El Gobierno ha decidido tocar la parte más sensible del sistema de protección a las víctimas de violencia machista: la que falla cuando todo lo demás ya ha fallado. Las nuevas pulseras —ahora tobilleras— no son solo un cambio de formato, sino una revisión técnica y política de un mecanismo que llevaba años acumulando alertas, sobreseimientos y desconfianza institucional.
El anuncio de las nuevas tobilleras antimaltrato llega después de un diagnóstico que nadie quería firmar en público: el sistema Cometa no estaba a la altura de la tarea que se le había encomendado. Fallos de cobertura, manipulación de dispositivos, alertas tardías y procesos judiciales que se caían por problemas técnicos. No es una cuestión menor: cada error en ese circuito se traduce en una víctima más expuesta y en un agresor con margen de maniobra.
El nuevo contrato, aprobado por el Consejo de Ministros, introduce un rediseño profundo del dispositivo: tobilleras más difíciles de manipular, baterías de mayor duración, eSIM no extraíble, sensores corporales y geolocalización autónoma. Pero el cambio relevante no está solo en el hardware. Está en la asunción explícita de que el sistema anterior falló y de que la respuesta no puede seguir siendo parchear lo existente.
Del brazalete al tobillo: una decisión nada simbólica
El paso del brazalete a la tobillera no es un detalle técnico. Los informes internos apuntaban a una manipulación relativamente sencilla de los dispositivos de muñeca, algo que había generado un rosario de incidencias judiciales y anulaciones de pruebas. La tobillera es más estable, menos visible y más difícil de sabotear sin dejar rastro, lo que refuerza la cadena de custodia tecnológica de las órdenes de alejamiento.
La novedad más relevante es la capacidad del dispositivo para seguir emitiendo señal incluso cuando el agresor deja el teléfono en casa, una práctica que había sido detectada en múltiples casos. El sistema deja de depender del cumplimiento voluntario del control y pasa a funcionar con lógica de vigilancia efectiva, no de confianza administrativa.
Sala Cometa: más personal, más responsabilidad
El rediseño no se limita al dispositivo. La Sala Cometa —el cerebro del sistema— ampliará personal, incorporará perfiles jurídicos y psicológicos y contará con un número 900 exclusivo para víctimas. No es una mejora cosmética: durante años, el cuello de botella estuvo ahí, en una sala saturada, con turnos ajustados y capacidad limitada de respuesta en situaciones críticas.
El nuevo contrato fija tiempos máximos de sustitución de dispositivos (24 horas), exige stocks mínimos y establece penalidades claras si la empresa adjudicataria no cumple. Es, en la práctica, una externalización más vigilada, consciente de que la gestión privada de un sistema tan sensible solo funciona si el Estado mantiene el control político y técnico.
El presupuesto —hasta 111 millones si se activan las prórrogas— no es solo una cifra. Es la constatación de que la violencia machista no se combate con campañas, sino con sistemas que funcionen a las tres de la madrugada, cuando no hay titulares ni comparecencias. El problema del modelo anterior no fue la falta de tecnología, sino la falta de exigencia.
El Ministerio de Igualdad ha hecho algo poco habitual: ha reconocido fallos, ha revisado procedimientos y ha elevado el listón técnico. No es una garantía absoluta —no existe en este terreno—, pero sí un cambio de paradigma: el control ya no se diseña pensando en el agresor, sino en la víctima y en el error posible.
En sistemas así, la diferencia entre funcionar y fallar se mide en segundos. Y por primera vez en años, el diseño parece haber asumido esa verdad incómoda.