Entre planes de igualdad sin recursos, asesorías camufladas y trabajos invisibilizados por años, la profesión de agente de igualdad da un paso decisivo hacia su reconocimiento formal. El Ministerio de Igualdad abre una consulta pública para definir la habilitación, la formación y las funciones de un rol que, pese a su importancia estratégica, ha sido relegado a la precariedad y al olvido institucional. El Estado comienza, por fin, a poner nombre, norma y dignidad a una labor imprescindible.
Una profesión esencial sin regulación ni derechos
Durante demasiado tiempo, quienes han sostenido la arquitectura cotidiana de las políticas de igualdad han trabajado desde la intemperie jurídica y el vacío administrativo. Ni reconocimiento profesional, ni homologación formativa, ni protección laboral. A pesar de ser agentes clave en la detección de desigualdades, en el diseño de planes institucionales, en la formación de equipos técnicos y en la orientación de políticas públicas, el Estado no les reconocía como profesionales. Se les encargaban tareas fundamentales para cumplir con la ley, pero sin un marco legal que definiera su estatus.
El Ministerio de Igualdad propone ahora regular el acceso a la profesión mediante un título habilitante, o bien acreditando experiencia o formación especializada. También se establecerá un periodo transitorio para quienes ya vienen ejerciendo en condiciones desiguales. El objetivo es garantizar no solo la calidad de la intervención en igualdad, sino la estabilidad y reconocimiento de quienes la hacen posible.
Esta futura ley busca uniformar perfiles, delimitar competencias y asegurar que la aplicación de las políticas públicas en igualdad no dependa del voluntarismo ni de contratos precarios en consultoras externas. Es una demanda histórica del movimiento feminista institucional que por fin encuentra eco en la política legislativa.
Profesionalizar lo que nunca fue accesorio
En un momento en que los discursos reaccionarios arremeten contra cualquier avance feminista, el reconocimiento de esta profesión es también una respuesta política. No hay transformación estructural sin una red sólida de profesionales que diagnostiquen, evalúen e implementen medidas desde una mirada transversal, interseccional y con perspectiva crítica.
El futuro marco legal propone que los agentes de igualdad no solo trabajen en la administración pública, sino que también puedan desempeñarse en empresas, organizaciones sociales y educativas, instituciones privadas y organismos internacionales. Su trabajo —hasta ahora subestimado— implica desde el diseño de planes de igualdad hasta la formación de personal directivo o la mediación en situaciones de acoso, pasando por el análisis de brechas salariales, barreras de acceso o sesgos institucionales.
Y sin embargo, muchas veces, estas tareas se han asignado como “extras” a personal no especializado o se han externalizado a bajo coste, despojando al proceso de toda efectividad. La profesionalización del sector significa también blindar las políticas públicas frente a la instrumentalización ideológica y el desgaste técnico.
Este paso hacia una regulación profesional de la figura del agente de igualdad no es un mero trámite burocrático. Es una declaración de principios sobre el papel que deben jugar las políticas de igualdad en la construcción democrática del país. Frente al cinismo de quienes caricaturizan el feminismo como imposición, el Estado reconoce que no hay democracia plena sin justicia de género, y que ésta solo será posible si cuenta con estructuras, profesionales y recursos que la sostengan.
El reconocimiento no llega por cortesía, llega tarde. Pero llega. Y quienes llevan años empujando desde los márgenes empiezan, por fin, a ocupar el centro. Con título, con funciones claras, con derechos. Y con la convicción de que la igualdad no se decreta: se construye cada día desde lo profesional, lo político y lo colectivo.