España vuelve a situarse en la zona alta del mapa europeo de igualdad con una puntuación que la consolida entre los países que han logrado avances sostenidos en la última década. El informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género, publicado esta semana, reconoce ese progreso, pero también deja al descubierto áreas donde la mejora se ha frenado o incluso ha retrocedido. Es un balance que permite reivindicar políticas que funcionan, a la vez que recuerda lo frágiles que pueden ser estos logros si no se sostienen en el tiempo.
El ascenso: sólido, pero con zonas menos iluminadas
El dato global —70,9 puntos sobre 100— coloca a España como cuarto Estado miembro, por detrás de Suecia, Francia y Dinamarca. Si se mira la evolución, el salto es evidente: más de quince puntos ganados desde 2010, lo que refleja un ritmo que supera con holgura al conjunto de la Unión. No es una anécdota estadística: es la traducción de reformas que, pese a la turbulencia política, han ido acumulando efectos.
Pero el informe también apunta a un descenso en el ámbito de conocimiento, un retroceso que el documento no dramatiza pero que introduce una señal clara: los avances en igualdad no son lineales ni están garantizados por inercia. La participación femenina en estudios STEM, la brecha en carreras investigadoras o la persistencia de sesgos en la selección académica continúan siendo un terreno con inercias difíciles de mover.
El indicador de tiempo, sin grandes cambios, mantiene la fotografía ya conocida: la corresponsabilidad avanza, pero despacio. Ahí los números son tercos y muestran un reparto desigual que no se altera al ritmo de las leyes.
Donde sí se observa un giro claro es en el ámbito de Poder, que sube hasta los 66,6 puntos, muy por encima de la media europea. Este salto —más de 20 puntos desde 2020— no se produce por generación espontánea. Es la consecuencia acumulada de medidas como las listas paritarias, los planes de igualdad obligatorios en empresas o las auditorías salariales, que han introducido mecanismos de corrección allí donde antes actuaba la costumbre.
También pesan reformas recientes como la Ley de representación paritaria, que ha fijado límites y equilibrios más exigentes en órganos colegiados y altos cargos. No es casual que el avance se produzca justo en el ámbito donde la intervención pública tiene capacidad real de modificar inercias históricas. En salud, España mantiene puntuaciones altas, alineada con el promedio europeo, lo que refleja un sistema sanitario que, pese a la presión acumulada en los últimos años, continúa ofreciendo indicadores robustos en atención y acceso.
El informe no entra en interpretaciones políticas, pero el contexto europeo invita a una lectura más amplia. España mejora mientras en varios Estados miembros se consolidan retrocesos: recortes normativos, cuestionamiento de políticas de igualdad o reaparición de discursos que buscan erosionar consensos básicos. En ese paisaje, mantener posiciones avanzadas implica algo más que aprobar leyes: exige sostenerlas frente a discursos que buscan desactivarlas.
La brecha que separa a España de la media europea crece, sí, pero conviene recordar que estas distancias no son irreversibles. La experiencia reciente en Europa enseña que los retrocesos pueden ser rápidos cuando se cuestionan mecanismos que parecían asentados.Por ahora, el índice del EIGE confirma una tendencia prolongada y consistente. Pero también recuerda que la igualdad no se conquista por acumulación, sino por insistencia.