Pocas intervenciones logran romper el ruido en un Congreso fatigado por la refriega diaria. La del diputado Félix Alonso sobre el IRPH, pronunciada en la Comisión de Derechos Sociales, lo hizo. No por su volumen, sino por su arquitectura moral. Fue una pieza de política con propósito, una excepción en un ecosistema institucional dominado por el tacticismo, el sectarismo y el enfrentamiento.
Su intervención, lejos del ritual parlamentario, se inscribió en la tradición de los discursos que intentan reencuadrar una crisis estructural como un momento de responsabilidad colectiva. El tono recordaba a los grandes ensayos políticos: una combinación de memoria histórica, rigor técnico y brújula ética.
Recordatorio incómodo
Alonso comenzó “con el peso de la deuda de más de 400.000 familias que perdieron su hogar” durante la crisis. A diferencia de quienes han tratado de pasar página, el diputado se internó deliberadamente en el territorio incómodo del recuerdo. Habló también del “peso de otra deuda, los 74.000 millones que los bancos rescatados aún tienen con este país”.
No era nostalgia doliente. Era el marco de su tesis: España no ha cerrado el ciclo de responsabilidad tras el colapso financiero, y el IRPH es la última expresión de un patrón de desequilibrios entre entidades y ciudadanos.
Su denuncia fue directa: “Más de un millón de hipotecados en IRPH no firmaron una cláusula compleja, firmaron un expolio calculado.” El cálculo, añadió, tenía traducción práctica: 150 euros más al mes durante años, un sobrecoste estructural que miles de familias todavía cargan.
Discriminación institucionalizada
El corazón analítico de su discurso giró en torno a un hecho que Alonso sintetizó como una “discriminación premeditada”. Según explicó, la circular 5/94 del Banco de España, diseñada para corregir las desventajas del IRPH mediante diferenciales negativos, sí se aplicó a administraciones públicas, pero casi nunca a clientes particulares. “Mientras el Estado tuvo un trato justo, a los ciudadanos se les dejó desprotegidos”, afirmó.
La comparación no es técnica; es política. Y es aquí donde su discurso identificó una asimetría sistémica, no una simple irregularidad contractual.
La crítica al Tribunal Supremo fue igualmente contenida pero firme. Alonso calificó la jurisprudencia como una “lotería jurídica inhumana”, donde el futuro de una familia depende de si su contrato menciona la circular 8/90 o la 5/94.
El IRPH, un ecosistema entero
El diputado evitó el reduccionismo: “El IRPH no es un caso aislado, es el último eslabón de una cadena de abusos”. Enumeró un repertorio que forma parte ya de la memoria económica española: cláusulas suelo, swaps tóxicos, hipotecas multidivisa.
Cada uno de esos episodios, recordó, terminó con los tribunales españoles o europeos dando la razón al consumidor.
Su tesis implica algo más profundo: la banca española ha operado durante décadas con un marco de incentivos que favorece la opacidad, y el Estado ha fallado repetidamente en equilibrar la balanza.
El horizonte del alquiler
El salto al mercado del alquiler no fue tangencial. Alonso lo conectó con una regularidad histórica: cuando los mecanismos de protección fallan, el coste lo asumen siempre los mismos. “En 2026 vencen más de 630.000 contratos de alquiler. Si no actuamos ya, miles de familias pueden sufrir subidas del 20, 30 o incluso el 40%”, sentenció.
Cambiar la lógica del sistema
Lejos de quedarse en la denuncia, Alonso presentó una senda institucional: un informe técnico exhaustivo, con tres objetivos muy claros. En primer lugar, revisar si la doctrina del Supremo se ajusta al TJUE. En segundo término, determinar si el IRPH se calculó de forma distorsionada. Finalmente, esclarecer por qué un mecanismo protector válido para administraciones fue negado a ciudadanos.
Lo definió con precisión británica: “Esto no es un informe contra nadie, es un informe a favor de la verdad, la equidad y la justicia.”
Reconstruir confianza institucional
En tiempos de hiperpolarización, el mensaje de Alonso introdujo algo escaso: la idea de que las instituciones pueden corregir desequilibrios estructurales si actúan con rigor y voluntad política.
El cierre fue uno de los pasajes más potentes: “La votación de hoy es un voto para decirle a más de un millón de familias que su expolio nos importa”. A las derechas, tanto españolistas como nacionalistas, les importaron muy poco esas familias.
Es un tipo de política que vuelve a situar en el centro a quienes normalmente habitan al margen del debate. Un recordatorio de que el Parlamento puede ser algo más que un teatro de confrontación. El discurso de Félix Alonso no fue solo una denuncia. Fue una arquitectura de responsabilidad pública, un intento de elevar el estándar moral y técnico del debate económico español.
En un momento donde la conversación pública oscila entre la desafección y el cinismo, su intervención recuerda que aún es posible articular una política orientada al bien común, con datos, memoria y propósito.