En marzo, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo votará el nuevo Reglamento de Retorno. Si sale adelante, la Unión Europea consolidará un giro iniciado con el Pacto de Migración y Asilo de 2024: más control, más detención, más expulsiones. Más de 70 organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido que se rechace la norma por considerar que institucionaliza prácticas punitivas y amplía la capacidad coercitiva de los Estados miembros contra personas en situación irregular. El debate no es técnico: es político y afecta al núcleo del modelo europeo.
Del control fronterizo a la coerción interior
El Reglamento de Retorno se presenta como un instrumento para armonizar procedimientos de expulsión en la UE. En la práctica, amplía las facultades estatales para aplicar medidas coercitivas cuando una persona migrante no colabore en su expulsión. El texto contempla sanciones por incumplir la orden de salida y permite ejercer coerción incluso para obtener datos biométricos.
No se trata solo de agilizar trámites administrativos. El diseño normativo consolida una arquitectura donde la irregularidad administrativa se traduce en un estatus de sospecha permanente. Las organizaciones que han firmado el manifiesto alertan de que la norma facilita redadas en espacios públicos y privados, incrementa la vigilancia y puede obligar a servicios públicos a colaborar con las autoridades migratorias.
La experiencia comparada muestra que estas políticas no reducen flujos migratorios estructurales, pero sí generan mayor vulnerabilidad y clandestinidad. Cuando el acceso a sanidad, educación o servicios sociales queda condicionado al riesgo de denuncia, el resultado no es integración, sino invisibilidad forzada.
Racialización y perfiles
Uno de los puntos más sensibles es el riesgo de elaboración de perfiles raciales. Organizaciones como la Red Europea contra el Racismo advierten de que la ampliación de poderes policiales puede traducirse en controles selectivos basados en apariencia étnica. La propia UE cuenta con un Plan de Acción contra el Racismo que reconoce este problema. El nuevo reglamento tensiona ese compromiso.
El contexto político: presión de la extrema derecha
El endurecimiento migratorio no ocurre en el vacío. Desde 2015, la política europea ha transitado desde la gestión humanitaria de la crisis de refugiados hacia un enfoque securitario. El Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024 consolidó la externalización de fronteras y mecanismos acelerados de devolución.
El Reglamento de Retorno profundiza esa lógica en el interior de la Unión. Se amplía la detención administrativa y se refuerza la cooperación con terceros países para facilitar expulsiones. Las organizaciones críticas sostienen que este desplazamiento responde más a la presión de fuerzas de extrema derecha que a evidencias empíricas sobre eficacia.
Diversos estudios académicos indican que las políticas de retorno masivo presentan tasas de ejecución limitadas y elevados costes económicos y humanos. Sin embargo, su valor simbólico es alto: proyectan imagen de control en contextos de polarización electoral.
Derechos fundamentales en juego
Amnistía Internacional ha advertido que el enfoque punitivo desmantela garantías y erosiona principios básicos como proporcionalidad y dignidad. El problema no es solo la expulsión en sí, prevista en el derecho europeo, sino el marco ampliado de coerción que la rodea.
La comparación con prácticas del ICE estadounidense, señalada por algunas organizaciones, no es retórica. En EE UU, las redadas y detenciones masivas han generado litigios constantes por violaciones de derechos civiles. Europa corre el riesgo de importar ese modelo bajo una apariencia burocrática.
El Parlamento Europeo tiene margen para introducir enmiendas o frenar el texto. La cuestión de fondo es si la UE quiere consolidar un paradigma donde la migración irregular se gestione prioritariamente desde la lógica policial o si opta por políticas que combinen regularización, vías legales y protección de derechos.
El Reglamento de Retorno no es un trámite técnico más en el engranaje comunitario. Define el equilibrio entre control y derechos en uno de los debates más sensibles de la Europa contemporánea.