España llevaba años hablando de los lobbies sin disponer de una regulación estatal que permitiera conocer con suficiente claridad quién intenta influir en las decisiones públicas, ante quién lo hace y qué intereses representa. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley sobre transparencia e integridad de los grupos de interés que pretende cerrar ese vacío y ordenar por primera vez de manera general sus relaciones con la Administración General del Estado.
El paso llega después de que el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo a las Cortes a comienzos de 2025 quedara atascado en el Congreso. Aquel texto ya incluía buena parte de los instrumentos que ahora recupera el Gobierno, entre ellos la definición de las actividades de influencia, un registro público, un código de conducta, la denominada huella normativa y un régimen sancionador.
La elección del decreto permite desbloquear una regulación largamente aplazada, pero no evita el trámite parlamentario. El Congreso deberá convalidarlo, de modo que el Ejecutivo tendrá que reunir los apoyos necesarios para mantenerlo en vigor.
Bruselas llevaba tiempo reclamando avances. La Comisión Europea señaló todavía el pasado julio que España había progresado poco en este terreno precisamente porque la ley continuaba pendiente de aprobación parlamentaria. Organismos como el GRECO y la OCDE también han insistido durante años en la conveniencia de regular una actividad que forma parte habitual de las relaciones entre los poderes públicos y numerosos intereses económicos y sociales.
Saber quién intenta influir
El lobby no constituye por sí mismo una práctica irregular. Empresas, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones profesionales, ONG y otros colectivos trasladan legítimamente sus posiciones a quienes elaboran leyes o toman decisiones públicas. Forma parte del funcionamiento ordinario de cualquier democracia compleja. El problema empieza cuando esa influencia permanece fuera de la vista de los ciudadanos.
La nueva regulación delimita quién puede ser considerado grupo de interés, qué actuaciones entran dentro de las actividades de influencia y qué cargos y empleados públicos quedan sujetos a sus previsiones. Su principal instrumento será un registro estatal público y obligatorio para quienes pretendan desarrollar esas actividades ante la Administración.
Allí deberá constar la identidad de los grupos, su representación y su actividad, además de información sobre sus fuentes de financiación. El modelo contempla también la posibilidad de conectar el registro estatal con los existentes en otras administraciones, algunas de las cuales llevan años por delante del Estado en esta materia.
El retraso no era desconocido para el propio Ejecutivo. El V Plan de Gobierno Abierto reconocía expresamente la existencia de un vacío normativo estatal y relacionaba su corrección con la prevención de conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción.
El rastro que dejan en las leyes
Uno de los cambios más interesantes afecta a algo que hasta ahora resultaba difícil de reconstruir desde fuera de la Administración. Cuando un grupo de interés intervenga para influir en la elaboración de una norma, su participación deberá dejar rastro. Es la denominada huella normativa.
Las leyes no llegan terminadas al Boletín Oficial del Estado. Antes han pasado por ministerios, consultas, reuniones y procesos de negociación en los que pueden participar empresas, sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones y entidades sociales. Todas ellas tienen derecho a defender sus posiciones. El ciudadano también debería poder conocer quién lo ha hecho y qué argumentos ha trasladado a quienes finalmente redactan las normas.
El proyecto que permanecía bloqueado en el Congreso ya preveía que esas intervenciones quedasen recogidas en un informe, con identificación del personal público que hubiera mantenido los contactos y de las aportaciones formuladas durante el proceso.
La regulación incorpora además un código de conducta y un régimen de infracciones leves, graves y muy graves, acompañado de las correspondientes sanciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá funciones de supervisión dentro del nuevo sistema.
El decreto se incorpora a una agenda más amplia de integridad pública impulsada por el Ejecutivo. A finales de julio, el Gobierno remitió también al Congreso el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y nuevos instrumentos de prevención, investigación y sanción frente a la corrupción.
España llega tarde. Buena parte de esta discusión llevaba años instalada en las instituciones europeas y en otros países de nuestro entorno, y el intento de regular los grupos de interés había recorrido distintas legislaturas sin alcanzar una solución definitiva. Pero el retraso no resta importancia al paso dado ahora.
Los grupos de interés existen y seguirán intentando influir en las decisiones públicas. Esa actividad puede ser completamente legítima. Lo que una democracia difícilmente puede justificar es que permanezca oculta.
A partir de ahora, el reto estará en comprobar si el nuevo sistema permite conocer de verdad quién se reúne con el poder, qué intereses representa y qué parte de sus propuestas termina llegando a las decisiones que afectan al conjunto de los ciudadanos.
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