Más pluralidad para un Congreso que ya no cabe en las reglas de 1982

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de su Reglamento para flexibilizar los requisitos necesarios para constituir grupo parlamentario propio, una modificación impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG que ha contado con el respaldo del PSOE, Sumar y la mayoría de las fuerzas minoritarias. La iniciativa salió adelante con 178 votos favorables frente a la oposición de Partido Popular, Vox y UPN.

La modificación afecta a uno de los aspectos más relevantes del funcionamiento de la Cámara. A partir de la próxima legislatura, bastará con obtener cinco diputados y el 3 % de los votos en el conjunto del Estado, en lugar del 5 % exigido hasta ahora, o alcanzar el 10 % de los sufragios en las circunscripciones donde se haya concurrido, frente al anterior umbral del 15 %. La reforma pretende adaptar el Reglamento de 1982 a un escenario político muy distinto del que existía hace más de cuatro décadas.

El debate ha sido presentado por sus detractores como una concesión a determinados socios parlamentarios del Gobierno. Sin embargo, esa interpretación deja en un segundo plano una cuestión de mayor alcance. La fragmentación del sistema político español ya no constituye una excepción coyuntural, sino una característica estructural del Parlamento surgido de las urnas. Las mayorías absolutas pertenecen, por el momento, a otra etapa política, y el Reglamento de la Cámara difícilmente podía seguir funcionando como si ese cambio nunca hubiera existido.

Disponer de grupo parlamentario propio no representa un privilegio reservado a determinadas formaciones. Significa contar con voz propia en los debates, presencia garantizada en las comisiones, participación en la Junta de Portavoces, representación en la Diputación Permanente, capacidad para formular preguntas al Gobierno y acceso a los recursos materiales imprescindibles para desarrollar la actividad parlamentaria en condiciones de igualdad. Reducir esa cuestión a un debate sobre subvenciones o tiempos de intervención simplifica una reforma que afecta directamente a la calidad de la representación democrática.

La experiencia de la presente legislatura ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema anterior. Tanto Esquerra Republicana como Junts necesitaron recurrir al préstamo temporal de diputados para cumplir unos requisitos reglamentarios que no reflejaban con precisión el respaldo electoral obtenido. Esa práctica, admitida durante años por la Mesa del Congreso, evidenciaba que el problema no residía únicamente en la interpretación de las normas, sino en unas reglas concebidas para un mapa político mucho menos diverso.

Las críticas formuladas por Partido Popular y Vox se apoyan en la idea de que la reforma responde a intereses coyunturales y beneficia a los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Toda modificación reglamentaria puede generar ventajas para unas fuerzas políticas y no para otras. La cuestión relevante consiste en determinar si el nuevo modelo ofrece una representación más fiel de la pluralidad expresada por los ciudadanos. Desde esa perspectiva, resulta difícil sostener que un partido con cientos de miles de votos deba quedar diluido en el Grupo Mixto cuando dispone de un respaldo suficiente para desarrollar una actividad parlamentaria autónoma.

Las democracias parlamentarias evolucionan al mismo ritmo que lo hace la sociedad a la que representan. España ya no responde al esquema bipartidista que inspiró buena parte de las normas aprobadas durante las primeras décadas constitucionales. Nacionalistas, regionalistas y nuevas fuerzas de ámbito estatal forman parte de una realidad política estable que exige instituciones capaces de integrar esa diversidad sin convertirla en una anomalía reglamentaria.

La reforma no altera las mayorías necesarias para aprobar las leyes ni modifica el equilibrio político surgido de las elecciones. Lo que cambia es la forma en que esa diversidad se organiza dentro de la Cámara. Un Parlamento más plural no implica un Parlamento menos gobernable. Significa, simplemente, que las reglas internas se aproximan mejor a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Ese es, probablemente, el principal alcance de una modificación que trasciende el debate partidista. El Congreso actual se parece mucho más al país que representa que al existente en 1982. Adaptar sus normas a esa transformación no supone debilitar la institución, sino reforzar su capacidad para reflejar con mayor fidelidad el pluralismo político que define hoy la democracia española.