La información rara vez se vende por dinero en los canales oscuros de las redes de inteligencia. Se intercambia por supervivencia. Punto.
Según los documentos publicados por el diario ABC, corría octubre de 2024. Un emisario cruzó las puertas de la Audiencia Nacional en Madrid. No venía a pedir cita para dentro de tres semanas. Quería ver al fiscal jefe, Jesús Alonso, aquí y ahora. Encima de la mesa no había una solicitud rutinaria. Había algo mucho más gordo: la llave de acceso a dos gigabytes y medio de información robada del teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus ministros de Defensa, Interior y Agricultura.
El emisario no representaba a un cualquiera, sino a Mehdi Hijaouy, el ex número dos de la Dirección General de Estudios y Documentación. Es decir: la inteligencia exterior marroquí. La poderosa.
La Fiscalía española respondió rápido, según lo publicado por el diario conservador. Demasiado rápido, dirían algunos. Un encuentro presencial, fugaz. Y semanas después, un correo electrónico frío, burocrático, de esos que huelen a despacho cerrado con llave. El mensaje fue claro: no interesaba ni la información ni los datos que el ex espía pudiera aportar.
Al declinar la oferta de un testigo dispuesto a explicar el “cómo se hizo, a quién y el contenido” del espionaje masivo con Pegasus a cambio, eso sí, de paralizar su extradición a Rabat, la Fiscalía no solo dio la espalda a una oportunidad única. Transformó la sombra del espionaje en una prueba incriminatoria. Una prueba sobre hasta qué punto Madrid está subordinada al régimen de Mohamed VI.
El pavor a un enfrentamiento con Marruecos pesó más que el hecho de que se conociera la verdad sobre el espionaje marroquí a, nada más y nada menos, que el presidente del Gobierno y a cuatro ministros. Mucho más. Que la búsqueda de la verdad procesal quedara en segundo plano lo dice todo. Que el representante de la Fiscalía calificara el asunto como una “complicación” que “no interesa” porque es “un problema para Marruecos” dice aún más.
No fue negligencia. Fue cálculo político, medido al milímetro, para evitar que salieran a la luz las tripas de una operación que amenaza la estabilidad de ambos estados.
Calama se quedó fuera
Lo más grave del episodio no fue solo el desprecio a la verdad y a la búsqueda de la legalidad. Fue la desconexión deliberada entre la Fiscalía y el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 4, José Luis Calama Teixeira.
Mientras el juez instructor se veía obligado a paralizar las pesquisas alegando, según se indicó en un auto al que tuvo acceso Diario Sabemos, una “impotencia investigadora” ante la falta de cooperación de las autoridades israelíes y la tibieza de la Abogacía del Estado, a escasos metros de su despacho se desestimaba la única vía de prueba directa disponible.
La Fiscalía operó como un filtro infranqueable. Un muro para impedir que el juez Calama tuviera conocimiento formal del ofrecimiento del antiguo alto mando de la inteligencia marroquí.
Los correos electrónicos publicados por ABC lo dejan claro: el aparato fiscal consumó un cortafuegos de veintiún días antes de remitir al emisario de Hijaouy a la ventanilla ordinaria del juzgado.
21 días.
Ese silencio no fue casual. Permitió enfriar la vía de colaboración. Dio margen para que los mecanismos de contención política desactivaran al potencial confidente. La sospecha de que durante ese paréntesis se cruzaron llamadas al más alto nivel entre la administración española y los aparatos de poder político resulta inevitable.
Lo que vino después es de película. Una reunión convocada con la supuesta participación del Centro Nacional de Inteligencia. Pero cuando Hijaouy llegó, no encontró protección española, sino a agentes de los servicios secretos marroquíes que le exigieron su retorno voluntario a Rabat.
Al comprobar que España no era un refugio seguro ni un interlocutor fiable, sino un espacio condicionado por los intereses de su perseguidor, el ex alto cargo de la inteligencia magrebí echó a correr. Una fuga meteórica, trazada a través de rutas privadas hacia territorio turco. Clandestinidad itinerante. Miedo real por su vida.
Mehdi Hijaouy no es un disidente acorralado cualquiera. Conocedor de los secretos más reservados del Palacio Real marroquí, había servido como encargado de misiones clave para el consejero real Fouad Ali Himma. Su hoja de servicios lo vincula directamente con la CIA y los principales servicios de inteligencia occidentales.
Las filtraciones atribuidas a su entorno, desde los activos inmobiliarios de la cúpula diplomática en Rabat hasta los datos de miles de funcionarios y jueces, confirman que España dejó escapar a un activo de alto valor con capacidad operativa para desestabilizar la arquitectura interna de Marruecos. No solo tenía información sobre el ciberespionaje institucional. También sobre las ramificaciones del entramado de sobornos en las instituciones europeas conocido como “Marruecosgate”. Un activo de valor incalculable para España que se dejó escapar porque no se quiso un enfrentamiento con Marruecos.
La prioridad del gobierno de Pedro Sánchez fue otra: sofocar el incendio. Evitar que las revelaciones salpicaran la narrativa oficial sobre la reconciliación diplomática con Marruecos. El impacto de las relaciones entre España y Marruecos se cobró así la neutralidad del sistema judicial. La Fiscalía se transformó en escudo protector de la agenda exterior de la Moncloa.
El precio del silencio
El atrincheramiento de la Fiscalía y la negativa a reabrir la investigación sobre Pegasus dejan una herida abierta. El mensaje proyectado hacia los aliados internacionales es demoledor: la vulneración de la intimidad digital del jefe del Ejecutivo y de los ministros encargados de la defensa y la seguridad interior queda subordinada a las conveniencias de la política de apaciguamiento fronterizo.
El caso Hijaouy certifica el triunfo de los intereses del presidente del Gobierno sobre el imperio de la ley. La renuncia voluntaria a investigar el origen y el contenido del material robado del teléfono presidencial sitúa al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad. Expuesto, de forma permanente, al chantaje de quien custodia las copias de seguridad de esa información en Rabat o en cualquier otra capital extranjera.
Al rechazar la prueba definitiva por considerarla una “complicación”, el sistema judicial y político español no ha hecho desaparecer el peligro. Únicamente ha cedido el control de los tiempos a los verdaderos dueños de la información, a los chantajistas del régimen de Mohamed VI. Mientras tanto, Sánchez y su gobierno siguen viviendo en la ilusión de un silencio comprado al precio de la propia soberanía.
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