Hay informaciones que obligan a revisar el relato político construido durante meses alrededor de un escándalo de corrupción. Y hay otras que, además, plantean preguntas incómodas sobre los métodos empleados para convertir una investigación judicial en un instrumento de confrontación política. La exclusiva publicada este jueves por la Cadena SER pertenece, por la gravedad de lo denunciado, a esta segunda categoría.
Según la investigación firmada por el periodista Pedro Jiménez, Koldo García asegura desde prisión que Alberto Durán, abogado que ejercía la acusación popular del Partido Popular en el caso mascarillas, participó en una propuesta para pagar su defensa judicial y entregarle hasta un millón de euros a cambio de información destinada a perjudicar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero.
La acusación es extraordinariamente grave porque, según el propio Koldo, se le habría pedido que hiciera esas declaraciones incluso mintiendo.
La SER no presenta únicamente el relato de un condenado que trata de defenderse. La emisora asegura haber consultado a otras tres fuentes conocedoras de las conversaciones que corroboran la existencia de la oferta. Eso no equivale a una sentencia ni demuestra que todos los extremos denunciados sean ciertos, pero concede a la investigación un interés público que difícilmente puede despacharse con una simple descalificación de su protagonista.
El Partido Popular y Alberto Durán niegan rotundamente la versión. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, no respondió a las preguntas de la SER.
Los 242.000 euros que ya no son una sospecha
Hay un elemento que distingue esta historia de tantas denuncias políticas construidas únicamente sobre declaraciones: existe un rastro documental de dinero.
La abogada Leticia de la Hoz entregó a la Audiencia Nacional dos facturas y los justificantes correspondientes a pagos realizados por Dos Mil Palabras, la empresa editora de OKDIARIO. Los importes ascienden a 150.000 y 50.000 euros, más IVA, hasta alcanzar un total de 242.000 euros.
La documentación acredita que la editora abonó esas cantidades al despacho que defendía a Koldo García. Lo que está discutido es la verdadera naturaleza y finalidad de esos pagos.
OKDIARIO sostiene que su relación con el exasesor respondía a un contrato mercantil de colaboración para desarrollar contenidos periodísticos, entre ellos un libro y una docuserie. Ha publicado fragmentos de ese supuesto acuerdo como respaldo de su explicación.
La SER, por su parte, sitúa los pagos en el contexto de un pacto más amplio que Koldo describe como un intento de obtener declaraciones contra dirigentes socialistas.
La coincidencia temporal añade una pregunta relevante: uno de los pagos está fechado el 27 de noviembre de 2025, el mismo día en que OKDIARIO publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este formulaba acusaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez.
El hecho de que existiera una entrevista no demuestra que sus declaraciones fueran compradas ni falsas. Pero, tratándose de una operación económica de semejante cuantía, la transparencia sobre las contraprestaciones resulta indispensable para valorar la independencia de la información difundida.
El supuesto millón: 300.000 euros por una entrevista y 700.000 por un libro
La investigación reconstruye dos reuniones celebradas en mayo de 2025 en un despacho de Madrid próximo a la sede del PP.
Según Koldo García y las fuentes consultadas por la emisora, en esos encuentros se habría discutido un acuerdo para sufragar su defensa y ofrecerle un millón de euros adicional.
La operación, siempre según ese relato, contemplaba 300.000 euros por una entrevista en la que el exasesor debía señalar a Sánchez, Begoña Gómez y Zapatero. Otros 700.000 euros corresponderían a los derechos de un libro.
Koldo asegura que posteriormente mantuvo un almuerzo con Eduardo Inda para concretar las condiciones económicas.
También sostiene que el director de OKDIARIO le indicó que recuperaría el dinero mediante publicidad institucional procedente de comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Esta última acusación merece especial atención. Si llegara a acreditarse que se pretendía utilizar dinero público para financiar una operación destinada a obtener declaraciones falsas contra adversarios políticos, la cuestión trascendería ampliamente una controversia periodística.
