El Ministerio del Interior ha aprobado el primer protocolo específico para prevenir, detectar y atender la violencia sexual en las cárceles españolas. La medida más visible —la instalación de buzones confidenciales para denunciar agresiones— apunta a un problema estructural largamente silenciado: la extrema dificultad de denunciar cuando quien debe protegerte controla tu vida cotidiana.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Interior, responde a una obligación legal clara desde la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Pero su relevancia va más allá del cumplimiento normativo. Llega a un ámbito especialmente opaco, donde la violencia sexual existe, aunque apenas aflore en estadísticas oficiales, y donde el miedo a represalias ha sido históricamente un factor disuasorio decisivo.
El problema no era la ley, sino el contexto
Hasta ahora, las personas privadas de libertad ya disponían, sobre el papel, de canales para denunciar agresiones sexuales. La novedad del protocolo no está tanto en crear derechos nuevos como en adaptar los mecanismos de denuncia a la realidad carcelaria, marcada por la dependencia, la jerarquía y la exposición permanente.
La colocación de buzones en zonas comunes —fuera de los módulos residenciales— no es un detalle menor. Supone reconocer que la confidencialidad, en prisión, es un bien escaso. Que escribir una denuncia en un espacio controlado puede ser tan arriesgado como no hacerlo. Y que el silencio no siempre es consentimiento ni resignación, sino una estrategia de supervivencia.
El protocolo delimita además quién accede a esas denuncias, reservando su gestión a los Equipos de Igualdad, y establece tiempos y procedimientos para activar investigaciones internas, valorar riesgos y, si procede, trasladar los hechos a la autoridad judicial. Se trata de introducir trazabilidad y garantías en un proceso que antes dependía en exceso de la discrecionalidad.
No menos relevante es la previsión de medidas cautelares diferenciadas según el perfil del presunto agresor. El texto asume algo que durante años se ha evitado verbalizar: que la violencia sexual en prisión no se limita a conflictos entre internos. El traslado inmediato de módulo, el cambio de destino de funcionarios o la suspensión de colaboradores externos apunta a una lógica básica de protección de la víctima, que no siempre ha sido la prioridad.
El enfoque “centrado en la víctima” que recoge el documento —atención psicológica, asesoramiento jurídico, seguimiento más allá de la excarcelación— intenta romper con una tradición penitenciaria donde el daño sufrido quedaba subordinado al orden interno. La dignidad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en criterio operativo.
Queda, sin embargo, la prueba decisiva: la aplicación. La eficacia del protocolo dependerá de la formación real del personal, de la autonomía de los Equipos de Igualdad y de la voluntad de no convertir los buzones en un gesto simbólico. La evaluación prevista dentro de un año será clave para saber si esta herramienta ha servido para aflorar lo que antes no se veía o si, una vez más, el problema seguirá existiendo fuera de foco.
Lo que sí marca este paso es un cambio de enfoque institucional: admitir que la privación de libertad no suspende el derecho a la libertad sexual, ni exonera al Estado de su obligación de garantizarla incluso —y especialmente— en los espacios donde resulta más difícil hacerlo.