António Costa ha llevado la crisis de Ceuta a una discusión que va bastante más allá de España. El presidente del Consejo Europeo denunció este miércoles la «instrumentalización» de la migración en las fronteras exteriores de la Unión y reclamó una respuesta conjunta ante un fenómeno que afecta tanto al sur como al este del continente.
Lo hizo en Vilna, después de reunirse con el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, dentro de la gira con la que está preparando las próximas reuniones del Consejo Europeo. Costa colocó en una misma conversación lo ocurrido en Ceuta y la presión sufrida en las fronteras orientales de la UE, donde Polonia, Lituania y Letonia llevan años denunciando la utilización de migrantes desde Bielorrusia como mecanismo de presión.
La instrumentalización de los movimientos migratorios, sostuvo, resulta «totalmente inaceptable» allí donde se produzca y constituye «un desafío europeo común que requiere una respuesta europea conjunta».
La declaración supone un respaldo político importante para España. Ceuta es territorio español, pero también forma parte de la frontera exterior de la Unión, y los efectos de una entrada masiva no terminan necesariamente en la ciudad autónoma.
Italia lo dejó claro a finales de julio al reintroducir temporalmente controles para viajeros extracomunitarios procedentes de España ante el temor a movimientos secundarios después de las entradas registradas en Ceuta. La medida no afectó a los ciudadanos de la UE, pero abrió una discusión sobre Schengen y sobre las consecuencias que una crisis localizada en una frontera exterior puede provocar en otros Estados miembros.
Una frontera española que también preocupa a Europa
La intervención de Costa llega después de que Margarita Robles situara el martes en el Congreso parte de lo sucedido en Ceuta dentro del terreno de las amenazas híbridas.
La ministra de Defensa aseguró que existen actores interesados que podrían haber favorecido la crisis o estar utilizándola con una finalidad política de desestabilización de España y de la propia Unión Europea. También confirmó que el CNI había detectado movimientos en redes sociales antes de la entrada masiva y que compartió esa información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Delegación del Gobierno.
Bruselas, por su parte, lleva semanas siguiendo la situación y ha reiterado su disposición a reforzar el apoyo a España a través de las agencias europeas. La Comisión ha citado expresamente a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea entre los instrumentos que pueden movilizarse si resulta necesario.
El Gobierno español formalizó además el 24 de agosto una petición de financiación europea de emergencia. La solicitud incluye actuaciones destinadas a reforzar la protección de la frontera y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, además de aumentar la capacidad de acogida, también para los menores no acompañados. La Comisión anunció al día siguiente que evaluaría la petición con carácter prioritario para adoptar una decisión lo antes posible.
Hasta ahora, buena parte del debate español ha girado alrededor de la capacidad de acogida de Ceuta, los traslados de menores, las devoluciones, la actuación del Gobierno y el reparto de responsabilidades entre administraciones. Las palabras de Costa añaden otra dimensión a ese debate. Qué respuesta corresponde a la Unión cuando uno de sus Estados considera que su frontera exterior está siendo sometida a una presión deliberada.
Los países del este conocen bien esa discusión. Polonia, Lituania y Letonia llevan años denunciando los movimientos migratorios alentados desde Bielorrusia y defendiendo que no pueden analizarse únicamente como un problema de control fronterizo. La UE ha terminado incorporando esa preocupación a su propia política de seguridad. Lo ocurrido en Ceuta traslada ahora una discusión similar al sur de Europa.
Seguridad y garantías
El lenguaje sobre amenazas híbridas tiene, además, un límite que conviene no perder de vista. Que terceros puedan utilizar los movimientos migratorios con objetivos políticos no hace responsables de esa estrategia a las personas que cruzan la frontera. En muchos casos son ellas, precisamente, quienes terminan convertidas en instrumento de presión.
Europa necesita proteger sus fronteras y responder ante posibles actuaciones destinadas a desestabilizar a uno de sus miembros sin abandonar por ello las garantías jurídicas, el derecho de asilo y la protección especial que corresponde a los menores. No siempre será un equilibrio sencillo y Ceuta ofrece estos días suficientes ejemplos de esa dificultad.
Bruselas respalda el refuerzo de la frontera y reclama rapidez en el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo, al tiempo que contempla financiación para aumentar la capacidad de acogida de quienes continúan en la ciudad autónoma.
La intervención de Costa permite, sobre todo, sacar la crisis de una discusión exclusivamente española, donde durante semanas casi todo ha terminado convertido en una pelea entre Gobierno y oposición. Si se confirma que la migración está siendo instrumentalizada en una frontera exterior de la Unión, España difícilmente puede asumir en solitario todas las consecuencias.
El Gobierno ha pedido dinero y apoyo europeo, la Comisión estudia la solicitud y el presidente del Consejo reclama una actuación común. Queda por ver cómo se traduce ese respaldo cuando llegue el momento de movilizar recursos, coordinar a los Estados y asumir responsabilidades.
Ese será también el examen europeo de la crisis de Ceuta. La Unión lleva años defendiendo en sus fronteras orientales que la presión sobre uno de sus miembros afecta al conjunto. España reclama ahora que ese principio funcione también al sur.
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