El abordaje militar israelí a la Global Sumud Flotilla ha desatado una oleada de manifestaciones en todo el país. La respuesta ciudadana ha sido masiva y sostenida. Frente al silencio o ambigüedad de parte de la oposición conservadora, las movilizaciones se afianzan como termómetro ético de una sociedad que rechaza el castigo colectivo a la población civil gazatí.
Una movilización amplia, transversal y sin fisuras
Desde A Coruña hasta Sevilla, pasando por Madrid, Valencia o Bilbao, la reacción social ha sido unánime. La detención de la flotilla ha actuado como catalizador de un descontento que venía acumulándose desde hace meses, ante la continuidad de los ataques a población civil en Gaza y el creciente aislamiento del Gobierno de Netanyahu.
En ciudades como Barcelona y Granada, las cifras de asistencia superaron las 10.000 personas. En otras, como Valladolid o Logroño, las concentraciones mantuvieron una gran capacidad de convocatoria. Las consignas fueron claras y sin matices: “No es una guerra, es un genocidio”, “Boicot a Israel”, “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”.
La diversidad de los participantes —colectivos vecinales, asociaciones de derechos humanos, plataformas culturales, organizaciones juveniles— pone de relieve el carácter ampliamente transversal de esta protesta. No responde a agendas partidistas, sino a una lógica de conciencia cívica ante la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
El embargo de armas y la fractura política de la derecha
El Gobierno central ha mantenido una posición firme y sostenida en el plano diplomático. El decreto para suspender la venta de armamento a Israel, ahora en fase de convalidación en el Congreso, responde a una exigencia de coherencia jurídica y política que también se escucha con fuerza en la calle.
Sin embargo, la previsión de que PP, Vox y otros grupos de la derecha parlamentaria voten en contra o se abstengan ha intensificado el foco sobre su falta de alineación con el consenso internacional en materia de derechos humanos. Las formaciones conservadoras han optado por el silencio, la abstención táctica o la deslegitimación del movimiento propalestino, mientras la sociedad exige posiciones claras.
No se trata de gestos simbólicos, sino de medidas concretas frente a un régimen que lleva años actuando con total desproporción militar sobre zonas densamente pobladas. Negarse a apoyar el embargo de armas no es neutralidad: es respaldo implícito.
Gaza, la flotilla y el relato de la deshumanización
La detención de decenas de activistas pacíficos en aguas internacionales —varios de ellos españoles— no ha sido un episodio aislado. Es parte de un patrón que convierte en objetivo militar cualquier intento de asistencia humanitaria. La criminalización de la solidaridad no es nueva, pero la respuesta social sí lo es: más coordinada, más informada y más difícil de desactivar con relatos simplificadores.
Los mensajes de apoyo a los integrantes de la flotilla, las muestras de respeto hacia quienes intentaban romper un cerco inhumano por vías legales, y la denuncia directa a la represión israelí, comparten un eje común: poner la vida por delante de las alianzas estratégicas o los equilibrios diplomáticos.
No hay equidistancia posible ante la destrucción de viviendas, infraestructuras civiles, hospitales y escuelas. Tampoco ante el uso sistemático de armamento de alta precisión sobre enclaves sin evacuación posible. El derecho internacional humanitario no es un asunto de opinión, y buena parte de la ciudadanía ha hecho suya esa convicción.