La regularización extraordinaria de personas migrantes ha tenido un efecto inesperado: no solo ha tensado a la derecha política, sino que ha vuelto a dejar a la Iglesia española hablando en dos voces. Mientras una parte de la jerarquía saluda la medida como un avance de dignidad, otra la impugna con un lenguaje que recuerda más a la gestión de cupos que al mandato evangélico. No es un debate nuevo, pero sí especialmente revelador del momento.
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, escribió en redes sociales que “todos no caben”. La frase, tan simple como contundente, condensó una visión de la inmigración como problema de capacidad y no como realidad social ya existente. En su mensaje, Sanz citaba el Evangelio —“fui extranjero y me acogisteis”— para, acto seguido, introducir el matiz: hay que acoger, sí, pero con límites, con filtros, con lo que él llama “medidas sensatas”. El problema es que la sensatez, en este caso, no se explica: se enuncia.
La intervención del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, fue aún más política. Acusó al Gobierno de utilizar a los migrantes como “moneda de cambio” y criticó la vía del decreto, reclamando un debate parlamentario con “matices convenientes”. El reproche no iba tanto al fondo de la medida como a su forma, aunque el tono sugería una desconfianza más profunda: la regularización no como política pública, sino como maniobra.
El lenguaje del límite
Hay algo que se repite en ambas intervenciones: el lenguaje del límite. No el de los derechos, ni el de la realidad laboral, ni el de la integración —que es donde se juega de verdad la política migratoria—, sino el de la capacidad abstracta de un país que, según estos obispos, ya estaría lleno. Es un argumento viejo, pero sigue funcionando porque desplaza el debate: no se habla de personas que ya trabajan, cotizan o cuidan, sino de una masa hipotética que “no cabe”.
Los datos oficiales desmienten esa premisa. España necesita población activa, especialmente en sectores donde la demografía nacional no llega. La regularización no trae a nadie nuevo: ordena lo que ya existe. Pero ese matiz parece irrelevante para una parte de la jerarquía, que sigue pensando la migración en clave de amenaza potencial y no de estructura económica.
La contradicción se hizo más visible cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, celebró la medida como un “reconocimiento de la dignidad humana”. Argüello incluso admitió que el decreto llega tarde. Dos lecturas dentro de la misma institución, dos Iglesias superpuestas: una que acompaña y otra que administra el miedo con palabras suaves.
Caridad sin derechos
No es casual que el discurso crítico de los obispos aparezca siempre envuelto en referencias morales. Se habla de acogida, pero no de derechos; de generosidad, pero no de igualdad jurídica; de compasión, pero no de ciudadanía. La regularización, precisamente, rompe ese marco: deja de tratar a las personas como receptoras de caridad y las convierte en sujetos de derecho. Ahí está el verdadero conflicto.
La Iglesia española ha construido durante décadas un potente entramado asistencial en torno a la migración, pero le cuesta asumir el paso siguiente: que la inclusión no depende de la buena voluntad, sino del BOE. Cuando el Estado actúa, parte de esa intermediación simbólica se diluye, y con ella, un cierto control del relato.
La reacción de Sanz y Munilla no es anecdótica. Forma parte de una resistencia más amplia a perder el monopolio moral sobre la acogida. Por eso el debate se desplaza a la forma, al momento, a la oportunidad política. Nunca al fondo: qué país se construye cuando se regulariza a quienes ya sostienen una parte del país.
La Iglesia, que tantas veces ha pedido humanidad en las fronteras, ahora parece pedir contabilidad dentro. Y en esa operación, el Evangelio queda reducido a cita previa, mientras la política real —la que ordena, protege y reconoce— sigue avanzando sin pedir permiso.