La decisión del magistrado Antonio Piña de poner el foco en cinco operaciones vinculadas a empresas públicas no es solo un sumario penal. Es un examen incómodo a los mecanismos de gobernanza del Estado empresario, a la trazabilidad del dinero y a la fragilidad de los controles cuando la intermediación se normaliza como método.
La causa que instruye la Audiencia Nacional dibuja un patrón más que una suma de episodios. Cinco expedientes, distintos territorios, diferentes organismos, un mismo método. La hipótesis judicial —respaldada por informes de la UCO— apunta a una arquitectura de intermediación que habría operado entre 2021 y 2023, con capacidad para orientar decisiones administrativas y extraer comisiones a través de facturación sin sustancia real. No es menor el dato: el circuito habría implicado a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, un perímetro especialmente sensible por el volumen de recursos que gestiona y por su papel en rescates y operaciones estratégicas.
El auto no condena; investiga. Conviene subrayarlo en un contexto de ruido y titulares precipitados. Pero la descripción es lo suficientemente precisa como para exigir una lectura política e institucional. El grupo al que se alude, bautizado como “Hirurok”, habría funcionado —según la investigación— con división de tareas, relaciones cultivadas y una empresa instrumental recurrente, Mediaciones Martínez, como vía de canalización. La repetición del esquema es lo que convierte la sospecha en problema sistémico.
El rescate y la frontera de lo legítimo
El caso de Tubos Reunidos concentra buena parte de la inquietud. Un rescate de 112,8 millones aprobado por la SEPI —en un contexto de política industrial expansiva— aparece asociado a pagos por intermediación que la investigación considera mendaces. El debate de fondo no es si el Estado debe rescatar empresas estratégicas; esa discusión está resuelta desde hace años en Europa. La cuestión es quién acompaña esas decisiones y con qué incentivos. Cuando la mediación se desliza hacia la comisión, el instrumento público se devalúa.
No es el único frente. Mercasa, Enusa, Sepides, un parque empresarial autonómico. Contratos menores y ayudas millonarias conviven en el mismo relato judicial. Informes técnicos innecesarios, sobrecostes del 50%, adjudicaciones presuntamente dirigidas. La investigación no describe una gran operación única, sino una constelación de pequeños desvíos que, sumados, superan los 700.000 euros. Es en esa suma donde el daño reputacional se multiplica.
Redes, no siglas
Uno de los errores habituales ante causas de este tipo es convertirlas en una disputa de siglas. El sumario, sin embargo, habla de redes personales, no de organizaciones políticas. Exmilitantes, exdirectivos públicos, empresarios. Trayectorias que se cruzan y que encuentran en la proximidad al poder una oportunidad de negocio. La política industrial y la contratación pública no se contaminan por ideología, sino por asimetrías de información y controles débiles.
La Fiscalía Anticorrupción ha impulsado la causa con una batería clásica de delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias, organización criminal. El juez ha optado por medidas cautelares proporcionadas: libertad con retirada de pasaporte y comparecencias periódicas. Señal de que la instrucción quiere avanzar sin estridencias, pero con método.
El dinero y el rastro
Un elemento revelador es el destino final de los fondos. Inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, transferencias, ingresos en efectivo. La economía real como lavadora blanda. No hablamos de sofisticados entramados offshore, sino de una confianza excesiva en que el volumen y la dispersión bastan para diluir responsabilidades. Esa aparente normalidad es, precisamente, lo que inquieta.
La experiencia comparada muestra que el talón de Aquiles del sector público empresarial no suele estar en la gran decisión estratégica, sino en la periferia: asesorías externas, informes ad hoc, intermediaciones que nadie termina de justificar. Ahí es donde el control ex ante y la auditoría posterior deben ser más incisivos.
La investigación llegará a sus conclusiones judiciales. Pero el impacto ya está servido. Si algo enseña este sumario es que la fortaleza del Estado no se mide solo por su capacidad de invertir o rescatar, sino por la limpieza de los procedimientos que lo hacen posible. Transparencia no como consigna, sino como ingeniería administrativa: trazabilidad, publicidad efectiva, incompatibilidades estrictas y evaluación independiente.