Carles Puigdemont ha comparecido este martes desde Waterloo con un mensaje inequívoco: considera terminada la etapa en la que los tribunales podían mantenerlo fuera de España mediante una interpretación restrictiva de la Ley de Amnistía.
«Se ha acabado el margen para manipular y retorcer la aplicación de una ley que está vigente desde hace dos años y cuatro meses», ha proclamado el expresident, pocas horas después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional sobre la malversación del procés.
El Constitucional ha estimado el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa contra los autos del Tribunal Supremo que le negaron la aplicación de la amnistía por malversación. La resolución fue aprobada por siete votos frente a cinco y establece una doctrina directamente relevante para los procedimientos que afectan a Puigdemont
La reacción del Supremo ha sido inmediata. El magistrado Pablo Llarena ha dejado sin efecto, por ahora, las órdenes nacionales de búsqueda y detención contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. La decisión es cautelar: todavía no equivale formalmente a declarar extinguida su responsabilidad penal ni supone que la amnistía haya sido aplicada definitivamente a Puigdemont.
«Derrota» de la estrategia judicial, según Puigdemont
Puigdemont ha interpretado la decisión del Constitucional en términos mucho más políticos. A su juicio, la resolución supone «la derrota de la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido y han demorado la aplicación de la Ley de Amnistía por motivos estrictamente políticos».
También ha cargado contra José María Aznar, recuperando el llamamiento del expresidente popular para que quienes pudieran actuar contra la amnistía lo hicieran: «Hasta aquí ha llegado la orden de Aznar de poner palos en las ruedas. El “quien pueda hacer, que haga” ya no da para más».
Estas afirmaciones pertenecen a la valoración política de Puigdemont. El Constitucional no declara que haya existido una conspiración de los poderes públicos ni atribuye al PP una estrategia judicial coordinada. Lo que sí concluye es que el Supremo realizó una interpretación de la amnistía que vulneró derechos de Bassa y se apartó de la finalidad de la norma.
«Hoy no se soluciona nada entre Cataluña y España»
Puigdemont también ha tratado de evitar que la decisión judicial sea presentada como el final del conflicto independentista. «En términos de la relación Cataluña-España, hoy no se soluciona nada», ha advertido.
Para el líder de Junts, la amnistía constituye únicamente una parte del proceso político abierto tras 2017. Ha insistido en que el independentismo continúa defendiendo el derecho de autodeterminación y no renuncia a acciones unilaterales «democráticas y pacíficas» si considera agotadas las posibilidades de negociación.
La posición rompe con cualquier interpretación de la amnistía como punto final político del procés. Puigdemont la presenta, por el contrario, como la rectificación de una respuesta judicial que considera equivocada y no como una renuncia al proyecto independentista.
Nueve años después, reivindica la estrategia del exilio
Buena parte de su comparecencia ha servido para reivindicar la decisión que tomó en 2017 de abandonar España. Puigdemont ha defendido que él, Comín y Lluís Puig consiguieron mantener durante estos años una estrategia sustentada en la defensa de las instituciones catalanas, la batalla judicial europea, la autodeterminación y el rechazo de soluciones individuales para terminar con sus respectivos procedimientos.
«Decidimos en el exilio hacer política y no hemos parado hasta asegurar que el retorno también tenga un sentido político», ha afirmado.
El expresident ha presentado las decisiones de tribunales belgas, alemanes y europeos como parte de una estrategia que, según su interpretación, ha acabado debilitando la vía judicial emprendida contra los dirigentes del procés.
El Tribunal Constitucional ha cambiado ahora decisivamente el escenario jurídico interno. Su decisión obliga a revisar la doctrina utilizada por el Supremo para considerar que destinar fondos públicos a los objetivos independentistas equivalía al «enriquecimiento personal» que la ley excluía de la amnistía.
Puigdemont no pone fecha a su regreso
Pese a la trascendencia del día, Puigdemont ha evitado anunciar cuándo volverá. La retirada provisional de la orden de detención elimina el riesgo inmediato de ser arrestado si entra en España, pero su defensa quiere esperar a que la amnistía quede aplicada efectivamente y exista plena seguridad jurídica.
Su regreso, por tanto, parece ahora mucho más cercano, pero continúa sin fecha. Puigdemont ha querido convertir precisamente esa incertidumbre en una última reivindicación política. Sostiene que sus nueve años fuera de España han condicionado su vida personal, familiar y política y han impedido que él y otros dirigentes independentistas ejercieran sus cargos en igualdad de condiciones.
El Constitucional no entra en esa interpretación política. Sí ha adoptado una decisión que modifica radicalmente su situación jurídica.
Y eso es lo sustancial de este martes: por primera vez desde 2017, el principal obstáculo judicial que impedía el regreso estable de Carles Puigdemont está a punto de desaparecer.
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