En ámbitos deportivos se quejan de la lentitud con que se está desarrollando la instrucción del Caso Negreira que, según los analistas, “está afectando a la imagen del futbol. Demasiado tiempo para un asunto que ha envilecido el mundo del arbitraje”. Y hacen comparaciones que no tienen sentido. Dicen que “las federaciones han reducido plazos hasta el límite para asegurar la inmediatez de los castigos: quien infringe la ley un domingo no juega el siguiente. Salirse de eso se entiende como adulterar las competiciones. De ahí que la dilación del caso impida dormir en paz al fútbol hasta que un tribunal no resuelva”. De este tipo de comparaciones se desprende la escasa formación jurídica que tienen los comentaristas deportivos. La justicia en España es garantista y un proceso puede durar una eternidad incomparable con la justicia deportiva porque los criterios son radicalmente diferentes. El caso en el que se investiga el pago de 7,5 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitraje tiene muchas aristas que deben resolver los instructores. Ahora, el hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, aporta un testimonio ante la jueza número 1 de Barcelona que instruye la causa, que contradice las versiones de su padre y de los directivos del Barça imputados. Alega que él sólo facturó 70.000 euros por informes arbitrales documentados en las temporadas 2012-2013 y 2017-2018. El resto, esos 7 millones y medio, “era cosa de mi padre” aunque no es capaz de justificar que los ingresasen a nombre de una sociedad en la aparece como administrador único. Los indicios empiezan a ser evidentes. Ahora sólo queda saber lo que dice Joan Laporta en un interrogatorio que tendrá lugar en noviembre y, salvo sorpresa de última hora, las diligencias quedarán listas para examinarlas en juicio.
Es verdad que la causa ha pasado por tres jueces. Silvia López inició la instrucción después de que en mayo de 2022 la fiscalía anticorrupción recibiese los resultados de una inspección de la AEAT sobre pagos del Futbol Club Barcelona al vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, que no obedecían a ningún trabajo real. Negreira afirmó ante Hacienda que el club le pagaba para asegurarse arbitrajes “neutrales”, que no le perjudicasen en el terreno de juego. En julio de 2023, el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se hizo cargo de las diligencias hasta que se jubiló, este último verano. Su plaza la ha ocupado Alejandra Gil a la que no le ha quedado más remedio que prorrogar la instrucción seis meses más. Aguirre se ocupó poco de la marcha de la causa. Se centró en otros asuntos que le dieron fama mediática como es la Operación Voloh , una supuesta trama de financiación del proceso independentista en la que se implicaron a personajes del círculo cercano a Puigdemont y que ha acabado por ser neutralizada en gran medida por la Audiencia de Barcelona. Pero Aguirre, un magistrado controvertido, tuvo que resolver no solo los habituales recursos que acaban en la Audiencia Provincial sino también extraños manejos como es el retraso de la declaración de Enríquez Negreira “por pérdida de memoria”. El juez concluyó que conserva las facultades mentales como para ser enjuiciado. Y, al final, tuvo que presentarse.
Pero es que, además, todavía queda por resolver si el juzgado se hace cargo de la querella presentada por el árbitro de fútbol, Xavier Estrada Fernández, el 10 de marzo de 2023 que paralizó las actuaciones del fiscal. Un rompecabezas del que todavía quedan muchos puntos por resolver. Y esa circunstancia es la que ha provocado el retraso del que se quejan los comentaristas deportivos. Un retraso lógico desde el punto de vista judicial en el que lo principal, está en constatar la existencia de esos informes que, según el Futbol Club Barcelona, también imputado en la causa, sirvieron para pagar al dirigente arbitral. De ahí que cobren especial interés los testimonios de los entrenadores, Luis Enrique Martínez, y Ernesto Valverde, para saber si ellos llegaron a tener en sus manos esa documentación que la fiscalía rechaza.
El ministerio público cree que a Enríquez Negreira, el Futbol Club Barcelona le pagó para que el comité de competición, ente responsable de las sanciones disciplinarias a los jugadores, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, para que el club dispusiera de un interlocutor con la Real Federación Española de Futbol, que recomendara qué tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras algún partido e informar o avisar de cualquier visita institucional de la RFEF o del CTA. Y, por último, para mantener informada a la entidad de posibles intereses o desavenencias entre la RFEF y la patronal de los clubes, la Liga de Futbol Profesional.
El hijo del exdirigente arbitral, Javier Enríquez Romero ha desmontado la versión tanto de su padre como del Futbol Club Barcelona. Los más de 7 millones y medio de euros abonados por la entidad entre 2001 y 2018 no fueron por los informes arbitrales que él redactaba sino por otros conceptos que desconoce. Esta versión desmonta la del actual presidente, Joan Laporta, quien, en un acto con puesta en escena incluida, justificó los pagos como contraprestación por los informes elaborados por el hijo del entonces presidente del máximo organismo de los árbitros. Javier fue más allá en su declaración y acusó a su padre y al Barça de corrupción “al haber mantenido una relación poco ética”. Dice que le pidió explicaciones a su padre y que le contestó de mala manera: “no es asunto tuyo”.
El testimonio de Javier Enríquez va a ser fundamental para sostener la tesis del fiscal que quiere que en estos seis meses de prórroga de la instrucción se cierre el asunto. Sólo quedan los interrogatorios referidos, los de los entrenadores del primer equipo y el del actual presidente, Joan Laporta, el cual se ha librado de ser imputado porque ya ha caducado la época en la que estuvo de primer mandatario con el dirigente arbitral en “nómina”.
Ahora es el momento de que empiecen a actuar los organismos internacionales. FIFA y UEFA deberán pronunciarse. Sus dirigentes dijeron que esperarían a conocerse el resultado de la investigación judicial. El organismo europeo tiene abierto un expediente disciplinario y puede actuar de forma independiente a las autoridades nacionales si considera que los hechos afectan a la credibilidad de sus competiciones. A diferencia de la normativa española, sus sanciones no están necesariamente limitadas por los mismos plazos de prescripción.