Nueve mil euros por jugarse la vida en el Estrecho

Hay negocios que nacen de una oportunidad y otros que necesitan primero una desgracia. En Ceuta, donde las consecuencias de la crisis migratoria de finales de julio siguen formando parte de la vida diaria de la ciudad, han aparecido quienes han decidido convertir la desesperación ajena en una tarifa. Hasta 9.000 euros por cruzar el Estrecho desde Ceuta hasta la Península. El precio no incluía seguridad, chalecos salvavidas ni ninguna garantía de llegar vivo al otro lado.

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones presuntamente dedicadas al traslado clandestino de migrantes entre Ceuta y La Línea de la Concepción. Cinco personas han sido detenidas en las dos investigaciones, cuatro de ellas en una primera operación desarrollada entre ambas ciudades y una quinta, que ha ingresado en prisión provisional, por su presunta participación en otra travesía realizada el pasado 14 de agosto. Las pesquisas describen un negocio organizado alrededor de embarcaciones pequeñas, intermediarios, conductores, pilotos y lugares donde ocultar a quienes habían pagado por intentar alcanzar la Península.

Conviene detenerse en la palabra negocio porque explica mejor que ninguna otra lo ocurrido. La inmigración irregular suele discutirse en España como un problema de fronteras, leyes, competencias y relaciones internacionales. Todo eso existe, pero en los márgenes de cada crisis prospera una economía clandestina que necesita personas vulnerables para generar beneficios. Cuanto mayor sea su desesperación, mayor puede ser el precio.

La primera organización investigada habría construido una estructura relativamente sofisticada. Según la investigación policial, las embarcaciones salían desde la costa gaditana hacia Ceuta, donde recogían a los migrantes antes de emprender el viaje de regreso. Había intermediarios encargados de captar clientes, viviendas, garajes y otros espacios utilizados para ocultarlos hasta el momento de la salida, vehículos de apoyo y pilotos elegidos por su capacidad para navegar a gran velocidad y tratar de eludir la vigilancia policial.

Una lancha encallada en la zona de Benzú permitió tirar del hilo. La embarcación presentaba daños compatibles con una navegación a gran velocidad y, aunque en aquella ocasión no llegó a transportar pasajeros, condujo a los investigadores hacia el entramado que operaba entre las dos orillas.

La tarifa podía alcanzar los 9.000 euros por persona.

No estamos, por tanto, ante una ayuda improvisada para atravesar unas decenas de kilómetros de mar. La dimensión económica permite comprender la naturaleza del fenómeno. Son organizaciones que identifican una necesidad extrema, calculan cuánto puede pagar quien la sufre y construyen alrededor de ella una cadena clandestina de transporte. El ser humano deja de ser pasajero y pasa a convertirse en mercancía.

La desesperación cotiza

La segunda investigación permite observar el resultado de esa lógica sin necesidad de demasiados adjetivos. Siete personas emprendieron el 14 de agosto una travesía desde Ceuta hasta la costa gaditana en una embarcación de apenas cinco metros de eslora y dos de manga. Permanecieron alrededor de cinco horas en el mar y recorrieron cerca de 40 kilómetros hasta llegar a la zona de El Burgo, en La Línea de la Concepción. Según los testimonios recogidos durante la investigación, el organizador cobraba 8.000 euros por pasajero. Siete personas permitían obtener 56.000 euros en un solo viaje.

Las condiciones explican qué valor tenía la vida de esos pasajeros para quienes presuntamente organizaban el trayecto.

Iban hacinados. No llevaban chalecos salvavidas. Algunos apenas sabían nadar o no sabían hacerlo. Navegaron durante la noche, con una niebla intensa que reducía la visibilidad, soportando el frío con la ropa mojada y la entrada constante de agua y oleaje en una embarcación demasiado pequeña. Llegaron a quedar a la deriva en uno de los pasos marítimos con mayor tráfico del mundo.

Cincuenta y seis mil euros de posible beneficio y siete vidas colocadas encima de una lancha de cinco metros.

La cifra ayuda a despojar de cualquier romanticismo a quienes viven de estas rutas. Hay una tendencia a describir genéricamente estas estructuras como mafias y dejar que la palabra haga todo el trabajo. Pero detrás existen decisiones muy concretas. Alguien fija un precio, alguien cobra, alguien consigue una embarcación, alguien acepta embarcar a personas sin elementos básicos de salvamento y alguien calcula que el beneficio compensa el riesgo, fundamentalmente porque el mayor riesgo no lo corre quien organiza el negocio.

La Policía señala además que los pilotos podían recibir cantidades importantes precisamente por su experiencia en navegación rápida y su habilidad para efectuar maniobras evasivas. El dato revela hasta qué punto la seguridad de los pasajeros queda subordinada a otra prioridad, llegar sin ser detectados. El objetivo no consiste en realizar una travesía segura, sino en realizar una travesía clandestina, aunque ambas cosas resulten incompatibles.

Ahí reside una de las dimensiones menos visibles de las grandes crisis migratorias. La llegada de miles de personas a un territorio genera inmediatamente un mercado para quienes saben aprovechar su vulnerabilidad. Aparecen falsos intermediarios, transportistas clandestinos, redes de explotación y organizaciones capaces de cobrar cantidades extraordinarias a personas que ya han atravesado situaciones extremas. Y resulta importante distinguirlas de sus víctimas.

Quien entrega 8.000 o 9.000 euros para subir de noche a una embarcación diminuta, sin chaleco y con la posibilidad cierta de morir en el Estrecho difícilmente está negociando desde una posición de libertad comparable a la de quien cobra ese dinero. Una cosa es perseguir la inmigración irregular conforme a la ley y otra muy distinta perder de vista quién obtiene el beneficio económico de convertirla en industria.

Por eso estas operaciones policiales tienen una importancia que supera las cinco detenciones. Atacar las redes significa actuar sobre quienes encuentran rentabilidad en la persistencia de los movimientos clandestinos y cuya existencia hace todavía más peligroso un fenómeno que ya lo es por sí mismo.

La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades penales de los detenidos, respetando naturalmente su presunción de inocencia. En el caso del hombre enviado a prisión provisional se investiga, además del presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la posible concurrencia de agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro creado para su vida e integridad.

La crisis de Ceuta ha producido durante semanas discursos sobre soberanía, fronteras, devoluciones y responsabilidades políticas. Todo ello seguirá formando parte del debate. Pero existe una realidad mucho menos abstracta que ocurre lejos de los atriles.

En algún lugar alguien ofrece un viaje. En otro, alguien reúne el dinero de toda una familia para pagarlo. Después llegan una lancha demasiado pequeña, la noche, la niebla y cuarenta kilómetros de agua. Hay quienes contemplan esa escena y ven seres humanos en peligro. Y hay quienes hacen las cuentas y ven 56.000 euros.