La causa judicial sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en un problema político de primer orden. Las reticencias a colaborar plenamente con la jueza y la entrega fragmentada de información dibujan un patrón que va más allá de un caso concreto.
Desde que la magistrada abrió diligencias para esclarecer la actuación institucional durante la dana que causó 230 víctimas mortales, la instrucción ha avanzado entre peticiones reiteradas de documentación y respuestas incompletas. No es un detalle menor. En los procesos que analizan catástrofes de esta magnitud, la trazabilidad de las decisiones —quién habló con quién, cuándo y con qué información— es clave para determinar si hubo fallos inevitables o errores evitables.
La crítica de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, apunta precisamente a ese punto ciego: la gestión del tiempo y de la información como una forma de defensa política. La entrega parcial de mensajes, la remisión tardía de actas notariales y la preferencia por comparecencias a distancia no son, en sí mismas, ilegales. Pero sí condicionan el relato y tensionan el principio de colaboración leal con la Justicia.
El tiempo como coartada
En las grandes crisis, la secuencia importa tanto como la decisión final. La jueza ha solicitado las comunicaciones mantenidas entre responsables políticos en las horas críticas posteriores al temporal. Lo que se ha remitido hasta ahora no ha satisfecho esa exigencia, obligando a nuevas reclamaciones. Cada retraso añade una capa de opacidad y alimenta la sospecha de que no se trata de un mero desorden administrativo.
Bernabé sostiene que este comportamiento no es aislado, sino coherente con una forma de proceder ya conocida: dar información “a medias”, sostener un relato durante semanas y corregirlo solo cuando la evidencia lo hace insostenible. En este caso, la discusión sobre el despliegue de la UME es ilustrativa. Durante meses se negó una intervención temprana que después quedó acreditada en mensajes privados. El desajuste entre el discurso público y los documentos internos erosiona la credibilidad institucional.
Responsabilidad política y deber democrático
La insistencia en comparecer por videollamada ante la jueza, cuando no existe impedimento legal para hacerlo de forma presencial, añade una dimensión simbólica al debate. No se trata de una cuestión de formato, sino de asunción de responsabilidad. En democracias maduras, la rendición de cuentas no se mide solo por cumplir el mínimo legal, sino por la disposición a dar explicaciones claras en contextos de alto impacto social.
Las familias de las víctimas han pedido gestos que vayan más allá del expediente. En ese contexto, la comparecencia personal adquiere un valor reparador, no jurídico, pero sí democrático. Negarse a ello refuerza la percepción de distancia entre quienes toman decisiones y quienes sufren sus consecuencias.
El relato frente a los hechos
Uno de los elementos más delicados de esta causa es la batalla por el relato. Según Bernabé, el cambio de estrategia del entonces presidente valenciano se produjo apenas 48 horas después de la dana, cuando comenzó a señalar al Gobierno central por una supuesta falta de colaboración. Ese giro, respaldado por mensajes posteriores, plantea interrogantes sobre la construcción deliberada de una versión exculpatoria frente a la evidencia operativa.
La investigación judicial no juzga discursos, sino hechos. Pero cuando los discursos se sostienen contra los hechos, el daño ya está hecho: se confunde a la ciudadanía y se debilita la confianza en las instituciones. La causa de la dana se ha convertido así en un ejemplo de cómo la política puede intentar ganar tiempo frente a la Justicia, aun sabiendo que ese tiempo juega en contra de la verdad.
Lo que está en juego no es solo la depuración de responsabilidades penales, sino la calidad de la rendición de cuentas en situaciones límite. Y en ese terreno, cada silencio pesa tanto como una decisión errónea.