Europa ha introducido una precisión esencial en la discusión sobre Ceuta. La Comisión Europea mantiene que quienes permanezcan irregularmente en territorio español deben ser retornados a Marruecos, pero recuerda al mismo tiempo que los menores no acompañados están sometidos a una protección específica y que España tiene el deber de garantizarla. Las dos afirmaciones forman parte de la misma posición y separar una de la otra conduce a una conclusión jurídicamente incompleta.
El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, ha reiterado este jueves que Bruselas espera que los retornos se produzcan de manera efectiva, también cuando se trate de menores, pero con pleno respeto al Derecho europeo e internacional. La normativa comunitaria exige que, antes de ejecutar el retorno de un menor no acompañado, las autoridades comprueben que será entregado a su familia, a un tutor o a unos servicios de acogida adecuados.
La distinción puede parecer técnica, pero constituye el centro político y jurídico de la cuestión. Un menor no deja de ser menor porque haya atravesado irregularmente una frontera. La legislación española reconoce derechos a todos los niños presentes en territorio nacional con independencia de su nacionalidad o situación administrativa y obliga a considerar su interés superior antes de adoptar una decisión que afecte a su futuro.
Ese es el marco en el que el Gobierno prepara el traslado urgente a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta, un colectivo especialmente vulnerable dentro de una situación que ya había despertado preocupación por las condiciones de alojamiento y los riesgos de violencia sexual. El plan pretende que entidades especializadas asuman su guarda sin que Ceuta pierda necesariamente la tutela, y algunas menores han comenzado ya a ser reubicadas en instalaciones más adecuadas.
Europa habla de retornos, pero también de derechos
La posición europea proporciona munición política para lecturas muy distintas. El PP ha preferido quedarse con la palabra devolución. Alberto Núñez Feijóo reclamó este miércoles en Ceuta el retorno de todos los migrantes llegados irregularmente, incluidos los menores, y rechazó expresamente el traslado de las niñas a la Península. Su formulación fue categórica y deliberadamente sencilla, «ni mayores ni menores». El problema de las frases categóricas aparece cuando entran en contacto con el Derecho.
Bruselas no ha establecido que los menores puedan ser devueltos de manera automática ni colectiva. Ha recordado que su retorno está contemplado por las normas europeas siempre que se cumplan previamente las garantías específicas que protegen a la infancia. La ministra Sira Rego ha insistido en esa misma cuestión y sostiene que cualquier retorno exige conocer las circunstancias individuales del menor, escucharle y determinar si existe una familia o un sistema adecuado de protección al que pueda regresar.
Feijóo está intentando construir sobre Ceuta una política de oposición que reduzca una situación extraordinariamente compleja a una secuencia mucho más rentable electoralmente. Entraron irregularmente, luego deben salir. La sencillez posee una indudable eficacia comunicativa, pero un Estado de derecho se distingue precisamente porque entre una frontera atravesada y una persona expulsada existe un procedimiento, y cuando esa persona es menor existen además obligaciones reforzadas.
Hay algo particularmente delicado en convertir a centenares de niños y adolescentes en material para la disputa partidista. La política migratoria admite legítimamente posiciones muy diferentes sobre el control fronterizo, los retornos, la cooperación con los países de origen o la capacidad de acogida. Lo que difícilmente debería admitir es la presentación de la protección jurídica de un menor como una especie de indulgencia concedida por el Gobierno.
No lo es. Es una obligación.
La crisis empieza a cambiar sobre el terreno
La discusión política coincide además con una evolución concreta de la situación en Ceuta. Este jueves ha comenzado la reubicación de alrededor de 1.800 migrantes que permanecían en la playa de El Trampolín y otros espacios improvisados. Los nuevos dispositivos habilitados por el Gobierno ofrecen catres, aseos, alimentación, agua y atención psicosocial, con participación de las fuerzas de seguridad y organizaciones especializadas.
Es decir, el Ejecutivo está pasando de la primera respuesta de emergencia a una fase de ordenación de la acogida. También prepara la petición de asistencia europea mediante fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración y la eventual participación de agencias comunitarias. La Comisión ha confirmado que trabaja con España para completar esa solicitud, según la información trasladada este jueves por su portavoz.
El dato resulta relevante ante un discurso del PP que durante los últimos días ha presentado al Gobierno como esencialmente ausente. Puede discutirse si la reacción fue suficientemente rápida, si faltaron recursos durante las primeras jornadas o si la coordinación administrativa funcionó como debía. Lo que ya resulta bastante más difícil es sostener que no existe una respuesta. Hay nuevos dispositivos de acogida, traslados en marcha, refuerzos institucionales y un plan específico para las menores más vulnerables.
Feijóo, sin embargo, ha elegido elevar la presión. Su visita de este miércoles a Ceuta terminó convertida en una ofensiva política contra el Ejecutivo, con la reclamación de un mando único, la exigencia de retornos generalizados y el anuncio de nuevas iniciativas contra el Gobierno. El PSOE le acusa de utilizar la emergencia para hacer campaña y de alimentar el miedo en lugar de contribuir a una respuesta institucional coordinada.
Hay una diferencia considerable entre fiscalizar al Gobierno y convertir cada crisis en una demostración anticipada de incapacidad gubernamental. El primer cometido pertenece a cualquier oposición democrática. El segundo corre el riesgo de transformar problemas que necesitan cooperación entre administraciones en escenarios permanentes de confrontación.
Ceuta necesita control fronterizo, cooperación con Marruecos, capacidad de acogida, procedimientos de retorno eficaces y una política europea capaz de asumir que la frontera española es también frontera exterior de la Unión. Necesita igualmente que los menores sean tratados como menores antes que como cifras de una estadística migratoria.
Bruselas ha dicho este jueves las dos cosas. Quiere retornos efectivos y exige protección para la infancia. No hay contradicción jurídica entre ambas posiciones porque Europa no está defendiendo que nadie permanezca automáticamente en España, sino que cada decisión respete las garantías previstas por la ley.
Feijóo podría haber encontrado ahí un terreno para ejercer una oposición exigente y responsable. Ha preferido otro camino, más sencillo y políticamente más reconocible, en el que las palabras «todos fuera» sustituyen a las complejidades del procedimiento y el problema migratorio vuelve a convertirse en una prueba de dureza.
La frontera puede exigir firmeza. El Estado de derecho exige algo más difícil, que esa firmeza sepa dónde están sus límites.
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