Ni Álvaro García Ortiz ni Begoña Gómez ni Leire Díez. Esos no son los objetivos de fiscales y jueces que conforman la derecha judicial de este país. Moncloa es el “enemigo a batir”. Desgastar, como sea, al equipo de gobierno progresista para alcanzar en los tribunales el poder que no consiguieron en las urnas. Lo dijo Aznar, “el que pueda hacer que haga”, y esos empleados públicos que pagamos todos los españoles lo están haciendo para que luego se diga en el juicio del fiscal general del Estado que fue en presidencia donde surgió la orden de filtrar el famoso correo, o se impute a la secretaria general de presidencia del Gobierno porque no se puede apuntar más arriba en el caso Begoña Gómez, o se señale a una exmilitante del PSOE, que a lo más que llegó fue a concejala, de soborno y extorsión. Por mucho que esos jueces y fiscales intenten remover la mierda no van a llegar más arriba de lo que lo han hecho hasta ahora.
Ahora apuntan a otro objetivo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Tras analizar el informe de la UCO en el caso Mascarillas, la Audiencia Nacional no ha encontrado indicios de delito en su contra. El documento no aporta novedad alguna sobre lo ya conocido: la intervención de Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias se limitó a sus gestiones para que se agilizara el pago de una factura de más de 7 millones de euros por la compra de mascarillas y material sanitario a Soluciones de Gestión en plena pandemia, y no detecta que la contratación de esa empresa, representada por el comisionista Víctor de Aldama, fuera impuesta por Torres ni que él o algún miembro del Gobierno canario cobrara o exigiera alguna comisión por sus gestiones. Por lo tanto, el instructor, Ismael Moreno, no cree necesario enviar al Supremo una exposición razonada para que se abra una investigación al ministro aforado. Caso cerrado, aunque la derecha mediática insiste. Ahora señalan que existe 132 WhatsApp que demuestran que Torres dio 5,3 millones a la trama. El ministro ha dejado claro que pagó por la amenaza de la presentación de una denuncia. Aldama, que lo único que hace es amenazar sin pruebas, ha sido incapaz de demostrar ante la policía judicial alguna irregularidad.
Aún así, la derecha insiste. La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado fue un despropósito. La intervención de Alejo Miranda, que fue la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y ejecutor del proyecto del tristemente famoso hospital Isabel Zendal, fue tan mediocre que la formación que lidera Núñez Feijóo ya está pidiendo una nueva comparecencia a ver si en esta ocasión afinan la puntería.
Mientras tanto, sus recursos jurídicos siguen buscando cualquier resquicio que les permitan apuntar a lo más alto del poder ejecutivo. De momento, el objetivo es el fiscal general del Estado cuyo juicio por revelación de secretos se celebra estos días. La maquinaria puesta en marcha por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja del denunciante, ha implicado contundentes manifestaciones como las de su amiga, la fiscala superior, Almudena Lastra, que paró las denuncias de los familiares de las 7.291 personas que murieron en las residencias de la tercera edad durante la pandemia en Madrid, y archivó la causa del su hermano por presuntas irregularidades en la venta de mascarillas en la misma época. Lastra ha llegado a decir, ante los jueces, que no firmó la nota de prensa “porque iba a perjudicar a un familiar de la presidenta de la CAM”. Y no todo termina ahí. El jefe de prensa de la fiscala superior, Iñigo Corral, también ejerció de testigo de cargo cuando de todos es sabido que forma parte del organigrama de la CAM. O sea, que está a las ordenes de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de la secretaría general, que reconoció que se había inventado el bulo que dio origen a toda esta persecución judicial en contra de una de las más altas autoridades de este país. Afortunadamente, los testigos dejaron claro que García Ortiz no recibió órdenes de Moncloa a pesar de que el propio juez instructor, Ángel Hurtado, insinuó tal posibilidad, lo que desacredita su trabajo.
El instructor de la causa sobre Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, no pierde la esperanza de apuntar a lo más alto de la presidencia del Gobierno a pesar de que sus superiores del Supremo ya le han advertido que no debe seguir esa línea de investigación. Intentó la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por el asunto de la asesora de la mujer del presidente, y la sala de Lo Penal le dejó clara la absoluta falta de indicios de que cometiese alguna irregularidad cuando fue secretario general de la Presidencia. El magistrado, inasequible al desaliento, no ha tardado en señalar a la actual titular, Judit Alexandra González, a la que el instructor imputa un delito de malversación. De ahí no pasa la cosa, pero Begoña Gómez es la esposa del presidente, y tal circunstancia, se quiera o no, implica un daño personal. Tanto como ese juicio que todavía no tiene fecha de celebración contra su hermano, David, junto al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien, en estos momentos, se encuentra inmerso en la precampaña electoral a la presidencia de la Junta.
La última acción que apunta al aparato del PSOE es la acusación a Leire Díez. Dos fiscales, Ignacio Stampa y José Grinda, la acusan de haber intentado sobornarles. Stampa, con un controvertido historial profesional, dice haber mantenido una reunión con la exmilitante socialista y con el empresario, Javier Pérez Dolset, en la cual le dieron a entender que Pedro Sánchez, "había dado la orden de limpiar, sin límite", al darse a conocer la investigación judicial abierta a su esposa. Stampa es declarado enemigo del fiscal general del Estado que abrió una investigación para comprobar si había filtrado información del caso Villarejo. El Supremo ha condenado al Estado a pagarle 4.000 euros de indemnización.
Stampa no tiene prueba alguna que acredite lo que dice que le había dicho Díez. Pero enfangar está de moda, y más si el objetivo es Pedro Sánchez. No es de extrañar que Feijóo no pare de manifestar que el presidente “acabará en la cárcel”. Ese es su objetivo y para lograrlo van a utilizar todos los recursos judiciales.