerlo empiezan a retirarse. Y eso revela la distancia entre lo que ciertos colectivos pretenden y lo que el Estado de Derecho exige: los tribunales no pueden funcionar como un altavoz para campañas de desgaste.
El riesgo de normalizar esta práctica es evidente: se erosiona la confianza en el sistema y se convierte el procedimiento judicial en arma arrojadiza, una lógica peligrosa para cualquier democracia que aspire a preservar la objetividad institucional.
Un caso que se desinfla sin necesidad de grandes gestos
La renuncia no resuelve el procedimiento, pero sí altera su percepción pública. El mensaje es claro: si quien debía sostener la estructura jurídica considera que la causa está contaminada por intereses ajenos al Derecho, la solidez del caso se debilita de manera irreversible.
Lo que queda ahora es un proceso con menos credibilidad, menos soporte técnico y más dudas sobre su origen y propósito real. Una causa que, lejos de consolidarse, parece avanzar hacia la irrelevancia procesal, aunque el ruido político pretenda evitarlo. La renuncia del abogado no cierra el caso. Pero marca su punto de inflexión. Y deja claro que hay procedimientos que, por mucho que se intenten vestir de legalidad, terminan mostrando la naturaleza política que los impulsó.