¡Que vienen los rusos!

Desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha construido un régimen de sanciones contra Rusia; y otro, estrechamente relacionado, respecto de Bielorrusia, que ya no afecta únicamente a oligarcas, bancos o material militar. Las restricciones alcanzan a tecnología, productos industriales, software, servicios profesionales, transporte, energía, financiación, criptoactivos y determinados bienes de consumo.

Esto sitúa en primera línea a fabricantes, distribuidores, bancos, asesores, ingenierías, empresas tecnológicas, transportistas y comercios. Todos pueden participar, incluso sin saberlo, en una operación prohibida o en un mecanismo de elusión. La cuestión ya no consiste únicamente en identificar a quien compra, sino en averiguar quién controla realmente la operación, qué se suministra, cómo se paga, por dónde circula y dónde acabará.

En la comedia de Norman Jewison, unos marineros soviéticos provocaban una crisis tan aparatosa como absurda al desembarcar en un pequeño pueblo costero. Hoy basta una orden de componentes con destino dudoso para que media empresa grite «¡alarma!» y la otra archive un pasaporte y dé el expediente por resuelto. Ambas reacciones son cómodas y jurídicamente pobres. También bastante teatrales, por cierto.

El problema no son los rusos ni los bielorrusos. Es administrar un régimen de sanciones sobre personas designadas, propiedad y control, productos, tecnología, rutas, pagos, usuarios finales y elusión como si todo se resolviera mirando una nacionalidad. No puede. Tampoco acumulando fotocopias hasta que el expediente sustituya a la lógica.

No es el pasaporte. Es el flujo

La nacionalidad rusa o bielorrusa de una persona —o del administrador o titular real de una sociedad— no prohíbe por sí sola contratar. Un ciudadano ruso puede residir legítimamente en un tercer Estado, operar con fondos no inmovilizados y adquirir bienes o servicios permitidos. Pero una residencia exterior, otra nacionalidad o una sociedad interpuesta tampoco neutralizan automáticamente el riesgo.

Cada operación exige identificar la norma aplicable, comprobar si intervienen personas o entidades designadas, analizar propiedad y control, clasificar lo suministrado, seguir el pago y localizar destinatario, usuario y uso finales.

El pasaporte responde, con suerte, a una pregunta. La operación plantea muchas más. Quien archiva documentos sin comprobar si cuentan una historia coherente no practica diligencia debida: practica coleccionismo administrativo.

El microchip viaja mejor que el expediente

Las sanciones europeas apuntan especialmente a la capacidad industrial, tecnológica y financiera que sostiene una economía de guerra. Semiconductores, sensores, circuitos integrados, máquinas-herramienta, componentes aeronáuticos, piezas para drones o determinados programas informáticos pueden ser perfectamente civiles en un catálogo y decisivos sobre el terreno.

Por eso no basta con escribir «pieza industrial» o «equipo informático» en una factura. Hay que conocer el producto, sus especificaciones, su clasificación aduanera, sus prestaciones y su posible utilización. Cambiar el destinatario de la factura no cambia la naturaleza del componente ni a su verdadero usuario final.

La tecnología, además, cruza fronteras sin palé. Un plano remitido por correo, una licencia descargada, el acceso a una aplicación en la nube, una actualización, el mantenimiento remoto o la asistencia para instalar un equipo pueden constituir suministro de tecnología, software, asistencia técnica o servicios relacionados.

Que Aduanas no pueda pesar un archivo no lo vuelve jurídicamente ingrávido. El microchip no adquiere nacionalidad kazaja por hacer escala, ni el software deja de ser europeo porque la contraseña llegue por WhatsApp.

Lo invisible también se sanciona

Una transferencia tampoco se analiza únicamente por el nombre del ordenante. Pagos efectuados por terceros sin relación aparente, cuentas situadas en países ajenos al comprador y al destino, fraccionamientos, sobreprecios, reembolsos a cuentas diferentes o criptoactivos sin explicación económica constituyen señales que deben investigarse.

No demuestran por sí solos una infracción. Pero vuelven bastante cómica la frase «el banco lo ha aceptado, luego estará bien». El banco controla su riesgo; no certifica el del vendedor.

Las restricciones tampoco terminan en los bienes. Pueden afectar a servicios de ingeniería, consultoría informática, asistencia técnica, arquitectura, financiación, seguros, intermediación, transporte o mantenimiento. Una máquina puede estar prohibida y también el servicio necesario para instalarla, repararla o mantenerla operativa.

Quién, qué, dónde y para qué

La diligencia debida puede resumirse en cuatro preguntas: quién interviene, qué se suministra, dónde va y para qué se utilizará.

«Quién» comprende al cliente, el intermediario, el distribuidor, el titular real, quien controla la sociedad, el pagador y el beneficiario. «Qué» incluye bienes, componentes, software, tecnología y servicios. «Dónde» exige examinar destino, tránsito, banco, ruta y posibles reexportaciones. «Para qué» obliga a identificar usuario y uso finales.

