Miles de agricultores rodearon el Parlamento Europeo en Estrasburgo para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur el mismo día en que la Comisión lo daba por políticamente cerrado. No era una paradoja, sino un síntoma. En pleno giro mundial hacia el repliegue, con Donald Trump usando los aranceles como arma electoral y geopolítica, Bruselas insiste en vender globalización como si fuera 2005 y no 2026. El tratado avanza, pero la legitimidad se le queda atrás.
La escena resultó casi pedagógica: dentro del hemiciclo, eurodiputados midiendo mayorías milimétricas; fuera, agricultores de media Europa recordando que el comercio no es una abstracción, sino un equilibrio de costes que siempre pagan los mismos. Mercosur, con su promesa de 700 millones de consumidores, aparece así como el último gran acuerdo de una época que ya no existe, firmado cuando el mundo discute cómo desglobalizarse sin romperse del todo.
El estrecho margen de la legalidad
La batalla se traslada ahora al Parlamento Europeo, donde una resolución impulsada por la izquierda pide que el Tribunal de Justicia de la UE examine el acuerdo. No se trata de bloquearlo —eso ya no depende solo del Parlamento—, sino de ganar tiempo y abrir grietas jurídicas en un texto que contiene más zonas grises que garantías. La cláusula de reequilibrio, por ejemplo, permitiría a los países de Mercosur reclamar compensaciones si la UE aprueba normas ambientales que afecten a sus exportaciones agrícolas. Dicho de otro modo: legislar para proteger el clima podría salir caro.
El recuento es incierto. Los detractores calculan una cámara partida en tres bloques: a favor, en contra y una masa indecisa que decide el resultado. En esa incertidumbre se apoyan las movilizaciones. No porque crean en una victoria clara, sino porque saben que el comercio sin consenso social acaba volviéndose contra quien lo firma.
Tractores y doble rasero
Las protestas agrícolas vuelven a mostrar el doble estándar europeo. En Francia, el sindicato mayoritario, cercano a la derecha productivista, negocia con alfombra roja; la Confédération paysanne, que cuestiona el modelo, recibe detenciones y multas. El campo se escucha cuando pide más pesticidas y más embalses, pero no cuando pregunta por precios, ingresos o sostenibilidad real. El resultado es un malestar persistente que ningún plan de urgencia logra apagar.
En Catalunya, Galicia o Extremadura, las tractoradas replican el mismo diagnóstico: la competencia sin reglas es una forma de abandono. El acuerdo con Mercosur aparece como el acelerador final de un proceso de precarización que lleva años en marcha. Si la industria europea se protegió tarde y mal, ahora le toca al sector primario aprender la lección con retraso.
Trump y el espejo incómodo
La ironía es evidente: mientras Trump presume de aranceles y soberanía económica —con la brutalidad retórica que lo caracteriza—, Europa firma un tratado que refuerza precisamente aquello que dice combatir: la deslocalización de costes sociales y ambientales. Trump convierte el proteccionismo en espectáculo; Bruselas, el libre comercio en rutina administrativa. Ambos comparten algo más de lo que parece: la ausencia de una política que piense a largo plazo en quién produce y cómo.
Los agricultores lo han entendido antes que nadie. Por eso no bajan los brazos, aunque el acuerdo esté firmado. Saben que la ratificación puede retrasarse, que el tribunal puede intervenir, que la presión pública aún cuenta. Y también saben algo más incómodo: que cuando el campo cae, el vacío lo llenan otros. En Europa, como en América Latina, ese vacío suele tener nombre, bandera y un discurso que empieza con “ellos” y termina con “nosotros”.
El Mercosur no es solo un tratado comercial. Es una prueba de estrés para una Europa que sigue creyendo que el mercado corrige lo que la política no quiere mirar. Y esta vez, el campo ha decidido no quedarse callado mientras se firma su futuro en letra pequeña.