Crear una empresa en 48 horas y operar en toda la Unión con un único cuerpo normativo vuelve a aparecer en el radar comunitario. Esta vez, con algo más de concreción que en intentos anteriores. La Comisión Europea ultima una propuesta que pretende ofrecer a las empresas un atajo jurídico frente a los veintisiete ordenamientos nacionales que hoy siguen condicionando el crecimiento transfronterizo. El proyecto, conocido como Régimen 28, apunta a uno de los problemas estructurales de la UE: un mercado único que aún no lo es cuando se trata de empresas.
La iniciativa, que la Comisión Europea prevé presentar en el primer trimestre de 2026, se inscribe en la estrategia de competitividad lanzada hace un año. El diagnóstico es compartido desde hace tiempo en Bruselas: Europa genera innovación, pero pierde músculo empresarial cuando las compañías intentan escalar. La fragmentación jurídica sigue actuando como una frontera interior difícil de salvar, especialmente para start-ups y pymes con ambición continental.
El Régimen 28 no plantea una armonización obligatoria. Bruselas es consciente de los límites políticos del proyecto europeo en este terreno. Se trata de un marco voluntario, complementario a las legislaciones nacionales, al que las empresas podrían acogerse para operar en el mercado único bajo un conjunto uniforme de reglas. Un sistema paralelo, no sustitutivo, pensado para quien necesita velocidad y previsibilidad.
Un derecho mercantil europeo de mínimos
El eje central de la propuesta es la creación de una empresa europea simplificada, con requisitos armonizados de constitución, gobernanza y mantenimiento de capital. El objetivo no es solo reducir trámites, sino acotar la incertidumbre jurídica que hoy acompaña a cualquier expansión transfronteriza. La constitución íntegramente digital y en un plazo máximo de 48 horas se ha convertido en el elemento más visible del plan, aunque no es el único.
El régimen incorporaría normas comunes en materia de insolvencia y reestructuración temprana, alineadas con el principio de segunda oportunidad. En un entorno donde el fracaso empresarial sigue penalizado de forma desigual según el país, disponer de reglas previsibles reduce riesgos y facilita decisiones de inversión. También se barajan modelos contractuales estandarizados para relaciones laborales, planes de opciones sobre acciones y acuerdos de teletrabajo, pensados para equipos repartidos en varios Estados miembros.
No se trata de uniformizar derechos laborales ni de rebajar estándares, sino de eliminar fricciones administrativas que hoy dificultan la movilidad y la gestión cotidiana de empresas transnacionales.
Fiscalidad: simplificar sin armonizar
La fiscalidad marca el límite político del Régimen 28. La propuesta no toca los tipos impositivos ni entra en la competencia fiscal entre Estados. El enfoque es otro: simplificar procedimientos y cumplimiento, no redistribuir soberanía. Bruselas trabaja con la idea de una declaración fiscal única para las empresas acogidas al régimen, acompañada de una base común de información que evite duplicidades.
Este planteamiento encaja con la apuesta comunitaria por soluciones digitales por defecto. Herramientas como el Identificador Único Europeo, el Certificado de Empresa de la UE o la futura Cartera Digital de Negocios buscan corregir una anomalía persistente: la falta de interoperabilidad real entre registros mercantiles nacionales en una economía que exige rapidez y trazabilidad.
Escalar en Europa o salir fuera
Los servicios comunitarios calculan que la reducción de cargas administrativas podría situarse en torno a los 37.500 millones de euros. Más allá de la cifra, el objetivo es estratégico. Muchas empresas europeas acaban trasladando su crecimiento a Estados Unidos no por falta de innovación, sino por exceso de fragmentación. El Régimen 28 aspira a ofrecer una alternativa creíble dentro del mercado único.
La creación de una “Marca de Empresa de la UE” responde a esa misma lógica: dotar a las compañías de una identidad jurídica reconocible y fiable para inversores internacionales. La intención es evitar que proyectos innovadores se vendan de forma prematura por incapacidad para escalar en un entorno regulatorio disperso.
Un diagnóstico compartido
El planteamiento conecta con las conclusiones del informe elaborado por el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que describía el mercado único como un entramado de normativas nacionales que actúan como barreras internas. En el ámbito de los servicios, esas fricciones equivaldrían, según el informe, a un arancel encubierto de más del 100%.
Letta señalaba tres áreas especialmente problemáticas: fiscalidad, derecho laboral e insolvencia. Pero apuntaba también a un problema menos visible: la inseguridad jurídica que eleva los costes de transacción y frena la inversión a largo plazo. El Régimen 28 intenta intervenir precisamente ahí, en un terreno técnico pero decisivo.
Europa llega tarde a este debate, pero no sin margen. El éxito del Régimen 28 dependerá menos de su diseño jurídico —ambicioso pero prudente— que de la disposición de los Estados a permitir que funcione sin vaciarlo de contenido. De momento, Bruselas vuelve a intentar coser un mercado empresarial que lleva años mostrando las costuras.