El Tribunal Supremo ha puesto este martes fin a uno de los últimos grandes obstáculos judiciales para la aplicación de la amnistía a los principales dirigentes del procés. Lo ha hecho por obligación constitucional, pero sin ocultar su profundo desacuerdo con la decisión que le ha forzado a rectificar. La Sala de lo Penal ha declarado extinguida la responsabilidad criminal de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull por el delito de malversación, levantando las penas de inhabilitación que les impedían ocupar cargos públicos y concurrir a las elecciones.
La resolución llega dos semanas después de que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, estimara el recurso de amparo de Dolors Bassa y cuestionara la interpretación realizada por el Supremo para excluir la malversación de la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía.
Pero lo verdaderamente revelador no es únicamente que cuatro antiguos miembros del Gobierno catalán recuperen plenamente sus derechos políticos. Es que el Supremo ha acompañado el cumplimiento de la sentencia constitucional de un reproche extraordinariamente duro contra el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución.
Los magistrados califican de «innecesaria grandilocuencia» determinados argumentos de la sentencia constitucional y consideran que revelan una interpretación «invasiva» de su ámbito jurisdiccional.
La confrontación pone de manifiesto que, aunque el conflicto jurídico sobre estos cuatro condenados ha quedado resuelto, la disputa institucional acerca de la amnistía está lejos de haberse cerrado.
El Supremo acata la amnistía, pero carga contra Conde-Pumpido
El auto ha sido suscrito por Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral, los tres magistrados del tribunal que juzgó el procés en 2019 que continúan en activo.
Los firmantes asumen la interpretación establecida por el Constitucional el pasado 6 de octubre, pero rechazan la severidad de sus razonamientos y la forma en que se ha desautorizado su criterio.
La sentencia redactada por Conde-Pumpido había considerado que la interpretación del Supremo presentaba una contradicción con la finalidad de la ley y se apartaba de la lógica jurídica necesaria para aplicarla.
El Constitucional no se limitó a discrepar sobre el resultado. Cuestionó el razonamiento que había permitido mantener la inhabilitación de los dirigentes independentistas pese a que la legislación de amnistía contemplaba expresamente determinados delitos de malversación.
El Supremo responde que algunas de esas consideraciones eran innecesarias para fundamentar la decisión y que excedían el alcance de la función revisora constitucional.
El tono evidencia una fricción institucional poco habitual por su intensidad, aunque jurídicamente conviene distinguir dos cuestiones: el Supremo puede expresar discrepancias doctrinales con el Constitucional, pero no puede desatender las resoluciones vinculantes dictadas por este en el ejercicio de sus competencias.
Y eso es precisamente lo que ha sucedido. Pese a las críticas, los magistrados han aplicado finalmente la amnistía.
Junqueras, Turull, Romeva y Bassa recuperan su derecho a presentarse a las elecciones
La consecuencia inmediata de la resolución es política y jurídica. Los cuatro antiguos miembros del Govern dejan de estar sometidos a las penas de inhabilitación impuestas por el Supremo, cuya vigencia se extendía hasta 2030 en los casos de Romeva y Turull y hasta 2031 en los de Junqueras y Bassa.
El tribunal también ha acordado comunicar su decisión al Ministerio de Justicia para proceder a la cancelación de los antecedentes penales correspondientes.
La amnistía no debe confundirse con un indulto. Mientras que el indulto perdona total o parcialmente una pena sin eliminar necesariamente la responsabilidad penal declarada, la amnistía extingue la responsabilidad jurídica por las conductas comprendidas en su ámbito.
Para Junqueras, actual dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya, supone recuperar la posibilidad de concurrir a unas elecciones sin el impedimento derivado de aquella condena. Lo mismo ocurre con Turull, Romeva y Bassa, con independencia de las decisiones políticas que adopten sus respectivos partidos.
La relevancia se multiplica ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. La desaparición de las inhabilitaciones modifica el escenario político catalán, aunque no implica automáticamente que ninguno de los cuatro vaya a encabezar una candidatura.
La normalización de su situación penal devuelve a los partidos independentistas una capacidad de decisión sobre sus dirigentes que había quedado condicionada durante años por las consecuencias de la sentencia del procés.
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