España cumple cuatro décadas dentro de la Unión Europea con un balance que ya no se discute en términos de oportunidad histórica, sino de apropiación política del relato. El aniversario llega en un momento en el que Europa vuelve a ser citada como refugio de certezas, al tiempo que se erosionan —desde dentro— algunos de los principios que hicieron de la integración europea un proyecto de ampliación de derechos, cohesión social y límites al poder.
La entrada de España en las entonces Comunidades Europeas en 1986 fue algo más que una operación económica o un gesto diplomático. Supuso la normalización democrática de un país que salía de una dictadura reciente y buscaba anclajes sólidos frente a tentaciones autoritarias aún latentes. Europa fue mercado, sí, pero sobre todo fue marco institucional, Estado de derecho, reglas comunes y una cierta pedagogía del poder.
Cuarenta años después, ese consenso de fondo se da por descontado. Y ahí empieza el problema. El europeísmo se invoca como un valor abstracto, casi ritual, mientras se evita discutir cómo se administra hoy ese legado. Celebrar la adhesión resulta sencillo; más incómodo es explicar qué se hace con los márgenes de soberanía compartida, con los fondos comunes, con las reglas fiscales o con el equilibrio entre crecimiento y protección social.
La apropiación selectiva del relato europeo
En los actos conmemorativos del aniversario, el discurso dominante apela a la unidad, la libertad y la estabilidad como si fueran conceptos autosuficientes. Pero Europa nunca fue un espacio neutral. Fue —y sigue siendo— un terreno de disputa entre modelos económicos, concepciones del Estado y formas de entender la democracia.
En este contexto, no es irrelevante que el Partido Popular Europeo celebre la adhesión española mientras convive en su seno con fuerzas que cuestionan pilares básicos del proyecto europeo, desde la independencia judicial hasta las políticas comunes de asilo o el respeto a las minorías. Esa tensión no se resuelve con declaraciones solemnes ni con fotografías institucionales.
La apelación genérica a Europa funciona, en demasiadas ocasiones, como un atajo discursivo: se reivindica Bruselas mientras se discuten en casa los límites de su autoridad; se ensalza la libertad mientras se relativizan derechos; se invoca la estabilidad mientras se bloquean consensos básicos en el ámbito nacional.
Europa y el uso interno del poder
España ha sido, durante estas cuatro décadas, una de las principales beneficiarias del proyecto europeo. Fondos estructurales, inversiones en infraestructuras, convergencia social y, más recientemente, un papel central en la respuesta económica a la pandemia. Ese recorrido explica buena parte de la modernización del país.
Pero también exige una lectura crítica: Europa no es solo un marco de oportunidades, es un sistema de responsabilidades. Presidir el Consejo de la UE, aportar comisarios o participar en grandes decisiones no exime de rendir cuentas sobre cómo se gobierna en casa ni de cómo se utilizan los márgenes que ofrece la pertenencia al club comunitario.
En este punto, el europeísmo pierde densidad cuando se convierte en un argumento de autoridad frente al debate democrático interno. Europa no sustituye a la política; la obliga a ser más rigurosa.
El 40 aniversario de la adhesión debería servir menos para la autocomplacencia y más para una pregunta incómoda: qué modelo de país se está construyendo dentro de Europa. Porque el proyecto europeo no se erosiona solo desde fuera, sino también cuando se vacía de contenido desde dentro.
Europa sigue siendo, para España, un espacio de garantías. Pero esas garantías no son automáticas. Requieren gobiernos que entiendan la integración no como una coartada, sino como un compromiso activo con la calidad democrática, la cohesión social y la rendición de cuentas.
El aniversario llega, así, como un recordatorio útil: pertenecer a Europa fue una conquista colectiva. Mantener su sentido es una tarea política diaria.