La flotilla Global Sumud, con más de 40 embarcaciones y medio millar de personas, ha sido interceptada por fuerzas israelíes lejos de sus aguas jurisdiccionales. Entre los detenidos, decenas de ciudadanos españoles. La Fiscalía pide datos para esclarecer si el ataque se inscribe en el contexto más amplio de crímenes de guerra.
No fue defensa, fue bloqueo
No hay amenaza militar en un cargamento de medicinas, alimentos y observadores internacionales. No hay riesgo estratégico en una flota civil que avanza de forma pacífica hacia un territorio sitiado desde hace casi dos décadas. Pero aún así, Israel respondió con fuerza desproporcionada: cañones de agua contaminada, incomunicación forzada, detenciones arbitrarias. El operativo tuvo lugar en aguas internacionales. El detalle es jurídicamente relevante: no se trató de una acción defensiva, sino de una interceptación extraterritorial sobre población civil.
El gobierno de Netanyahu la ha llamado “provocación”. Es un término que condensa su estrategia: convertir cualquier gesto humanitario en acto hostil, redefinir la cooperación como sabotaje, encubrir la persecución bajo la semántica del orden. A quienes llevaban ayuda, los ha tratado como delincuentes. A quienes los esperaban en Gaza, como rehenes de su propio encierro.
La justicia se abre paso
La Fiscalía española no ha dejado pasar el hecho. La interceptación de la flotilla ha sido incorporada a las diligencias abiertas el pasado 18 de septiembre para investigar posibles crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza. Se ha solicitado información clave: el pabellón de los barcos, las coordenadas de la operación, la nacionalidad de los afectados y el tipo de asistencia consular que se ha proporcionado a los españoles a bordo.
La investigación parte de elementos que ya estaban siendo analizados por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, encabezada por Dolores Delgado. Hay informes policiales, testimonios de testigos protegidos, y documentación sobre ataques sistemáticos contra población civil, que podrían encajar en los artículos del Código Penal español que regulan los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. La voluntad de la Fiscalía es clara: preservar pruebas y ponerlas a disposición de los tribunales internacionales competentes.
Un Estado cada vez más impune
Israel no solo intercepta embarcaciones en aguas internacionales. También bloquea sistemáticamente la entrada de ayuda en Gaza, bombardea zonas residenciales, y persigue a activistas, periodistas y trabajadores humanitarios. Las ONG que intentan documentar las violaciones de derechos humanos son acusadas de connivencia con el enemigo. La comunidad internacional observa, pero apenas reacciona. En este contexto, cada paso judicial importa. Porque frente a la maquinaria de propaganda y silencio, la justicia se convierte en un reducto de verdad contrastada.
No es la primera vez que Israel actúa fuera de sus fronteras como si no existieran límites. La militarización de su diplomacia, el desprecio abierto a las resoluciones internacionales, la confusión deliberada entre seguridad y castigo, forman parte de una estrategia prolongada para blindarse de toda rendición de cuentas. El caso de la flotilla es un eslabón más en esa cadena de acciones ilegales convertidas en rutina.
España no puede mirar a otro lado
Más de 50 españoles estaban a bordo. La respuesta no puede limitarse a gestiones consulares. La implicación jurídica ya está en marcha, pero queda aún el plano político y diplomático. Las relaciones bilaterales con Israel no pueden mantenerse intactas mientras se vulnera de forma tan flagrante el derecho internacional. El uso de la fuerza contra civiles desarmados en alta mar es una violación gravísima. No es un conflicto de versiones, ni un malentendido diplomático. Es una acción deliberada contra la solidaridad.
En su comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí ha zanjado la operación con una frase: “La provocación ha terminado”. El problema es que no ha terminado nada. Ni la masacre en Gaza, ni el cerco informativo, ni la criminalización de quienes intentan romper el bloqueo con medios pacíficos. Lo que sí ha empezado —y debe continuar— es el escrutinio judicial. Y ahí, al menos, no hay margen para eufemismos.