La memoria democrática entra en las aulas como contenido obligatorio y homogéneo

Ante cancelaciones de cursos memorialistas en algunas comunidades, el Ejecutivo central impulsa un refuerzo estatal de la capacitación docente para garantizar que la memoria democrática no dependa de los vaivenes autonómicos

04 de Octubre de 2025
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La memoria democrática entra en las aulas como contenido obligatorio y homogéneo

Mientras varios gobiernos regionales recortan o cancelan formaciones sobre la memoria democrática, el Gobierno español ha decidido intervenir con un acuerdo interministerial que garantice su continuidad y homologación. El esfuerzo apunta a blindar el derecho a saber frente a los intentos de silenciamiento político.

¿Por qué es urgente reforzar la formación docente?

La memoria democrática no es un tema ornamental. Es una herramienta imprescindible para la ciudadanía crítica y para prevenir que discursos autoritarios se normalicen. En comunidades como Madrid o Valencia se han detectado recortes o paralizaciones de cursos sobre el franquismo o la represión, lo que expone un riesgo: que la enseñanza de la historia reciente dependa del signo político local, y no de estándares democráticos compartidos.

Ese escenario abrió paso a la intervención del Estado. Los ministerios de Educación y Memoria Democrática han puesto en marcha un convenio para asegurar que los docentes dispongan de formación homologada, actualizada y segura ante presiones regionales. La medida no solo repara esos recortes, sino que pretende distribuir equitativamente recursos formativos allí donde se han ido perdiendo.

La memoria solo sirve si se enseña. Y enseñarla exige formación sólida del profesorado. Esa es la lógica de fondo del acuerdo: que no queden aulas huérfanas de conocimiento, sino docentes empoderados para enfrentar negacionismos o silencios.

Entre el derecho y el rechazo político

La Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incorporen contenidos de memoria histórica y derechos humanos. Pero esa previsión legal no impide que gobiernos autonómicos —al calor de discursos conservadores— retiren cursos argumentando “sesgo político”. Por ejemplo, en Madrid se anuló un curso sobre el franquismo y la memoria alegando que tenía una orientación ideológica inconsistente. Ese tipo de decisiones subrayan un conflicto político estructural: la memoria democrática no tiene aliados universales. Resistir la desmemoria exige no solo crear leyes, sino asegurar que su cumplimiento no dependa de voluntades cambiantes.

Aquí radica la importancia de la intervención estatal. No se trata de anular competencias autonómicas, sino de garantizar un mínimo formativo uniforme para el profesorado que asegure que todos los estudiantes tengan acceso al relato verificado de la historia reciente.

Un modelo piloto en Navarra con horizonte nacional

La elección de Navarra como sede del primer Encuentro de la RedMemoria no es casual. La comunidad ha construido una trayectoria reconocida en memoria democrática, asumida desde instituciones y sociedad civil en diálogo constante. Durante el evento, jóvenes recorrieron la ruta del Fuerte de San Cristóbal —escenario simbólico de represión—, participaron en talleres y debates y se comprometieron a llevar ese aprendizaje a sus comunidades.

La presidenta autonómica exhibió la colaboración interinstitucional como modelo replicable. Y el programa del encuentro se diseñó como un banco vivo de experiencias: memorias locales integradas con herramientas de democracia activa. La apuesta no se queda en la retórica: se traduce en rutas escolares, proyectos educativos y un manifiesto que busca elevar la voz juvenil como garante del recuerdo.

Ese enfoque combina la pedagogía del recuerdo con la praxis política: no basta con saber, hay que actuar. Y eso el Gobierno central lo entiende como parte de su responsabilidad.

Obstáculos reales y debatibles

No todo será sencillo. Homologar cursos exige normas claras, criterios pedagógicos rigurosos y recursos suficientes. La diversidad autonómica implica que algunos contenidos tendrán que adaptarse territorialmente sin perder su núcleo ético. Y algunos sectores podrán interpretar la formación como adoctrinamiento, lo que exigirá transparencia y participación abierta en su diseño.

Además, las redes sociales y el discurso digital demandan que la memoria no sea un módulo residual, sino un eje transversal que atraviese otras asignaturas: historia, literatura, ciudadanía. Solo así se garantiza que la memoria no quede compartimentada en un curso teórico, sino que impregne la cultura escolar.

 

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