La UCO ha pedido al juez Pedraz que reclame a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC. El caso Leire, la fontanera de Ferraz que presuntamente trabajaba para frenar investigaciones y causas judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez, puede darle a la UCO el premio gordo de la cacería que iba buscando con insistencia: las preciadas cuentas del partido socialista. Nunca una agente torpe hizo tanto por el enemigo.
Han sido numerosos los casos que han estallado en los últimos meses, pero hasta ahora los agentes no habían atravesado el Rubicón de pedir los libros de contabilidad de Santos Cerdán. Ya los tienen. Y el asunto no es menor, ya que los socios del Gobierno de coalición han puesto una condición para no dejar caer al actual Consejo de Ministros: que no llegue a demostrarse financiación ilegal en el seno del PSOE. Si eso llegara a ocurrir, el Ejecutivo caería a los cinco minutos. Gabriel Rufián lo ha dicho por activa y por pasiva: Esquerra romperá con Sánchez si las cuentas de Ferraz no cuadran.
Estamos ante un momento crítico, dejen paso a la Guardia Civil. La caverna mediática aprieta el acelerador del bulo; la Justicia no cede; Feijóo busca en Junts, en el PNV y hasta debajo de las piedras los cuatro votos que le faltan para su ansiada moción de censura revancha. De momento, los partidos nacionalistas se resisten a los cantos de sirena del PP. Entregarse a Génova sería tanto como hacerse el harakiri ante Vox, el socio preferente que ha amenazado con promover la ilegalización del nacionalismo en nuestro país. Más claro no ha podido decirlo el lehendakari vasco, Imanol Pradales, quien recuerda que los ultras de Abascal se caracterizan por “cuestionar las instituciones del autogobierno vasco, el Estado de las autonomías y la propia identidad vasca”, así que tiene las “alarmas encendidas”. Todo el mecano del sanchismo, la legislatura misma, pende a esta hora de un hilo frágil: las cuentas del PSOE, las cuentas del PSOE, un mantra febril que corre por el cuartel de la UCO y que se ha convertido en una auténtica obsesión para los investigadores, conscientes de que tienen al Gobierno rojo cautivo y desarmado. En la unidad anticorrupción de la Benemérita todos se han puesto manos a la obra, han tocado a rebato, tricornios relucientes y cornetas al amanecer. El que pueda hacer que haga. La consigna, el santo y seña: encontrar la maldita financiación ilegal como sea, porque Sánchez no puede llegar vivo a las vacaciones de verano. Si lo hace, si sobrevive al incendio, el asunto Leire se enfriará, llegará el otoño, las aguas se calmarán, los socios indepes y de la izquierda real volverán relajados de las frescas playas del norte y la legislatura tendrá todavía algo de recorrido. La coalición de izquierdas no puede volver a ganar, ya lo ha dicho Aznar, porque si lo hace, el sistema constitucional quebrará. Nunca las palabras del gurú del PP sonaron tan antidemocráticas, tan a tejerazo barato.
Hay furia en el Instituto Armado, una euforia antisanchista que viene de los tiempos del procés, de los indultos y de la ley de amnistía a los políticos catalanes implicados en la intentona de secesión. Vuelve el “a por ellos, oé” de los piolines. Tampoco ayuda demasiado a la Moncloa la falta de medios de los agentes, las condiciones laborales en ocasiones pésimas, el abandono que sufre el cuerpo en su lucha contra los narcos asesinos en aguas del Estrecho. Qué mejor ejemplo de esa ojeriza visceral antigubernamental que el último comunicado de asociaciones como AUGC. El sindicato urge la inmediata comparecencia parlamentaria de Marlaska y la directora general de la Guardia Civil por las supuestas reuniones con Leire. “No pueden seguir callados más tiempo. Tienen obligación de comparecer, informar y dar explicaciones”, asegura. Y chitón.
Sánchez se empeña en que la legislatura se agote, pero aquí lo único que se agota es la paciencia picoleta. Hay runrún en los cuarteles, olor a pólvora, ruido, y no necesariamente de sables o por la maquinaria de las tanquetas arrancando y poniéndose en marcha. Esta es una rebelión de papel timbrado, funcionarial, burocráticamente eficaz. Sánchez en una pesadilla kafkiana verde oliva de la que no puede despertar.
Así las cosas, expertos en derecho advierten de que la UCO podría incurrir en una investigación prospectiva contra el PSOE, la última de un aluvión de dosieres e informes que han terminado siendo letales para el Gobierno. Una unidad de élite de la Guardia Civil que toma las riendas judiciales y políticas ante un juez que se abstiene, que deja hacer, que mete la cabeza bajo el ala y se pone la venda en los ojos mientras revienta el país, se parecería demasiado a un siniestro Estado policial. Más después de escuchar a ese mando que ha acusado al teniente coronel Balas de “hacer lo que le sale de los huevos”. En un Estado de derecho, no debería ser la policía la que pidiera pruebas periciales económicas de un investigado. Tendría que ser el propio juez de instrucción el que tomara esa decisión a la vista de los indicios que le aportan los agentes. Pero en este país hace ya tiempo que se cruzaron todas las líneas rojas del respeto a los derechos de los investigados. Se especula y se conjetura en los informes oficiales, se filtran bulos y noticias fake a la prensa, se inventan y exageran titulares ilustrándolos con el papelito de turno bajo el sello de la espada desnuda, el haz de lictores, el hacha y la corona real. Se condena a un fiscal general del Estado sin pruebas y se lleva al banquillo de los acusados al hermano o a la esposa del presidente del Gobierno por cualquier menudencia o tontería. Poca broma con la Guardia Civil, porque cuando los tricornios intervienen, tiembla el Gobierno. Y tiembla España.