El verano español tiene una liturgia económica bastante precisa. Millones de desplazamientos, depósitos llenos antes de salir de vacaciones y una atención repentina al pequeño marcador luminoso de las gasolineras. Este agosto ha añadido un elemento menos rutinario. España se ha convertido en uno de los países europeos donde más rápidamente se han encarecido los carburantes desde el comienzo del verano, aunque repostar siga resultando más barato que en buena parte de las grandes economías de la Unión Europea.
Los datos permiten comprender ambas realidades sin convertirlas en contradictorias. Durante las últimas seis semanas, el precio de la gasolina ha aumentado un 18,4% en España y el del gasóleo un 21,1%. En el conjunto de la Unión Europea, los incrementos han sido sensiblemente menores en gasolina, un 8,8%, y del 17,3% en diésel. El encarecimiento español destaca, por tanto, por su velocidad, no porque sus surtidores hayan pasado a ser los más caros del continente.
A mediados de agosto, la gasolina se situaba en el entorno de los 1,70 euros por litro y el diésel superaba los 1,80, muy cerca de los máximos alcanzados este año después de la escalada bélica en Oriente Próximo. El impacto empieza a apreciarse también fuera de las estaciones de servicio. La inflación española alcanzó en julio el 3,6%, su mayor tasa en dos años, impulsada especialmente por la energía y los carburantes.
El precio de retirar un escudo
Una parte importante de la explicación se encuentra en el calendario fiscal. Ante la crisis energética desencadenada por la guerra con Irán, el Gobierno desplegó en primavera un paquete extraordinario para amortiguar el golpe sobre hogares y sectores productivos. La intervención redujo temporalmente la fiscalidad y evitó que toda la presión internacional sobre el petróleo llegase directamente al bolsillo de los consumidores.
Ese escudo fue concebido, sin embargo, como una respuesta coyuntural. El Ejecutivo decidió retirarlo gradualmente conforme se normalizasen los mercados. La rebaja del impuesto sobre hidrocarburos pasó así de 20 céntimos por litro a 15 en julio y a 10 en agosto, con una reducción inicialmente prevista de cinco céntimos en septiembre. El diseño incluía una salvaguarda importante, si el precio de un carburante aumentaba más de un 15% interanual, el descuento podía regresar automáticamente a los 20 céntimos.
La evolución del gasóleo ha obligado precisamente a utilizarla. Su precio aumentó un 15,7% interanual en julio, por lo que la rebaja fiscal volverá a ser de 20 céntimos por litro en septiembre. La gasolina, cuyo incremento interanual fue del 7,3%, continuará con el calendario previsto y conservará una bonificación menor.
Hay en esta secuencia una diferencia relevante entre retirar una ayuda y abandonar al consumidor a su suerte. El mecanismo aprobado en junio estaba diseñado precisamente para corregir el calendario si la realidad energética empeoraba. Ha ocurrido con el diésel y la protección vuelve a ampliarse. El problema reside en que los mercados internacionales han cambiado con mayor rapidez de la que permitía prever la relativa estabilización de comienzos del verano.
Porque el surtidor español sigue dependiendo de una geopolítica que se decide a miles de kilómetros. Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, la situación de las refinerías rusas y las alteraciones en los mercados internacionales de productos refinados han añadido presión a unos precios que ya estaban absorbiendo la retirada parcial de las medidas fiscales. En el caso del diésel, además, pesa una demanda interna particularmente elevada, muy vinculada al transporte por carretera.
Subir más no significa pagar más
Existe otro elemento menos intuitivo. Los carburantes españoles pueden subir porcentualmente más precisamente porque parten de una fiscalidad inferior a la de otros grandes países europeos. Una parte mayor del precio final depende de componentes sometidos a las oscilaciones del mercado internacional, de modo que una subida del petróleo o de los productos refinados tiene proporcionalmente más capacidad para mover el precio del surtidor.
En países donde los impuestos representan una fracción mayor del precio, esa parte fiscal actúa como una especie de componente estable. El consumidor paga habitualmente más, pero las oscilaciones internacionales pesan relativamente menos sobre el importe final. España presenta la fotografía inversa, precios comparativamente inferiores y una sensibilidad mayor ante determinados movimientos del mercado.
La distinción importa porque el dato de que España lidera el encarecimiento puede inducir a una conclusión equivocada. Francia, Alemania o Italia continúan soportando en términos generales precios superiores. El problema español de este verano es la intensidad con la que se ha producido el salto y el momento elegido por la economía para recibirlo, coincidiendo con millones de viajes vacacionales y con una inflación energética que vuelve a ganar protagonismo.
Queda además abierta una discusión conocida sobre cuánto de las rebajas fiscales termina llegando efectivamente al consumidor. Las asociaciones de consumidores mantienen sus reservas sobre la traslación íntegra de determinadas bonificaciones y han reclamado una vigilancia estrecha de los márgenes. La industria rechaza esa interpretación y sostiene que las variaciones internacionales se trasladan correctamente a las estaciones de servicio. Esa diferencia obliga a mirar más allá de la cifra agregada, porque una ayuda fiscal solo cumple plenamente su función social cuando la rebaja alcanza el precio que paga quien reposta.
El episodio vuelve a demostrar hasta qué punto la energía continúa siendo una de las vulnerabilidades centrales de las economías europeas. España dispone de una importante capacidad de refino y este año incluso ha incrementado con fuerza el valor de sus exportaciones de productos energéticos refinados, pero eso no la independiza del precio internacional del crudo ni de las tensiones que atraviesan sus principales rutas de suministro.
El Gobierno optó en primavera por intervenir para contener el golpe y diseñó después una retirada gradual acompañada de un mecanismo automático de protección. La evolución del diésel ha demostrado la utilidad de esa cláusula antes incluso de terminar el verano. El verdadero interrogante de septiembre será si el regreso de los 20 céntimos consigue aliviar el bolsillo con suficiente rapidez.
Porque el precio de la gasolina puede parecer una cifra menor dentro de la gran economía hasta que empieza a multiplicarse. Está en el depósito del coche, pero también acaba viajando en el camión que transporta los alimentos, en los costes de las empresas y, finalmente, en una parte de los precios que pagan las familias.
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