La decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión provisional a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García no es solo una resolución jurídica: es un hito procesal que fija el marco del juicio de las mascarillas antes incluso de que se celebre. Con la vista oral a la vuelta de la esquina, la Sala Penal opta por no mover una pieza que ya condiciona el relato del caso y multiplica su impacto político.
El Supremo ha vuelto a decir no. Y no de manera provisional, sino con una argumentación que refuerza la idea de que la prisión preventiva se ha convertido en la arquitectura del proceso. Los magistrados consideran que el riesgo de fuga sigue siendo “muy elevado” y que los indicios contra ambos investigados no solo persisten, sino que “no han dejado de crecer”. El mensaje es claro: el tribunal no está dispuesto a asumir ni un solo margen de error cuando el juicio se acerca y las penas solicitadas alcanzan cifras de vértigo.
No es una resolución menor. La confirmación de la prisión comunicada y sin fianza consolida una decisión excepcional por su duración y por el perfil de los implicados. En el fondo, la Sala está diciendo que el tiempo judicial ya no juega a favor de los acusados y que la proximidad del juicio convierte la cautelar en un instrumento de control procesal más que en una medida transitoria.
La cautelar como estructura del caso
El auto no se limita a reiterar argumentos ya conocidos. Introduce un elemento clave: la prisión deja de ser una reacción y pasa a ser una herramienta para preservar el proceso. La Sala lo justifica en la combinación de factores clásicos —gravedad de las penas, solidez de los indicios, cercanía del juicio—, pero también en la posibilidad de que existan aún piezas no cerradas, especialmente la relativa a presuntos amaños en contratos públicos de obra.
Ese punto es decisivo. El Supremo asume que el caso no está agotado, que el perímetro de la investigación puede ampliarse y que, por tanto, la libertad de los acusados podría comprometer no solo el juicio de las mascarillas, sino otros frentes todavía en fase de instrucción. En ese contexto, la prisión preventiva funciona como garantía de control del daño institucional.
La referencia explícita a posibles fuentes de financiación en el extranjero en el caso de Ábalos refuerza esta lógica. No se trata solo de un riesgo hipotético, sino de un escenario que el tribunal considera plausible. La Sala no entra en especulaciones, pero deja constancia de que la capacidad de maniobra del exministro no es nula, y que ese margen justifica la continuidad de la medida.
Koldo y la red invisible
En el caso de Koldo García, el razonamiento es distinto pero igual de contundente. El Supremo admite que no hay constancia de una posición económica holgada, pero subraya algo más inquietante: la capacidad relacional. La posibilidad de que terceros le presten apoyo no es un detalle menor, sino un argumento central para mantenerlo en prisión.
El tribunal dibuja así un perfil que va más allá de lo patrimonial: un intermediario con acceso, con contactos y con historial de favores cruzados. En la lógica judicial, eso basta para sostener que el riesgo de fuga no se mide solo en dinero, sino también en redes.
El eco político de la prisión
La resolución llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno y para el PSOE. Aunque el caso ya no forma parte del día a día del Ejecutivo, su persistencia judicial sigue erosionando el espacio político. Cada auto, cada referencia a nuevos indicios, cada confirmación de la prisión prolonga una sombra que no se disipa con el paso del tiempo.
La Sala es consciente del impacto mediático —lo dice explícitamente—, pero también parece asumir que el proceso ya se ha deslizado hacia un terreno donde justicia y política se cruzan inevitablemente. Mantener la prisión preventiva es, en ese sentido, una forma de evitar que el juicio llegue debilitado por dudas sobre la eficacia del control judicial.
No hay gesto de excepción, ni voluntad de rebajar el tono. El Supremo se mueve en una lógica de cierre de filas institucional, consciente de que cualquier concesión sería leída como un síntoma de flaqueza en un caso que ha puesto a prueba la credibilidad del sistema.
El juicio como horizonte
La audiencia preliminar fijada para febrero será el siguiente punto de inflexión. Allí se comprobará si la estrategia de las defensas logra abrir grietas en el relato de la acusación o si, por el contrario, el proceso entra definitivamente en una fase de no retorno.
Mientras tanto, Ábalos y Koldo seguirán en Soto del Real. No como una anomalía, sino como parte de un proceso que ha hecho de la prisión preventiva su columna vertebral. El Supremo ha decidido no aflojar, y esa decisión —jurídica, pero también política en sus efectos— marca el ritmo de una causa que ya no se juzga solo en los tribunales, sino en el desgaste prolongado de la confianza pública.