El veto de la presidenta del Parlamento Europeo a una resolución avalada por 145 firmas, transversal en grupos y nacionalidades, ha reabierto un interrogante: ¿hasta qué punto puede tensarse el reglamento de la Eurocámara para facilitar los tiempos políticos de la Comisión? El episodio coincide con la recta final del acuerdo con el Mercosur y exhibe la capacidad del Partido Popular Europeo para administrar mayorías, calendarios y cortafuegos internos sin admitir debate formal.
Un movimiento quirúrgico en el peor momento posible
En Estrasburgo nadie desconoce que las votaciones sobre acuerdos comerciales suelen llegar ya cerradas, con la Cámara convertida en un mero colegio de refrendo. La potestad de solicitar al Tribunal de Justicia de la UE un dictamen previo —una de las pocas herramientas de control democrático real que conserva el Parlamento— se emplea con cuentagotas. Por eso resultaba significativo que 145 diputados de cinco grupos distintos, muchos de ellos procedentes de países tradicionalmente críticos con el acuerdo UE–Mercosur, impulsaran una resolución por la vía del artículo 117 de su reglamento.
La respuesta de Roberta Metsola fue tan breve como contundente. “No admisible”. Sin más anclaje jurídico que su propia interpretación de que no procede solicitar un dictamen sin un requerimiento previo del Consejo. Un razonamiento que no aparece en los Tratados ni en la práctica parlamentaria interna, pero que se aceptó en la Conferencia de Presidentes con el patrón habitual: apoyos silenciosos, alguna protesta lateral y la sensación de que el asunto se quería cerrar antes de que adquiriese volumen.
El resultado es inequívoco: el Parlamento Europeo, que no negocia estos acuerdos y solo puede decir sí o no al texto final, pierde la opción de activar el único mecanismo que permite evaluar su legalidad antes de firmarlo. Y no por falta de firmas, sino por una interpretación discrecional del reglamento. En la práctica, una cacicada técnica en un momento políticamente decisivo.
La operación se enmarca en el calendario acelerado para llegar a diciembre con el acuerdo listo para la firma en Brasil. Cualquier dictamen del TJUE habría congelado el proceso durante meses. La Comisión necesitaba despejar el camino; el PPE, garantizar que las dudas jurídicas no se convertían en un dique político. La presidencia de Metsola hizo el resto.
Lo que se evita no es un gesto simbólico, sino una discusión jurídica de calado. El dictamen que pretendían elevar los eurodiputados planteaba dudas concretas sobre varios elementos del pacto:
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El mecanismo de reequilibrio, que permitiría a una de las partes reclamar compensaciones comerciales si considera que una medida ambiental o sanitaria afecta a los beneficios previstos. Organizaciones europeas alertan de que este sistema puede condicionar la aplicación de la normativa contra la deforestación y situar políticas climáticas en un terreno litigioso.
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La división del acuerdo en dos piezas, una comercial y otra de cooperación política, que facilita una aprobación parcial sin control de todos los parlamentos nacionales. La maniobra —técnicamente posible— limita la transparencia y acorta los tiempos de escrutinio democrático.
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La cláusula de salvaguardia, presentada como un cortafuegos para sectores sensibles, pero diseñada con umbrales que los propios ganaderos califican como imposibles de activar. No suspende importaciones, tampoco habilita contingentes nuevos: apenas permite correctores arancelarios.
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El principio de precaución, pieza clave del derecho europeo, cuya aplicación podría debilitarse si su legitimidad queda condicionada por eventuales compensaciones comerciales.
Pese a estas dudas, el ritmo político ha ido siempre por delante. Las organizaciones agrarias, especialmente en España, Francia o Polonia, advierten que el acuerdo tensionará aún más la viabilidad de explotaciones familiares que ya afrontan costes elevados y competencia global desregulada. Las protestas de estos meses repiten el patrón de las tractoradas de 2024: malestar profundo y rechazo a acuerdos negociados sin evaluar su impacto real sobre el campo europeo. Pero en Bruselas el calendario se impone, incluso cuando la aritmética parlamentaria apunta a una mayoría incierta. De ahí la necesidad del PPE de blindar el proceso, incluso a costa de dinamitar un cauce legítimo de control institucional.
Lo ocurrido con la resolución no es solo un episodio más dentro de las fricciones habituales entre Comisión y Parlamento. Es un precedente incómodo para una institución que reivindica su papel frente al auge de los ejecutivos nacionales y frente a una Comisión que, como en este caso, opera con un margen notable de discrecionalidad.
El bloqueo de Metsola no desautoriza el mecanismo, pero lo vacía temporalmente de contenido, y envía al TJUE un mensaje implícito: cualquier revisión jurídica queda supeditada a los tiempos políticos de la Comisión. El Parlamento Europeo se enorgullece de ser la cámara de representación directa más grande del mundo, pero su capacidad para ejercer control efectivo sobre acuerdos internacionales queda de nuevo reducida al mínimo. Y no por una reforma legal, sino por una lectura excepcional del reglamento.
Cuando 145 firmas de cinco grupos diferentes no bastan para activar un mecanismo previsto en los Tratados, la pregunta no es técnica, sino democrática:
¿Quién decide cuándo el Parlamento puede ejercer las funciones que los Tratados le reconocen?.