No hay pucherazo, pero sí relato. El Partido Popular ha decidido convertir episodios administrativos y sucesos delictivos comunes en insinuaciones políticas sobre la limpieza de los procesos electorales. El caso de Extremadura, con Correos en el centro del debate, ilustra hasta qué punto la sospecha se utiliza como sustituto de la alternativa política.
El PP ha elevado el tono contra el voto por correo y ha dejado caer, una vez más, la idea de que el sistema electoral español es vulnerable. No lo ha hecho a través de recursos legales ni de denuncias formales ante la Junta Electoral, sino mediante declaraciones públicas, preguntas parlamentarias y mensajes cuidadosamente ambiguos. No acusa, pero sugiere. No prueba, pero siembra duda.
El ejemplo más reciente es Extremadura. Allí, Correos reconoció un robo en una oficina postal de Fuente de Cantos (Badajoz) en el que se sustrajo una caja fuerte que contenía dinero en efectivo y 124 votos por correo ya emitidos. El suceso fue comunicado de inmediato a la Junta Electoral y está siendo investigado por la Guardia Civil como un delito común. No hay constancia de manipulación electoral ni de alteración del escrutinio.
Correos también confirmó que gestionó con normalidad más de 16.000 votos por correo en esas elecciones autonómicas, dentro de los procedimientos habituales. Ninguna autoridad electoral ha cuestionado la validez del proceso ni ha detectado irregularidades sistémicas. Ese es el dato. Todo lo demás es interpretación interesada.
El PP ha optado por convertir un robo —grave, pero acotado— en argumento político. La operación es conocida: extraer un episodio puntual de su contexto técnico y amplificarlo como síntoma. No se habla de protocolos, de controles cruzados ni de la trazabilidad del voto por correo. Se habla de “sospechas”, de “preguntas legítimas”, de “lo que la gente comenta”.
España cuenta con uno de los sistemas electorales más auditados de Europa. El voto por correo está sometido a múltiples verificaciones, con intervención de funcionarios, juntas electorales y representantes de los partidos. El PP lo sabe. Ha gobernado con ese sistema y ha ganado elecciones gracias a él. Precisamente por eso resulta significativo que ahora lo cuestione sin pruebas.
La insistencia en el fantasma del pucherazo no responde a una preocupación técnica. Responde a una dificultad política. El PP sigue sin encontrar una mayoría social suficiente en un escenario plural y territorialmente complejo. Ante esa realidad, desplaza el foco: si no gobierna, no es por falta de apoyo, sino por un sistema supuestamente fallido y ese giro tiene consecuencias, deslegitima la alternancia, convierte la derrota en agravio y presenta al adversario como beneficiario de un mecanismo viciado. Es una lógica peligrosa porque desacredita las reglas sin ofrecer una alternativa institucional.
La irresponsabilidad de la insinuación
No hay denuncia formal de fraude. No hay impugnación de resultados. No hay procedimientos judiciales en marcha. Hay insinuaciones. Y eso es lo más grave. Porque la insinuación no exige pruebas, pero sí deja huella. Introduce la idea de que el voto quizá no sirve, de que el sistema quizá no es limpio.
En un contexto de desafección y abstención creciente, ese mensaje no fortalece la democracia. La debilita. Y lo hace desde un partido que se reivindica como garante del orden constitucional. La contradicción es evidente.
Señalar a Correos cumple además una función simbólica. Se pone en cuestión a una empresa pública para proyectar la idea de un Estado ineficiente o parcial. Pero los hechos no sostienen esa narrativa. Correos actuó conforme a protocolo, informó del robo, colaboró con las autoridades y garantizó la trazabilidad del proceso electoral. Convertir esa actuación en prueba de un supuesto fraude es una tergiversación consciente. No busca mejorar el sistema, sino erosionar la confianza en él.
La estrategia del PP no necesita demostrar nada. Le basta con repetir. Con insinuar. Con mantener viva la sospecha. Es una forma de hacer política que desplaza el debate desde los programas y las propuestas hacia el terreno de la desconfianza estructural. Ese desplazamiento no es inocuo. Cuando se normaliza la duda sobre el voto, se abre una grieta que cuesta cerrar. Y cuando esa duda se alimenta desde un partido central del sistema, el daño es mayor.
El caso de Extremadura no prueba un pucherazo. Prueba otra cosa: cómo un hecho real puede ser instrumentalizado para construir un relato que no resiste el contraste con los datos.