Pero precisamente por su gravedad no debe presentarse como un hecho probado: hasta ahora no se ha documentado públicamente que esos supuestos fondos institucionales financiaran la operación. El millón adicional, según la SER, nunca llegó a pagarse.
El PP, ante la contradicción de la credibilidad de Koldo
El Partido Popular sostiene que Koldo García miente. Tiene derecho a negar las acusaciones y a defender la actuación de su abogado. Lo que merece una explicación política es la diferente valoración que puede recibir el testimonio de una misma persona según el destinatario de sus declaraciones.
La propia Cadena SER recordó en mayo que el PP había reclamado explicaciones a Pedro Sánchez cuando Koldo afirmó haberlo oído hablar de una supuesta aportación de su suegro a las primarias socialistas. También se habían utilizado políticamente sus manifestaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de aquellas elecciones internas.
Ahora que Koldo formula acusaciones contra una persona vinculada a la representación jurídica del PP, la respuesta del partido es negar por completo su credibilidad.
La contradicción no demuestra que las nuevas acusaciones sean verdaderas. Pero sí plantea un problema de coherencia: un testimonio no adquiere mayor fiabilidad por perjudicar al adversario ni deja de tener interés por comprometer a alguien del propio entorno.
El criterio debería ser siempre el mismo: documentos, corroboración independiente y contraste.
Una pregunta que afecta también a la credibilidad del periodismo
La información de la SER introduce otro debate que no debería quedar sepultado bajo la disputa entre partidos: el papel de los medios de comunicación cuando establecen relaciones económicas con personas implicadas en procedimientos judiciales.
Una entrevista remunerada no constituye por sí misma un delito. Tampoco toda colaboración editorial pagada implica que la información publicada sea falsa. La cuestión relevante es si existen condiciones económicas capaces de comprometer la independencia del contenido, si se informa al público de los intereses concurrentes y si se exige documentación verificable para sostener las acusaciones difundidas.
En este caso, la editora ha aportado su explicación contractual, mientras que la documentación judicial acredita pagos al despacho de la defensa. Son circunstancias que requieren una reconstrucción completa, no conclusiones precipitadas.
También es necesario recordar que Koldo García ha sido condenado por el caso mascarillas. Su situación judicial obliga a examinar con especial cuidado sus afirmaciones, no a aceptarlas automáticamente como verdaderas ni a descartarlas sin contrastarlas.
El juez Santiago Pedraz, por otra parte, descartó abrir una investigación específica por los pagos documentados de la editora a la abogada. Esa decisión tampoco resuelve por sí sola la veracidad de la nueva denuncia sobre el supuesto ofrecimiento de un millón de euros.
Génova debe responder con hechos, no solo con desmentidos
Lo sucedido exige respuestas precisas sobre cuestiones perfectamente identificables: qué reuniones mantuvo Alberto Durán con Koldo García, cuál fue su contenido, si el Partido Popular conocía esos contactos, qué contratos se suscribieron con la empresa editora de OKDIARIO y cuál fue la finalidad exacta de los 242.000 euros abonados.
También resulta necesario esclarecer si existió alguna conversación sobre el pago de un millón adicional y, particularmente, si alguien llegó a plantear la utilización de publicidad institucional para recuperar ese dinero. No basta con convertir las acusaciones de Koldo en una verdad indiscutible. Pero tampoco sería riguroso cerrar el debate únicamente porque el PP las niega.
La investigación de Pedro Jiménez ha situado sobre la mesa hechos documentados, testimonios coincidentes según la emisora y una versión alternativa de los implicados que debe ser examinada con el mismo rigor.
Hay una diferencia esencial entre investigar la corrupción y tratar de fabricar acusaciones para destruir políticamente a un adversario. La primera actividad es imprescindible en una democracia; la segunda, si se demostrara, supondría una grave degradación de sus instituciones.
La pregunta que deja abierta esta investigación no es si Koldo García merece credibilidad por haber cambiado el sentido de sus acusaciones. La pregunta es si alguien intentó comprar esa credibilidad y utilizarla contra un Gobierno. Y esa es una cuestión que merece pruebas, explicaciones públicas y todas las comprobaciones necesarias, afecte a quien afecte.
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