El Ministerio Público ha sido claro. La Audiencia Nacional no es el órgano competente para investigar al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el siniestro que costó la vida a 45 personas en Córdoba. La querella presentada por la Asociación Libertad y Justicia —que imputaba delitos tan graves como homicidio imprudente o prevaricación— queda así, de momento, sin recorrido en ese tribunal.
El argumento es estrictamente técnico, pero de enorme relevancia institucional: Puente es aforado, lo que implica que cualquier investigación penal solo podría ser asumida por el Tribunal Supremo. No es un privilegio reciente ni una anomalía coyuntural; forma parte del diseño constitucional destinado a evitar que la acción judicial se convierta en un instrumento de presión política constante sobre miembros del Gobierno.
No se trata de inmunidad, sino de jurisdicción.
El reflejo punitivo tras la tragedia
Cada accidente de gran magnitud activa un mecanismo casi automático en la conversación pública: la necesidad de identificar responsables en tiempo récord. Es una reacción comprensible desde la conmoción social, pero jurídicamente problemática cuando se adelantan conclusiones antes de que las investigaciones técnicas hayan completado su trabajo.
El juez de la Audiencia Nacional había abierto diligencias previas tras recibir la denuncia, solicitando a la Fiscalía un informe sobre la competencia y la pertinencia de una causa penal. La respuesta ha sido prudente y, sobre todo, ajustada al marco procesal.
Porque la responsabilidad política y la responsabilidad penal no son categorías intercambiables.
La tentación de judicializar la política
En los últimos años se ha asentado una tendencia inquietante: recurrir a la vía penal como primer recurso frente a decisiones o hechos de naturaleza administrativa o política.
El riesgo no es menor. Cuando la querella se convierte en herramienta de oposición, los tribunales pasan de ser garantes del Estado de derecho a escenario de disputa partidista. La Fiscalía parece haber querido marcar esa línea: antes de hablar de delito, hay que determinar quién debe investigar y con qué base.
Conviene recordar, además, que los grandes accidentes ferroviarios suelen ser el resultado de cadenas complejas de factores técnicos, operativos y humanos. Determinar responsabilidades exige informes periciales exhaustivos, análisis independientes y tiempos que rara vez coinciden con la urgencia del debate político.
En ese contexto, la posición del ministro ha sido la de comparecer públicamente, ofrecer información y reiterar la colaboración con todas las investigaciones abiertas. Una actitud que, sin neutralizar el dolor de las víctimas, sí contribuye a sostener un principio esencial en la gestión de crisis: transparencia sin precipitación.
Garantías frente al ruido
El aforamiento, tantas veces caricaturizado en el discurso público, funciona aquí como una garantía de procedimiento. Evita que un miembro del Ejecutivo pueda ser objeto de múltiples iniciativas judiciales dispersas y obliga a concentrar cualquier eventual causa en el alto tribunal.
No protege a la persona tanto como protege la estabilidad institucional. Que la Fiscalía haya frenado esta vía no significa que el accidente quede sin escrutinio. Significa, más bien, que el escrutinio debe producirse donde corresponde y cuando existan elementos suficientes.
En una época dominada por la velocidad —también la velocidad de las acusaciones— el recordatorio resulta oportuno: el derecho penal no puede operar al ritmo de la indignación.
El país sigue pendiente de las investigaciones técnicas que determinen qué falló en Adamuz y cómo evitar que vuelva a suceder. Ese es el terreno donde se juega la verdadera rendición de cuentas: el de la seguridad pública, la mejora de las infraestructuras y la prevención.
Lo demás pertenece al ruido habitual de la política contemporánea, cada vez más inclinada a convertir cualquier tragedia en campo de batalla inmediato. La Fiscalía, esta vez, ha optado por otra cosa: bajar el volumen y devolver el caso al carril del procedimiento.