Tras trece años de instrucción y una cadena de aplazamientos, el juicio a la familia Pujol abre una grieta en la coraza que durante décadas protegió un modelo de poder que mezclaba instituciones, partido y economía. El proceso llega con el patriarca en un estado de salud incierto, pero con el resto del clan y una decena de empresarios obligados a responder por una presunta red destinada a obtener, ocultar y blanquear capitales procedentes de favores políticos.
El trasfondo de una causa que desborda lo penal
La relevancia de este juicio trasciende la responsabilidad individual. Lo que se somete a examen es una manera de concebir el poder durante los años de hegemonía convergente, cuando el liderazgo de Jordi Pujol se convirtió en el eje articulador de la vida institucional catalana. La instrucción apunta a que durante ese largo periodo se confundieron intereses públicos y privados hasta erigir un patrimonio familiar cuya magnitud contrasta con la falta de transparencia y con la continuidad temporal del ocultamiento. La investigación, de hecho, se disparó cuando la expareja de Jordi Pujol Ferrusola relató a la policía los movimientos de grandes cantidades de efectivo entre Andorra y España. A partir de ahí, la maquinaria judicial empezó a desenredar un modelo que, según la acusación, combinaba favores, adjudicaciones y cobro de comisiones en paralelo a la actividad política.
Los cimientos del entramado familiar
El caso reconstruye un funcionamiento interno que, según los investigadores, presentaba rasgos de estructura organizada. La presunta red se apoyaba en sociedades creadas sin actividad real, diseñadas para canalizar pagos y justificar servicios inexistentes. La pieza central del relato acusatorio es la acumulación de fondos en Andorra a lo largo de décadas, fondos que se movían de una entidad bancaria a otra conforme avanzaban las investigaciones y crecían los riesgos. La simbología hallada en documentos intervenidos —como la alusión de Marta Ferrusola a sí misma como “madre superiora” para ordenar transferencias— revela una naturalidad inquietante en la gestión de un patrimonio que, según las acusaciones, se nutría de decisiones políticas que afectaban a empresas y territorios. Para los fiscales, los hijos participaron de forma consciente en la conservación y circulación del dinero, cada uno con un papel específico. La figura del primogénito aparece como eje operativo, responsable de administrar los fondos, multiplicarlos y sostener el sistema de empresas interpuestas.
La salud del patriarca y el juego procesal
El juicio se inicia condicionado por el estado de Jordi Pujol, que a sus 95 años acaba de superar una neumonía y presenta un deterioro cognitivo apreciable. Los forenses consideran que no está en condiciones de afrontar una vista oral ni de ejercer adecuadamente su defensa. La Audiencia Nacional ha optado por convocarlo por videoconferencia al inicio del juicio para evaluar personalmente su situación, un paso que puede resultar decisivo para determinar si queda o no fuera del procedimiento. Este elemento coloca al tribunal en una posición difícil: excluirlo podría restar fuerza simbólica a una causa cargada de expectativas públicas, pero mantenerlo sin garantías abre la puerta a cuestionamientos posteriores. Más allá de su participación, lo sustancial está en las responsabilidades atribuidas a sus hijos y en la reconstrucción de un sistema que se presume diseñado para operar con continuidad, más allá de la figura del expresidente.
La dimensión penal y lo que se juega en el juicio
Las peticiones de pena reflejan la ambición del procedimiento. El hijo mayor afronta casi treinta años de prisión; su exmujer, más de quince; otros hermanos, en torno a ocho años. La fiscalía reclama cifras elevadas en multas y responsabilidades económicas destinadas a restituir el dinero que se considera ilícitamente obtenido. Los empresarios implicados, señalados como engranajes necesarios del blanqueo y la falsificación documental, pueden ser condenados hasta cinco años. Las diferencias entre fiscalía y Abogacía del Estado sugieren matices en la valoración de los hechos, pero ambas coinciden en que existió una operativa opaca sostenida durante décadas. La defensa insiste en la supuesta herencia del abuelo Florenci, una explicación que nunca se ha documentado y que, según las acusaciones, no resiste el análisis de los movimientos bancarios ni la magnitud del patrimonio oculto.
Un proceso que explora los límites entre poder y responsabilidad
El juicio se alargará hasta la primavera, con más de 250 testigos llamados a declarar. Será un recorrido por varias etapas de la vida política catalana, desde los años del pujolismo hegemónico hasta las últimas décadas de recelos institucionales y reformas inacabadas. En el fondo, lo que se disputa es la capacidad del sistema democrático para desentrañar dinámicas de poder que operaron con impunidad durante demasiado tiempo. El tribunal tendrá que navegar entre la complejidad jurídica y la responsabilidad histórica de iluminar lo que durante años se sostuvo en la penumbra.