España se considera un espacio solidario con Palestina, pero en los pasillos del poder opera un lobby sionista estructurado que financia causas, convoca tribunales y condiciona discursos. No juega en las instituciones visibles: trabaja desde el cruce de lo jurídico, lo mediático y lo empresarial.
Empresarios con agenda política
Cuando un empresario decide cruzar del mundo de los negocios al terreno ideológico lo hace con armas distintas: redes de poder, contratos públicos, alianzas simbólicas. David Hatchwell es el nombre que cobra protagonismo en esa transición. Exponente del lobby pro-Israel en España, su actividad no se limita a la filantropía sino que integra sociedades del sector tecnológico, inmobiliario y de seguridad, y conecta esas empresas con sus posiciones políticas sobre Oriente Medio. Su figura bordea el poder sin enfrentarlo abiertamente; su aporte económico alimenta discursos y estrategias.
Detrás de él, otras fundaciones actúan como centrales de legitimidad: redes culturales, instituciones académicas, eventos y comités que legitiman su presencia en la esfera pública. No aparecen en primera línea, pero su influencia se percibe en discursos que tienen eco en medios, ayuntamientos, parlamentos autonómicos.
Acciones legales como instrumento de lobby
El poder judicial es un escenario que no escapa a las estrategias de influencia. ACOM ha llevado a tribunales a varias universidades españolas por limitar convenios con centros israelíes o manifestar críticas a la política israelí. Su objetivo no es solo ganar demandas —aunque algunas ya las han conseguido—, sino forzar una carga simbólica sobre quienes osan cuestionar; convertir decisiones universitarias en objeto de litigio y generar efectos disuasorios.
Cuando cinco campus universitarios suspendieron relaciones académicas con Israel, ACOM interpuso recursos legales que desafiaron esas medidas como discriminatorias. En algunos casos, los tribunales han dado la razón a esas universidades; en otros, las demandas han prosperado. Más allá de las resoluciones, el proceso judicial se convierte en parte de la estrategia: hacer que quienes actúan desde la solidaridad deban defenderse legalmente, con costos administrativos, reputacionales y de desgaste.
Finanzas públicas y donaciones discrecionales
El lobby no solo actúa con discursos y demandas; también con presupuestos. Organizaciones como Zakut han recibido subvenciones autonómicas, muchas veces antes de que sus estatutos fueran públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y el propósito de esos fondos. La peculiaridad es que esas ayudas proceden de gobiernos del mismo espectro ideológico que las organizaciones beneficiadas: cuando los fondos públicos confluyen con redes pro-Israel, los vínculos dejan de ser casuales.
Las donaciones privadas también juegan su papel. Adelson ya no está, pero su red sigue activa: los flujos de dinero hacia fundaciones próximas al poder israelí siguen estructurando campañas de influencia, apoyos a medios afines y redes de relaciones entre elites políticas españolas.