La estrategia judicial impulsada por Hazte Oír contra José Luis Rodríguez Zapatero ha chocado esta semana con un obstáculo decisivo: la propia reformulación del relato acusatorio estadounidense sobre Venezuela. La rectificación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al rebajar la entidad del denominado “Cartel de los Soles” hasta presentarlo como una expresión informal sin estructura criminal verificable, erosiona el núcleo probatorio sobre el que se construía la denuncia.
Cuando el relato sustituye a los hechos
La querella presentada por la asociación ultraconservadora reproduce un patrón ya conocido: convertir hipótesis políticas en imputaciones penales. Tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal son acusaciones de enorme gravedad que, sin embargo, descansan más en recortes de prensa y construcciones narrativas que en indicios jurídicamente consistentes. No es la primera vez que la figura del expresidente socialista es llevada a los tribunales bajo premisas de este tipo; tampoco es la primera que esas iniciativas naufragan al contrastarse con los estándares mínimos de prueba.
El elemento diferencial en esta ocasión es el contexto internacional. Durante años, determinados sectores han dado por sentada la existencia del llamado “Cartel de los Soles” como una organización criminal jerarquizada, con liderazgo definido y vínculos probados con el narcotráfico. Esa premisa permitía extender la sospecha a cualquier actor que hubiera mantenido interlocución política con el Gobierno venezolano. El cambio introducido ahora por Washington —al describirlo como un sistema clientelar difuso o una cultura de corrupción, no como una estructura criminal identificable— altera de raíz ese marco.
Desde el punto de vista técnico, la diferencia es sustancial. No es lo mismo imputar colaboración con una organización criminal concreta que señalar la existencia de prácticas corruptas generalizadas en un Estado. Lo primero exige delimitación, jerarquía y permanencia; lo segundo describe un contexto, no un ente penalmente imputable. Al desaparecer la organización como sujeto reconocible, se desvanece también la acusación de pertenencia o colaboración necesaria.
El uso político del derecho penal
La querella de Hazte Oír se inscribe en una dinámica de judicialización del adversario político que ha encontrado en los tribunales extranjeros un terreno propicio para amplificar acusaciones que no prosperan en el ámbito interno. El hecho de que se presente en Estados Unidos no es casual: busca dotar de una apariencia de neutralidad internacional a una ofensiva ideológica de largo recorrido.
Sin embargo, el derecho penal —también el transnacional— es particularmente resistente a este tipo de operaciones cuando no hay hechos verificables detrás. La propia evolución de los escritos de acusación estadounidenses contra Nicolás Maduro, con una reducción drástica de las referencias al “Cartel de los Soles”, refleja la dificultad de sostener jurídicamente una construcción que nunca ha sido avalada por los principales organismos internacionales de control de drogas ni por evaluaciones técnicas independientes.
En ese contexto, intentar vincular a Zapatero como supuesto miembro o beneficiario de una organización cuya existencia formal se pone ahora en duda roza el vacío probatorio. No basta con insinuar proximidad política ni con cuestionar labores de mediación internacional para construir una imputación penal creíble.
Un ajuste de cuentas que no encuentra juez
La corrección introducida por el Departamento de Justicia estadounidense no equivale a una absolución política de Maduro ni a una validación de su gestión. Pero sí tiene un efecto colateral claro: desmonta uno de los pilares sobre los que se apoyan acusaciones colaterales como la promovida contra el expresidente español.
El caso ilustra una tensión recurrente entre política y derecho. Cuando el primero intenta instrumentalizar al segundo sin asumir sus reglas, el resultado suele ser un expediente frágil, condenado a diluirse en cuanto cambia el viento institucional. La querella de Hazte Oír contra Zapatero parece encaminarse, una vez más, a ese desenlace silencioso que no genera titulares, pero sí deja constancia de los límites del activismo judicial cuando se separa de los hechos.