Que más del 80% del profesorado perciba las aulas como espacios conflictivos no es una exageración corporativa ni un termómetro emocional pasado de vueltas. Es un dato robusto, extraído de una encuesta amplia, territorialmente diversa y consistente en sus resultados. El estudio presentado por STEs-Intersindical apunta a un fenómeno que lleva tiempo incubándose: la convivencia escolar se ha vuelto más frágil mientras los márgenes de actuación del profesorado se estrechan.
Los datos son elocuentes. Ocho de cada diez docentes constatan un aumento de las agresiones verbales del alumnado, con episodios físicos puntuales. Tres de cada cuatro perciben también un incremento de las descalificaciones y enfrentamientos procedentes de las familias. El conflicto ya no se limita al aula; atraviesa el centro y alcanza al conjunto de la comunidad educativa, en un contexto donde la autoridad pedagógica aparece erosionada y la respuesta institucional resulta, en demasiados casos, insuficiente.
Más conflicto, menos herramientas
El mapa territorial no introduce matices tranquilizadores. Comunidades como Extremadura, Ceuta o Canarias superan ampliamente la media en percepción de conflictividad, pero el patrón se repite con escasas variaciones en todo el país. No se trata de un problema local ni coyuntural, sino de una tensión sistémica que se expresa con distinta intensidad según recursos, ratios y condiciones laborales.
Uno de los factores más señalados es la sobrecarga burocrática. Casi el 96% del profesorado considera que las tareas administrativas restan tiempo a la enseñanza y al acompañamiento del alumnado. No es una queja nueva, pero sí cada vez más aguda. La escuela acumula funciones —sociales, asistenciales, emocionales— sin que se refuercen de forma equivalente los equipos ni se revisen los tiempos. El resultado es un profesorado con menos capacidad de intervención preventiva y más exposición al conflicto cotidiano.
Las ratios elevadas completan el cuadro. Más del 90% de los encuestados cree que el número de alumnos por aula impide atender adecuadamente la diversidad. La combinación de grupos masificados, alumnado con necesidades muy heterogéneas y recursos limitados multiplica los puntos de fricción. En ese escenario, cualquier incidente escala con rapidez y deja al docente en una posición de vulnerabilidad.
El impacto sobre la salud laboral es uno de los indicadores más preocupantes. El sindicato alerta de un aumento sostenido de las bajas por desgaste emocional, ansiedad o estrés. No es un fenómeno invisible: se traduce en ausencias, sustituciones tardías y una sensación creciente de desprotección. “Cuando pedimos ayuda, demasiadas veces se nos cuestiona”, resumen los docentes. La frase condensa una experiencia compartida: la de sentirse evaluados incluso cuando el problema es claramente estructural.
La percepción de falta de respaldo por parte de las administraciones supera el 85%. A ello se suma un malestar salarial persistente: más del 90% considera que las retribuciones no se han ajustado al coste de la vida y casi el 90% cree que el salario actual no es adecuado. No es solo una cuestión económica, sino de reconocimiento profesional. El dato de que apenas un 56% califique su trabajo como digno refleja hasta qué punto la profesión se siente erosionada.
Este escenario tiene consecuencias a medio plazo. STEs-Intersindical advierte de un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional. No por falta de vocación inicial, sino por abandono progresivo ante condiciones que muchos consideran insostenibles. El sistema educativo puede seguir funcionando por inercia durante un tiempo, pero la fatiga acumulada pasa factura.
El estudio no propone soluciones cerradas, pero sí delimita con claridad el problema. Mejorar la convivencia no pasa solo por protocolos disciplinarios más duros ni por trasladar la responsabilidad al aula. Exige inversión sostenida, reducción de ratios, refuerzo de equipos de orientación y una revisión profunda de las cargas administrativas. También exige un relato público que deje de presentar al profesorado como parte del problema y lo reconozca como pieza central de la cohesión social.