La reapertura de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia no ha despejado dudas; las ha multiplicado. La denuncia de los demócratas sobre el borrado de material que vincula a Donald Trump introduce un elemento inquietante en un proceso que debía ser, por mandato legal, exhaustivo y transparente. Lo ocurrido no es un fallo técnico ni un exceso de celo: es una disputa política sobre el control del relato.
El Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una parte sustancial de los documentos relacionados con Epstein tras años de presión institucional. La operación, presentada como cumplimiento de una ley aprobada por amplia mayoría, llegó acompañada de censuras masivas y ausencias selectivas. Entre ellas, una especialmente llamativa: la desaparición temporal de imágenes en las que aparecía el actual presidente, Donald Trump, junto al financiero condenado Jeffrey Epstein.
La copolémica no se limita a una fotografía. Según han denunciado los demócratas del Comité de Supervisión, al menos 16 imágenes habrían sido retiradas del repositorio oficial durante horas, coincidiendo con la constatación pública de que Trump no figuraba en el material divulgado. El episodio del archivo 468, eliminado y posteriormente repuesto, resume el problema: la gestión del acceso a la información se volvió reactiva, no preventiva.
Censura, discrecionalidad y excusas
El argumento oficial para justificar las tachaduras es conocido: proteger la identidad de las víctimas. Es una obligación real y necesaria. Pero cuando más de 550 páginas aparecen completamente en negro, la explicación deja de ser suficiente. La proporcionalidad importa. Y aquí el equilibrio parece roto.
La versión del Departamento de Justicia —que atribuye la retirada a “precaución” y niega cualquier intervención presidencial— no despeja la duda central: ¿por qué esas imágenes y no otras?, ¿por qué ese celo selectivo cuando el nombre de Trump ya había aparecido en documentos previos, como los manifiestos de vuelo del avión privado de Epstein?
La rectificación posterior, con la reposición íntegra de la imagen, no cierra el debate. Lo agrava. Porque evidencia que la decisión inicial no respondió a una revisión exhaustiva, sino a una alarma política.
Los archivos de Epstein llevan años filtrándose de forma fragmentaria. Nombres de expresidentes, celebridades, empresarios y miembros de la realeza han circulado sin que ello implicara acusaciones formales. La diferencia ahora es el contexto institucional: Trump gobierna y el aparato del Estado administra la información.
Las palabras del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, apuntando a un posible encubrimiento, no son una hipérbole aislada. Expresan una inquietud compartida: la sospecha de que el poder ejecutivo esté delimitando el perímetro de lo publicable cuando la documentación roza al presidente.
El Departamento de Justicia, United States Department of Justice, insiste en que los documentos seguirán siendo revisados “con mucha precaución”. Esa formulación, sin calendario ni criterios claros, refuerza la sensación de arbitrariedad. La transparencia diferida no es transparencia; es administración del daño.
Formalmente, la Administración Trump cumple la ley: publica. Materialmente, la legitimidad del proceso queda erosionada por la opacidad selectiva. Cuando la divulgación llega filtrada, incompleta y corregida sobre la marcha, el cumplimiento legal se vacía de contenido democrático.
La reacción no se ha limitado a la oposición. Sectores republicanos también han expresado malestar por la magnitud de las censuras, conscientes de que el caso amenaza con convertirse en un lastre electoral de cara a las legislativas de 2026. La gestión de los archivos no ha contenido el escándalo; lo ha prolongado.
El caso Epstein siempre fue más que un expediente penal. Es un test de resistencia institucional: hasta qué punto el sistema es capaz de exponer relaciones incómodas sin proteger a los poderosos. La eliminación temporal de material sensible, aunque se rectifique después, daña esa prueba.
No se trata de imputar delitos por asociación ni de convertir fotografías en sentencias. Se trata de algo más básico: garantizar que la información pública no se edita en función del cargo de quien aparece en ella. Cuando eso ocurre —o parece ocurrir—, la confianza se resiente.
Estados Unidos no enfrenta solo un debate sobre archivos antiguos. Enfrenta una pregunta actual: quién controla la memoria oficial cuando el pasado compromete al presente.