La regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno ha encontrado un apoyo inesperado y, a la vez, incómodo: el del presidente de la Conferencia Episcopal Española. Luis Argüello celebra el decreto, pero no puede evitar subrayar que llega “por oportunidad política”. El matiz no es inocente. En una medida largamente reclamada, el arzobispo entra a escena cuando ya no hay riesgo y deja constancia de que también quiere figurar en el acta.
Argüello habla de dignidad humana, de bien común, de reconocimiento. El léxico es irreprochable. Es el mismo que las organizaciones sociales, los colectivos de apoyo y buena parte de las parroquias de base llevan usando años, mientras la jerarquía episcopal prefería un perfil bajo, casi invisible, en el momento en que la irregularidad administrativa condenaba a cientos de miles de personas a la precariedad estructural.
El problema no está en lo que dice ahora, sino en cómo lo dice y cuándo lo dice. Porque el arzobispo no se limita a celebrar la regularización: introduce la idea de que el Gobierno actúa movido por una coyuntura favorable. Lo que podría leerse como una crítica institucional suena, en realidad, a una forma elegante de relativizar la decisión y recolocarse en el centro del relato.
La regularización deja de ser una conquista social para convertirse en un movimiento táctico. Y el Estado, que durante años bloqueó la iniciativa, pasa a ser el actor oportunista. La Iglesia, en cambio, aparece como la conciencia que siempre estuvo ahí, aunque durante meses apenas se la oyera.
La ILP como coartada
Argüello reivindica la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por más de 900 organizaciones, muchas de ellas vinculadas al ámbito eclesial. Es cierto. Pero también lo es que la ILP fue bloqueada parlamentariamente durante meses sin que la Conferencia Episcopal activara una presión política equivalente a la que despliega en otros debates, desde la educación concertada hasta la fiscalidad.
El arzobispo se apropia ahora del proceso como si hubiera sido lineal, cuando fue áspero, lento y deliberadamente dilatado. La sociedad civil empujó, el Gobierno dudó, el Parlamento dejó dormir el texto y la jerarquía eclesial observó, prudente, desde una distancia cómoda. Hasta que el decreto fue aprobado.
Entonces sí: el vídeo, la valoración, la bendición pública. Y la advertencia final, casi obligatoria, sobre los “retos de integración cultural” y la necesidad de regular los flujos migratorios. Una forma de recordar que la acogida siempre está condicionada, que el permiso tiene límites, que la dignidad se reconoce, pero no se desborda.
El problema de fondo es ese: el matiz como forma de poder. Argüello no se opone a la regularización, pero tampoco la asume como una deuda del Estado. No interpela al pasado, no señala las responsabilidades, no nombra los años de irregularidad como una injusticia estructural. Prefiere hablar de oportunidad.
Y así, sin levantar la voz, desplaza la conversación. La convierte en un asunto de tiempos, no de derechos. De coyuntura, no de justicia. Y deja intacta la idea de que el Estado actúa cuando le conviene, mientras la Iglesia acompaña, aconseja y observa desde un lugar moral que nunca termina de mancharse.
Al final, la regularización aparece como un favor concedido y no como la corrección de una anomalía democrática. Y el silencio de antes queda sepultado bajo una declaración bien medida, grabada en plano medio, sin conflicto, sin fricción, sin memoria.