Trazar una operación significa reunir evidencia proporcionada a su riesgo: clasificación del producto, actividad real del cliente, documentación societaria, ruta, pagador, declaración de uso, licencias, cláusulas contractuales y prueba de entrega. Una declaración firmada no convierte una incoherencia en verdad. Y una cláusula de no reexportación que nadie comprueba es una forma elegante de externalizar la conciencia.

Entregas a países intensamente conectados con Rusia o Bielorrusia, zonas francas, sociedades recién constituidas o sin capacidad técnica, intermediarios innecesarios y destinos incompatibles con el mercado local justifican controles reforzados. No convierten automáticamente a un país o a un cliente en culpable; convierten la operación en más arriesgada.

La empresa no es un tribunal y no debe fabricar culpables. Pero tampoco puede comportarse como un avestruz con ERP.

Documentos, no absoluciones

Un permiso de residencia acredita un estatus jurídico durante su vigencia; no demuestra por sí solo la residencia efectiva, el origen de los fondos o el destino de un producto. Un segundo pasaporte acredita otra nacionalidad, pero tampoco reinicia mágicamente el análisis.

La diligencia seria no convierte cada diferencia documental en una condena. La investiga. La nacionalidad no es una bandera roja automática; la incoherencia sí puede serlo.

En el caso de los bienes de lujo, el Reglamento (UE) 833/2014 prohíbe vender, suministrar, transferir o exportar los productos comprendidos en su anexo XVIII a personas en Rusia o para su utilización en Rusia. La regla general se aplica cuando el valor excede de 300 euros por artículo, salvo que el propio anexo establezca otro umbral.

Eso no significa que todo reloj o joya vendido a un ciudadano ruso esté prohibido. Importan la categoría del producto, su valor, el lugar donde se encuentra el comprador y, sobre todo, el destino y utilización finales. Para Bielorrusia existe un régimen propio que debe consultarse separadamente. Las normas son próximas, pero no idénticas; también en materia de sanciones el corta y pega es una mala metodología jurídica.

Cuando un viajero de nacionalidad rusa afirma residir fuera de Rusia y Bielorrusia, adquiere un producto valioso y fácilmente transportable y concurren factores objetivos de riesgo, exigir una prueba suficiente de residencia y comprobar la coherencia entre comprador, pagador, destino e itinerario resulta plenamente razonable.

Si, además, el comprador reside fuera de la Unión Europea, condicionar internamente la operación a su tramitación mediante Tax Free y solicitar el billete de regreso al país de residencia declarado puede constituir una medida proporcionada de diligencia reforzada.

No son amuletos ni obligaciones universales impuestas por las sanciones. El Tax Free validado por Aduanas acredita que el viajero salió de la Unión con el producto dentro del plazo tributario, no dónde permanecerá eternamente. El billete acredita un itinerario inmediato, no una garantía metafísica. Pero ambos documentos, unidos a una residencia vigente, un pago coherente y una declaración de uso y no reexportación, permiten transformar una afirmación en evidencia comprobable.

La negligencia cuesta

Las vulneraciones graves de las sanciones pueden dar lugar a prisión, multas, comiso, retirada de autorizaciones, exclusión de ayudas públicas, cierre de establecimientos y responsabilidad de las personas jurídicas. Para determinadas infracciones, la normativa europea exige que los ordenamientos nacionales contemplen multas máximas que puedan alcanzar el 5 % del volumen de negocios mundial o 40 millones de euros.

En España, cuando la operación afecta a bienes cuya importación, exportación, circulación o comercio está expresamente prohibido por un reglamento europeo, también puede entrar en juego la legislación de represión del contrabando. No toda vulneración de sanciones es contrabando, pero la prohibición europea no desaparece porque el importe quede por debajo del umbral penal. La negligencia puede seguir generando responsabilidad administrativa, además del comiso o la suspensión de la actividad.

La frase «no sabíamos» pierde encanto cuando la empresa tampoco puede mostrar qué preguntó, qué verificó y por qué decidió continuar. Un archivo lleno de documentos inconexos no acredita necesariamente buena fe; a veces solo acredita que había tóner.

La respuesta correcta no es discriminar por nacionalidad ni comerciar con los ojos cerrados. Es clasificar, analizar, documentar y decidir. Eso exige hacer preguntas incómodas. A veces bastará una comprobación ordinaria; otras harán falta especificaciones técnicas, usuario final, ruta, banco, prueba de residencia, Tax Free o billete de regreso. Y habrá operaciones en las que la única medida proporcionada sea decir no.

La ley no reconoce un derecho fundamental a que toda duda termine en factura.

El peligro no es que vengan los rusos. Ni los bielorrusos. El peligro es que la operación llegue antes que las preguntas y encuentre una empresa gobernada por la prisa y un ERP que solo conoce el margen.

Los submarinos de la película podían verse venir. La imprudencia corporativa suele llevar traje, presenta un PowerPoint y llama exceso de celo a cuanto pueda impedirle cobrar la comisión o hacer el agosto en agosto.