Denuncias de españoles en la Flotilla contra la represión israelí

Veintiún ciudadanos españoles deportados tras la intervención naval relatan torturas, humillaciones y aislamiento: su relato patea el discurso oficial y obliga a interrogar qué se considera “seguridad” frente a los derechos humanos

06 de Octubre de 2025
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Denuncias de españoles en la Flotilla contra la represión israelí
Una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla y algunos activistas saludando al salir del puerto de Barcelona.

La pista de aterrizaje no fue un punto de bienvenida, sino un haz de denuncias. “Nos golpearon, nos ataron, nos negaron agua”, relataron los activistas llegados de Israel. Sus cuerpos cargan heridas físicas y simbólicas. España, como receptor, atiende diplomáticamente; pero el país debe ahora responder jurídicamente.

Vuelta sangrante a la “normalidad” institucional

El domingo 5 de octubre, un grupo de 21 españoles deportados de Israel aterrizó en Madrid. Entre ellos viajan la exalcaldesa Ada Colau y el concejal Jordi Coronas. Pero el recibimiento no fue solo emotivo: emergieron acusaciones graves de trato vejatorio, torturas físicas y psicológicas, privación de derechos básicos.

Cuerpos vendidos a la memoria. Uno relató haber pasado varias horas sentado en el asfalto con las manos esposadas detrás de la espalda. Otro denunció haber sido arrastrado, atado de pies y manos, vendarle los ojos, insultos constantes, negativas de acceso a atención médica y descanso. En medio de ese infierno, ser periodista fue motivo de castigo añadido: identificados como tales, “fuimos objeto de violencia especial”, dijo un activista.

A su llegada al aeropuerto, fueron recibidos entre abrazos y pancartas, pero también con ojos alertas: esas denuncias no pueden quedar en retórica. Esa llegada marca el inicio de un proceso de contrastes exigido.

Narrativas en tensión: Estado de Israel e impunidad declarada

Las autoridades israelíes rechazan cuantitativa y cualitativamente las acusaciones. Aseguran que los derechos legales fueron respetados: agua, alimento, asistencia judicial. Sin embargo, los testimonios apuntan a una versión paralela: condiciones degradantes, tortura psicológica, coerción para firmar documentos que implicaban admitir ilegalidad y entrega de barcos.

Esa versión oficial puede sostenerse cuando la única fuente audible es la del Estado que domina el poder coercitivo. Pero la historia compartida por los deportados derriba esa asimetría. La posibilidad de que sus denuncias sean perseguidas en tribunales israelíes es remota. En cambio, el espejismo legal y el uso del derecho como instrumento de represión se repiten como estándar en conflictos así.

Venezuela intensifica su queja: soberanía en el punto de mira

Mientras España recibe los cuerpos y declaraciones, otro país ha tomado la palabra con firmeza: Venezuela denunció que esos ataques violan su soberanía marítima e internacional. Sostiene que los operativos israelíes operan sin coordinación ni autorización, y presiona en foros diplomáticos para que la comunidad internacional condene lo que considera una escalada de intervenciones bajo el paraguas de la seguridad.

Esa denuncia acierta en el foco: el control no se limita a los cuerpos detenidos. También es presión territorial, mensaje geoestratégico, imposición del derecho de fuerza sobre la legalidad internacional.

España y el deber de actuar más allá del recibimiento

España, en este episodio, tiene una doble responsabilidad: proteger a sus ciudadanos y no permitir que la violencia se banalice como rutina diplomática. Pagar billetes de retorno y mostrar presencia consular no basta. El país debe impulsar investigación judicial sobre denuncias creíbles, reclamar formalmente a Israel explicaciones sobre cada episodio documentado, y promover cooperación internacional para que esas violaciones no queden en caja negra. Porque el relato no termina en el aeropuerto. Termina cuando se atienden los cuerpos, se restituyen derechos y quienes denunciaron crueles abusos no queden en la impunidad.

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