La palabra «todos» tiene una extraordinaria potencia política cuando se habla de inmigración. La pronunció este martes la Comisión Europea al referirse a las personas que permanecen irregularmente en Ceuta tras la crisis de finales de julio. Bruselas espera que «todos» aquellos que carezcan de derecho a permanecer en territorio español sean retornados a Marruecos y, preguntada expresamente por los menores extranjeros no acompañados, confirmó que la legislación europea también contempla su regreso.
La afirmación proporciona al Gobierno español un importante respaldo europeo para abordar una situación extraordinaria, pero no significa que un menor pueda ser devuelto automáticamente por el mero hecho de haber cruzado la frontera. Entre una cosa y la otra existe todo el espacio que ocupa el Derecho.
La Directiva europea de Retorno de 2008 permite adoptar decisiones de retorno respecto de menores no acompañados, pero establece garantías específicas. Antes de tomar una decisión debe intervenir un organismo adecuado distinto de la autoridad encargada de ejecutar la expulsión y ha de atenderse al interés superior del niño. Antes de materializarla, las autoridades deben comprobar que el menor será entregado en el país de retorno a un familiar, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecuados.
Esa precisión resulta esencial porque buena parte de la discusión política española sobre Ceuta se está desarrollando en términos mucho menos precisos.
Europa avala los retornos, pero no avala las devoluciones indiscriminadas. No son conceptos equivalentes, por mucho que determinadas lecturas políticas tengan interés en confundirlos.
La Comisión ha insistido en la necesidad de cooperación entre España y Marruecos para que los retornos puedan realizarse de manera efectiva y ha ofrecido apoyo para facilitar el proceso. Bruselas también valora la ampliación de la capacidad de acogida anunciada por el Gobierno español ante una situación humanitaria que ha sometido a Ceuta a una presión excepcional.
La respuesta europea encaja, por tanto, con una política migratoria bastante menos elemental que la alternativa binaria entre abrir las fronteras o expulsar a quien llega. Un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras, determinar quién reúne los requisitos para permanecer en su territorio y ejecutar retornos cuando corresponda. Ese mismo Estado está obligado a distinguir entre un adulto y un niño, examinar las circunstancias individuales y proteger a quienes el ordenamiento considera especialmente vulnerables. Ambas cosas forman parte de la legalidad.
El interés superior del menor no desaparece en la frontera
La condición de menor constituye precisamente uno de los límites jurídicos frente a la tentación de administrar una crisis migratoria como si todas las personas fueran intercambiables.
La propia Comisión Europea ha establecido que la evaluación previa al retorno debe realizarse individualmente, atendiendo a la situación familiar, las necesidades particulares del menor y las condiciones que encontrará en el país de destino. La reunificación con la familia debe ser la opción preferente cuando responda a su interés superior, y una simple entrega a la policía fronteriza del país de retorno no constituye por sí sola una acogida adecuada.
Por eso las organizaciones especializadas han reaccionado con cautela al pronunciamiento de Bruselas. CEAR, Accem y ACNUR han recordado este martes que el interés superior del menor debe presidir cualquier decisión y que cada situación requiere una evaluación individual.
Ese matiz jurídico resulta especialmente pertinente después de que el PP haya celebrado la posición europea como la confirmación de que el retorno constituye «el único camino legal». Cuca Gamarra ha insistido además en calificar lo ocurrido en Ceuta como una «invasión» y ha sostenido que los ciudadanos marroquíes no tienen derecho de asilo por razón de su nacionalidad.
Conviene separar la política del Derecho. El derecho de asilo no desaparece colectivamente por poseer un determinado pasaporte. La legislación europea obliga a examinar las solicitudes de protección internacional conforme a las circunstancias de cada persona. Otra cuestión distinta es que finalmente no concurran los requisitos exigidos y proceda el retorno.
La diferencia puede resultar menos eficaz para un eslogan, pero es bastante importante para un Estado de derecho. También importa el lenguaje. España necesita una política migratoria capaz de controlar sus fronteras y Europa necesita mecanismos de retorno que funcionen. Ninguna de esas afirmaciones obliga a describir como una invasión a quienes llegan ni a convertir a menores en elementos de una batalla identitaria. El debate público puede exigir eficacia al Gobierno sin renunciar a algo tan elemental como recordar que detrás de una estadística migratoria existen personas sometidas a derechos y obligaciones diferentes.
La discusión adquiere una gravedad especial cuando alcanza a los niños. El nuevo marco europeo de migración y asilo refuerza los mecanismos de control fronterizo, pero conserva la consideración prioritaria del interés superior del menor. La normativa europea establece garantías de representación y asistencia para los menores no acompañados y obliga a que reciban un tratamiento adecuado a su edad y situación.
España puede, por tanto, trabajar con Marruecos para ejecutar retornos y al mismo tiempo exigir garantías suficientes para los menores. Puede reforzar Ceuta, ampliar los dispositivos de acogida y evitar traslados que no correspondan legalmente sin aceptar la lógica según la cual cualquier garantía constituye una muestra de debilidad.
La firmeza democrática consiste precisamente en aplicar la ley completa, también la parte que protege a quien resulta más vulnerable.
Bruselas ha proporcionado al Gobierno una base europea clara para avanzar en los retornos y Marruecos será una pieza indispensable para hacerlos posibles. Ahora comienza la parte menos espectacular y bastante más difícil, identificar situaciones, resolver solicitudes, localizar familias, comprobar condiciones de acogida y distinguir a quienes deben regresar de quienes poseen derecho a protección.
Porque la palabra «todos» cabe perfectamente en una declaración política. En un expediente sobre un menor, en cambio, siempre tiene que haber un nombre, una historia y una decisión individual.
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