La corrupción en obra pública entra en su fase contable

La UCO solicita a la Audiencia Nacional investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero como parte de la supuesta trama de amaños impulsada por el entorno de Ábalos. El cerco judicial se desplaza del relato al número

03 de Octubre de 2025
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La corrupción en obra pública entra en su fase contable

La fase de las declaraciones públicas, los comunicados y los desmarques ha quedado atrás. El caso Koldo entra en un terreno menos discursivo y más material: el patrimonial. La UCO pide permiso para analizar las cuentas de quienes, sin figurar en los titulares mediáticos de la causa, fueron claves para que determinadas adjudicaciones prosperaran. El foco no está sólo en el asesor, sino en quienes facilitaron los trámites.

Una trama que se ejecuta desde dentro

El ‘caso Koldo’ ha dibujado desde su inicio un esquema de poder vertical: ministros, asesores, directores generales. Pero las investigaciones que la UCO desarrolla desde hace meses empujan hacia una lectura distinta: la posible contaminación de los mecanismos administrativos. La Unidad Central Operativa ha solicitado a la Audiencia Nacional acceso al historial patrimonial de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, dos altos cargos del Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, por su condición de presuntos "facilitadores" en adjudicaciones bajo sospecha.

No se les imputa directamente el cobro de sobornos, pero el rastro económico es ahora la vía principal para determinar si, además de cooperar con la red, recibieron compensaciones. La petición abarca cuentas bancarias, relaciones societarias, bienes inmuebles y posibles cajas de seguridad. También se investiga el papel de mercantiles a su nombre vinculadas con el sector de la ingeniería y la agroindustria.

Del procedimiento a la sospecha

La clave del avance judicial no está en lo que los implicados firmaron, sino en lo que facilitaron. Es decir, en cómo se deslizó información sensible, cómo se habilitaron procesos de licitación y qué margen de intervención se reservó al entorno político. En el caso de Herrero, las escuchas y testimonios apuntan a presiones para que determinadas obras avanzaran sin contratiempos. En el de Pardo de Vera, se investiga su posible papel en la apertura de expedientes sin que mediara instrucción directa.

Ambos niegan implicación en irregularidades. Lo hicieron en sede judicial y mantienen que los proyectos se tramitaron conforme a la legalidad vigente. Aun así, el cambio de fase en la investigación judicial deja fuera ya las declaraciones de intenciones: ahora importan las transferencias, los inmuebles y los tiempos contables.

El silencio de los partidos y la tentación del desgaste

El caso ha dejado expuesta a buena parte de la estructura técnica de Fomento, y la derecha política trata de capitalizarlo como un caso íntegro de corrupción política. Pero hasta ahora, los documentos incautados hablan de una trama que aprovechó los procedimientos internos, no tanto de decisiones tomadas en Consejo de Ministros. La distinción no exime responsabilidades, pero sí obliga a separar los planos: lo penal de lo administrativo, lo específico de lo estructural.

Mientras, el PSOE guarda silencio en espera de resoluciones firmes y evita entrar en lógicas de dimisión preventiva. La estrategia es conocida: proteger las instituciones por encima de los nombres. Pero también se anota como cálculo de riesgo: si la justicia avanza con prisa, el coste político será inevitable.

Justicia lenta, juicio público rápido

En paralelo al proceso judicial, ya se está ejecutando otro juicio: el mediático. La cobertura informativa tiende a generalizar responsabilidades y la derecha aprovecha la inercia para desgastar al Ejecutivo, pese a que buena parte de los hechos se remontan a una legislatura anterior.

La petición de la UCO de investigar el patrimonio no implica una acusación directa, pero marca una línea clara: se está dejando atrás la fase declarativa y entrando en la fase contable. Y en este tipo de delitos, lo que no aparece en un correo aparece en una transferencia. La información no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se compra.

La resolución judicial sobre las nuevas diligencias no marcará el final del caso, pero sí su siguiente acto. Uno en el que los nombres ya están fijados, y lo que se busca es trazar las conexiones. Si los números cuadran, la causa se cerrará con imputaciones. Si no, con sombras.

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