La integración ya no será solo un contrato de trabajo y una inscripción en el servicio público de empleo. También podrá ser un verbo conjugado en catalán o una frase aprendida en euskera. El borrador del Real Decreto que articula la regularización extraordinaria de hasta medio millón de personas migrantes incluye el conocimiento de las lenguas cooficiales como elemento acreditable de arraigo en la primera renovación del permiso. No es una revolución administrativa, pero sí un giro político: la lengua entra en el expediente de extranjería.
El arraigo como concepto elástico
El texto, aún pendiente del dictamen del Consejo de Estado y de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros, establece que quienes no acrediten contrato laboral al renovar su permiso podrán prorrogarlo si demuestran búsqueda activa de empleo o presentan un informe favorable de integración emitido por la comunidad autónoma. Ese informe podrá certificar, entre otros elementos, el aprendizaje de la lengua oficial del territorio.
Hasta ahora, el arraigo se medía en términos laborales y de empadronamiento. La dimensión lingüística estaba implícita en programas autonómicos, pero no figuraba de forma expresa como criterio normativo. El cambio responde a una negociación política visible: Esquerra Republicana ha reivindicado la inclusión del catalán como vía válida de integración, y el Gobierno vasco ha presentado una enmienda similar respecto al euskera.
Lengua, pertenencia y competencia
La Generalitat ha defendido que el aprendizaje del catalán no es un trámite sino un mecanismo de cohesión. Euskadi, por su parte, subraya que la lengua es herramienta de integración en su estrategia “Jauzia gara”. El debate no es filológico, es competencial: quién define y acredita el arraigo.
Política migratoria y geometría territorial
La regularización extraordinaria, concebida para responder a una realidad estructural —trabajadores sin papeles en sectores esenciales—, se convierte así en un campo de ensayo del modelo territorial. El Estado fija el marco; las autonomías aportan matices.
Desde una perspectiva progresista, el reconocimiento de la diversidad lingüística no es excluyente si se acompaña de oferta pública suficiente y accesible. El riesgo sería convertir la lengua en barrera burocrática. El borrador prevé un año para iniciarse en el aprendizaje y deja a cada autonomía determinar cómo se acredita. La clave estará en la aplicación, no en el enunciado.
Integración más allá del contrato
La norma contempla excepciones por enfermedad grave, discapacidad o jubilación, y mantiene la búsqueda activa de empleo como vía principal. La inclusión de la lengua amplía el concepto de integración a la esfera social y comunitaria.
En un país donde la política migratoria suele oscilar entre la urgencia económica y el ruido identitario, la medida introduce un elemento menos estridente: aprender la lengua del lugar donde se vive como señal de pertenencia. No es una condición nueva en Europa; varios Estados vinculan la residencia a cursos de idioma.
Lo singular aquí es el reconocimiento explícito de las lenguas cooficiales en un proceso estatal. En el equilibrio entre cohesión y diversidad, el Gobierno ha optado por sumar la variable lingüística al expediente administrativo. El arraigo, al fin y al cabo, también se pronuncia.