Prosigue el incesante goteo de titulares de prensa sobre los documentos desclasificados del 23F. Sin embargo, pese a que una legión de periodistas anda con la lupa noche y día, como exégetas del pasado, sigue sin aparecer nada nuevo que cambie el curso de la historia. Hay algunas transcripciones supuestamente reveladoras, como lo que Juan Carlos I le dijo al conjurado Milans del Bosch en las horas más críticas del golpe: “Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente; después de este mensaje ya no puedo volverme atrás”. Pero todo son interpretaciones subjetivas de los historiadores críticos con la versión oficial, nada definitivo, contundente o demoledor como para darle un vuelco a la historia.
Es obvio que el Estado (no solo Pedro Sánchez) le ha dado al pueblo un puñado de viejos papelorios –muchos de ellos sin firmar, sin sello del organismo competente y podridos por la humedad– solo con una finalidad: blanquear la imagen de Juan Carlos y prepararle el retorno a España desde su exilio dorado en Abu Dabi. Estamos, por tanto, en una especie de operación monárquica para que el rey emérito pueda volver al país ante los rumores sobre su delicado estado de salud, y de paso apuntalar un sistema, el bipartidista, que hace aguas por todas partes. Los papeles desclasificados del golpe, lejos de indagar en los hechos y de ser el filón antimonárquico definitivo, han devenido en un burdo montaje con el fin de reescribir la historia hasta que los españoles entren en razón, se dejen de tentaciones republicanas y vuelvan a ver al patriarca de la Transición como el santo que nunca fue. No hay que ser muy listo para entender que alguien ha recortado los archivos secretos del Estado. La censura ha hecho un trabajo a conciencia. Se ha hurtado información, se han ocultado informes, se ha destruido una parte esencial del material. Le han dado al pueblo unas migajas de verdad, unos papeles y grabaciones que interesaban a los poderes fácticos empeñados en preservar lo poco que queda ya de aquel cuento de hadas sobre un rey bueno, valiente y solo ante el peligro enfrentado a unos malvados pistoleros con tricornio.
La burda maniobra pactada por PSOE y PP quedó al descubierto cuando no habían pasado ni 24 horas desde que los papeles confidenciales llegaban a las redacciones de los periódicos y Feijóo ya pedía, de forma grandilocuente, el regreso del viejo monarca. Podían haber disimulado un poco. Podían haber dejado pasar un par de semanas al menos, siquiera por mantener las formas. Pero el emérito tiene urgencias vitales. Sabe que el tiempo se le acaba. Sufre achaques por doquier, le cuesta moverse por sí mismo y en Abu Dabi empezaba a sentirse abandonado, recluido en una jaula de oro. El miedo a la soledad es el peor de todos los miedos. Y luego está la gran obsesión de Juan Carlos: un deseado funeral de Estado que lo coloque en el lugar que él cree le corresponde. Para bien o para mal, el mayor patrimonio de un rey es, ante todo, su orgullo. Las presiones que en los últimos meses ha ejercido sobre su hijo, Felipe VI, para ver satisfechas sus últimas voluntades, han sido brutales. Ha filtrado titulares maliciosos a la prensa, se ha saltado las prohibiciones de Zarzuela para asistir a las regatas de Sanxenxo, ha escrito libros ajustando cuentas con la familia y reivindicando el papel de Franco. Todo este chantaje emocional ha terminado dando resultado. Casa Real ha cedido ante el borbón terco y cabezota y PSOE y PP han optado por no meterse en líos institucionales, dejándolo todo en manos de Zarzuela, como un problema interno de la monarquía. Se han quitado la patata caliente de encima, como suele decirse.
La alfombra roja para el retorno del rey ya está puesta. Juan Carlos I volverá más pronto que tarde y lo recibirá una corte de aduladores y palmeros. La Justicia ha tapado sus fraudes fiscales, los escándalos sexuales han amainado y fluye una corriente de opinión, difundida por la caverna mediática, para crear el ambiente propicio. Sin embargo, el regreso no será el final del problema ni el final de la historia, sino solo el principio. Hay demasiados inconvenientes para la estabilidad del país en una operación altamente peligrosa y arriesgada. Primero, el asunto de la residencia, es decir, dónde va a vivir el emérito. En Zarzuela no puede quedarse, porque un defraudador al fisco, por muy inviolable que sea, da mala imagen a la Familia Real. Felipe VI no está por la labor de esa mudanza en palacio, mucho menos la reina Letizia, que no se lleva con el suegro. Podrían aparcarlo en el El Pardo, entre los fantasmas del franquismo, en un parador de Patrimonio Nacional, o algo peor: podrían darle un piso de VPO como esos del escándalo del PP de Alicante. En fin, sin comentarios.
En segundo lugar, está la cuestión de los actos oficiales. ¿Se le ofrecerá una agenda de representación institucional, con paguita, a un exjefe de Estado salpicado por graves casos de ilegalidades tributarias? Sería un delirio, además de una ruina para la marca España. Y, en tercer lugar, la seguridad nacional. El retorno del rey crispará aún más los ánimos ya encendidos de las dos Españas. Además, dos reyes bajo el mismo cielo de un solo país podría provocar distorsiones y disfunciones, como la división del pueblo en dos grandes banderías, juancarlistas versus felipistas, algo que parece cosa de la Edad Media pero que, visto el momento distópico en el que nos encontramos, podría ocurrir perfectamente. Dos miembros de la realeza enemistados por cuestiones de trono no es buen asunto, sería fuente de pugna y conflicto constante, y en España sabemos bien cómo terminan esas cuestiones de linajes (ya tuvimos un siglo de mala experiencia con las guerras carlistas). Se mire por donde se mire, lo del emérito es un embrollo monumental. Tiene mala solución y muy mala pinta.